Aldo Mascareño, investigador senior del CEP: “Obtener los recursos para la agenda social va a entrar en una cierta tensión con los derechos de la naturaleza”
El investigador destaca que existe un impulso constitucional de fondo en relación a la naturaleza, “que hay que mantener”.
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En el séptimo episodio de la séptima temporada de Conversaciones DF de Diario Financiero, el investigador senior del CEP, Aldo Mascareño, definió el concepto de buen vivir que se introdujo en la propuesta de nueva Constitución y su implicancia económica.
“El concepto de buen vivir, entre otros nuevos que comenzaron a ser muy utilizados durante el debate constitucional, como disidencia, pueblos originarios, democracia directa, plurinacionalidad, nos aparecieron en los programas de los convencionales. Lo que da cuenta de que esos conceptos ya existían en el debate o en la construcción política previa a la Convención Constitucional. Y el de buen vivir tiene un antecedente valórico en nuestra cultura que es el concepto de bien común”.
“El bien común es la comunidad en términos sociales, en términos generales. Un bien que favorece a todos en términos generales, sin distinción de individuos en su interior; en cambio, el buen vivir trasciende el aspecto social y entiende ese aspecto social y al ser humano en contacto general con el cosmos y la naturaleza”.
“El artículo 8 es principalmente donde aparece esta idea de buen vivir, introduce el concepto y la idea de que el Estado lo promueve y reconoce. Lo promueve como una relación de equilibrio armónico entre personas, naturaleza y la organización de la sociedad en general”.
“El proyecto constitucional enfoca la promoción (por parte del Estado) en el aspecto de los derechos de la naturaleza y, por tanto, eso tiene consecuencias para la relación con aspectos económicos fundamentalmente, territoriales, con las autonomías…”
“Obtener los recursos para la agenda social va a entrar en una cierta tensión con los derechos de la naturaleza y con las autonomías indígenas. Creo que ahí es problemático. Esas cosas podrían converger, si en la práctica uno intenta hacer el vínculo entre una idea de buen vivir más pluralista con un concepto de desarrollo sustentable. En la sociedad moderna en Chile estamos todos totalmente convencidos de que hay que tener un cuidado con la naturaleza que durante el siglo XX no tuvimos”.
“(Sobre la diferencia entre el concepto de cuidar la naturaleza por interés propio y derechos de la naturaleza) el primero no es solo un interés personal, es un interés más común, global, terrenal y también de responsabilidad con las generaciones futuras. La segunda concepción es más filosófica, porque la naturaleza tiene derechos, que uno lo puede asumir o no asumir. Sí veo dificultades cuando tratamos de entender el concepto de buen vivir como un concepto filosófico que todos los pueblos, aun cuando no sean indígenas, deberían compartir. Esa pretensión me parece exagerada”.
“Según la Constitución somos nosotros, las personas, las que podemos poner recursos en nombre de la naturaleza. Y el límite se va a ir observando en la práctica jurídica, según cómo los tribunales van a ir decidiendo los casos en los cuales comunidades o personas individuales interponen demandas en nombre de la naturaleza. Yo diría que ahí están los límites jurídicos, se van a ir definiendo en la práctica”.
“Me parece que hay un impulso constitucional de fondo, en relación a la naturaleza que hay que mantener. En relación al cambio climático todas las investigaciones científicas nos tiran la evidencia en la cara de que eso está aconteciendo y en muchos sentidos por efecto de la Constitución y de la forma como se articula nuestra sociedad relacionada con los combustibles fósiles y todo eso que conocemos”.
“El decolonialismo es una concepción occidental que adopta y extrae los conceptos indígenas y los establece como una especie de renovación de la teoría crítica que propone una crítica radical a todas las concepciones modernas”.