Este jueves, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo por US$ 150 millones a favor de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) para financiar las obras de construcción del molo de abrigo, así como las obras habilitantes y las medidas de compensación ambiental asociadas al proyecto Puerto Exterior.
La operación marcó el puntapié inicial de la estrategia de financiamiento de la mayor inversión en infraestructura portuaria desarrollada en la historia del país, la cual contempla un desembolso total de US$ 4 mil millones y que permitirá que Puerto San Antonio tenga la capacidad de transferir hasta 6 millones de TEU -unidad equivalente a un contenedor de veinte pies- anuales e infraestructura para recibir buques portacontenedores de última generación.
Para la portuaria estatal, el financiamiento fue un hito ya que representa su estreno en una operación crediticia de tal envergadura. La estrategia fue liderada por el gerente de planificación y desarrollo de EPSA, Rodrigo Urzúa, quien desde su arribo a la compañía hace un año ha impulsado un plan de implementación de ese megaproyecto y su proceso de estructuración de financiamiento.
En entrevista con Señal DF, Urzúa detalló que, para la operación recién cerrada, también negociaron con el Banco Internacional de Desarrollo (BID), con el Banco Mundial y con la CAF, pero tras el proceso de evaluación, decidieron avanzar con esta última entidad. “En términos de costo directo, tasa de interés y comisiones, la oferta del BID, del Banco Mundial y de la CAF eran bastante similares. La diferencia fue en la flexibilidad en términos del uso de los fondos, y ahí la propuesta de la CAF se ajustaba más a nuestras necesidades”, detalló.
En detalle, el crédito -que contó con el aval de Hacienda-, tiene una duración de 16 años, con un período de gracia de 36 meses, una tasa de interés variable para los primeros 10 años que será de 1,05% sobre la tasa y, posteriormente, de 1,95% sobre esta.
En esa línea, los US$ 150 millones le permiten a EPSA financiar los primeros dos años de desarrollo de la etapa inicial del proyecto –centrada en la construcción de infraestructura pública–, la cual finalizará una vez listo el molo que optimizará la recalada de los barcos. “Desde que se ponga la primera piedra, el proceso se extenderá por 10 años y esta primera etapa requerirá una inversión de US$ 1.500 millones”, indicó.
En ese sentido, la estrategia de financiamiento de EPSA para su mayor iniciativa recién comienza.
Claves de una eventual emisión de bonos
Urzúa adelantó que ya están enfocados en la ejecución del segundo financiamiento. “Estamos trabajando en una operación para el año 2027, que debiera ser de aproximadamente US$ 500 millones, directamente sobre los flujos de EPSA, es decir, sin garantías del Estado”, apuntó.
En ese sentido, en EPSA analizan si la alternativa será un crédito multilateral o un bono corporativo. En este último caso, indicó, "el bono probablemente se colocaría en el mercado estadounidense, producto de que los ingresos de la portuaria son en dólares".
“La elección dependerá del costo. Cuando no tienes historial de crédito y vas a operar sin garantía del Estado, la tasa de interés —que determina fundamentalmente el costo— depende del riesgo de la empresa y eso hay que evaluarlo previamente”, agregó.
Para determinar esa información clave, el domingo pasado EPSA llamó a licitación para una asesoría financiera, cuyo objetivo es realizar una clasificación de riesgo interna de la empresa. A pesar que esta no tiene validez para potenciales acreedores, aportará información que guiará la toma de decisiones interna de la firma. “Durante 2025, debiéramos poder desarrollar los análisis y la evaluación para definir cuál sería el óptimo en términos de operación, a fin de negociar y estructurar en 2026”, explicó.
Según la estrategia de EPSA, ese financiamiento debiera ser capaz de solventar los avances del proyecto hasta los años 2030 o 2031. El resto vendrá “de otras colocaciones que se van realizando contraflujos más en el futuro y que se van suscribiendo en el momento en que sea necesario”.
Respecto a la estrategia para la fase final del proyecto, que ascenderá a unos US$ 2.500 millones, los recursos serán aportados por el sector privado mediante concesiones portuarias de hasta 30 años. En detalle, serán cuatro los terminales de operación portuaria donde se movilizarán los contenedores, cada recinto con una inversión en torno a US$ 600 millones.
“No hay aportes de EEUU”
La inauguración de la primera etapa del megapuerto de Chancay en Perú en noviembre pasado -financiado por capitales chinos y el liderazgo de la empresa de ese país Cosco Shipping Company en el desarrollo y operación- despertó rumores en cuanto a una ofensiva de Estados Unidos para contener la influencia del gigante asiático en la región aumentado su presencia en infraestructura en América Latina. En ese escenario, la ampliación del Puerto de San Antonio fue vista como un potencial objetivo de la política estadounidense y surgieron versiones respecto de una iniciativa promovida desde el Departamento de Estado para apoyar ese proyecto.
Una eventualidad que hasta el momento no se ha concretado.
“No hay un proceso de colaboración del Gobierno de EEUU para financiar el Puerto Exterior. Este proyecto se va a realizar con los flujos de la Empresa Portuaria San Antonio”, apuntó el gerente de planificación y desarrollo, descartando además que hayan tenido lugar tenido reuniones con representantes estadounidenses con ese objetivo.
En ese sentido, enfatiza que “no hay aportes de EEUU” y que la única opción sería la participación a través de la posible colocación de bonos que prepara EPSA.
34 empresas interesadas
En paralelo a la estrategia de financiamiento, EPSA lleva adelante la etapa de precalificación de empresas interesadas en la construcción del Puerto Exterior, la cual partió en enero pasado.
Hasta ahora, 34 firmas han adquirido las bases de precalificación. “Muchos ingresan para enterarse del proceso; sin embargo, a nuestro entender debiéramos tener un registro, por lo menos, de entre cinco y diez empresas que van a participar en el proceso de licitación”, indicó el ejecutivo.
En esta línea, agregó que “estamos bastante satisfechos con el proceso y expectantes a que se inicie el proceso de preparación de ofertas por parte de los precalificados”.
Respecto a los interesados en el megaproyecto, Urzúa detalló que existe interés de empresas europeas, canadienses, estadounidenses, mexicanas, sudamericanas, chilenas, coreanas y chinas, entre otras. “No nos faltan de ninguna parte del mundo”, apuntó.
– ¿Influye en la decisión la política del Gobierno chileno?
– No. Esta es una licitación que se resolverá por condicionantes técnicos y económicos.