El delito en Chile, un costo al alza impulsado por el gasto del mundo privado

El asesinato de 17 personas en cuatro días volvió a poner a la crisis de seguridad en el corazón de la agenda. La seguidilla de estos eventos llegó hasta el punto que el Presidente Gabriel Boric canceló su viaje a los Juegos Olímpicos y anunció este jueves la construcción de una nueva Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

Evitar salir de noche, caminar solo, sacar plata de cajeros automáticos, e incluso portar gas pimienta se han vuelto conductas cada vez más habituales en los últimos años. El diagnóstico es claro: el país se siente cada vez menos seguro.

La delincuencia en Chile ha cambiado en los últimos años, explican los expertos. La irrupción del crimen organizado, sin duda la ha vuelto más violenta. En los últimos cinco años las muertes por homicidios aumentaron en un 40%, desde 4,5 en 2018 a 6,3 por cada 100 mil habitantes en 2023 –lo que equivale a 1.248 víctimas –, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile.

El costo económico pasó de 1,4% del PIB en 2013 al 2,0% (2,1% incluyendo los delitos de “cuello y corbata”) en 2022, según las estimaciones del estudio más reciente en la materia, de Clapes UC. "Lo más importante de nuestro estudio es que el costo de la delincuencia creció un 50% y ese incremento lo ha pagado principalmente el sector privado”, reconoció en conversación con Señal DF el autor de la investigación y director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández.

¿Aumentará el gasto en 2024?

Influenciado por la percepción de un aumento de la violencia y la victimización en la sociedad chilena, el costo por anticipación (ver gráfico) fue el que más creció en el estudio de Clapes UC. Dicho costo está vinculado principalmente a la inversión de los privados relacionado a la seguridad, alarmas, monitoreo, transporte de alto valor, venta al por menor de armas y municiones en comercios especializados, representando casi un 1% del PIB.

En 2022, el gasto por este concepto se multiplicó en más de trece veces y en más de cinco veces comparado al año 2013, representando un 44% del total de los costos de la delincuencia.

Por otra parte el costo de consecuencia – efecto directo como atención médica o el valor de los bienes destruidos–, y el de respuesta –gastos que se producen después del delito como policías o gestión carcelaria–, también aumentaron, pero en menor proporción que el de anticipación.

Por el desfase de la entrega de este tipo de cifras todavía no hay estimaciones reales de cuánto ha significado el gasto durante 2023 y 2024, sin embargo, Hernández se atreve a decir que “si la sensación de violencia e inseguridad posiblemente ha aumentado, es razonable suponer que los costos privados también han subido”.

Es más, el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA), Hugo Ibaceta adelantó que “desde ASEVA estimamos que la demanda por servicios de seguridad privada aumentará en el orden del 15% anual en los próximos años”.

Estos costos los han asumido privados como empresas y personas naturales. Por ejemplo, un segmento que no ha dejado de crecer por los portonazos ha sido el blindaje de autos (que va desde $20 millones). En Blindajes Chile, empresa que está desde 2021 en el rubro, cuentan que sus ventas han aumentado en un 100% desde diciembre a la fecha.

Cámaras de seguridad, reducción de manejo de efectivo en tienda, rejas exteriores, rediseño de locales, coordinación con los vecinos y alarmas son las medidas más utilizadas por el comercio según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en su última encuesta de victimización. Un 54% de los establecimientos encuestados tienen gastos fijos mensuales en seguridad, fluctuando entre $3.200.000 por local para las grandes empresas y $340.000 por local para las microempresas. De hecho, un 46% de los consultados aumentó sus medidas de seguridad en el segundo semestre del año pasado.

En la misma línea desde la Sofofa, en una encuesta realizada a 77 empresas socias identificaron que más de la mitad han percibido un aumento en el robo a vehículos corporativos, hurto en establecimientos, asaltos en locales comerciales, delitos informáticos, comercio informal ilícito, balaceras, fraudes o estafas.

Al costo privado, se le suma que el presupuesto en seguridad del Gobierno creció el 2023 y el 2024 en un 4,4% y un 5,8% respectivamente, según reportó la ministra del Interior, Carolina Tohá durante la Enade. “O sea, el gasto en seguridad del Estado, que estuvo muy plano en años anteriores, creció en 2023-24”, añadió el investigador de Clapes UC. Sin ir más lejos, el nuevo recinto carcelario que se emplazará en la Región Metropolitana, tendrá un costo de $ 90.000 millones.

Menos carabineros, más guardias

Un punto que refuerza el crecimiento en el gasto privado, son precisamente los guardias de seguridad. Si en 2014 habían 54.000 carabineros y 43.240 guardias de seguridad, un año más tarde, en 2015 la tendencia ya se había dado vuelta a 55.500 carabineros y 82.576 guardias, según el reporte del Laboratorio de Seguridad.

En octubre del año pasado el senador Felipe Kast en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad en el marco de la ley de Seguridad Privada, actualizó este dato asegurando que existen 60.000 carabineros y 300.000 guardias. En resumen, en menos de diez años la cantidad de guardias de seguridad creció casi siete veces, mientras que los carabineros solo 1,1 veces.

De hecho, los gastos en guardias de seguridad alcanzaron el 45,8% de los costos totales en prevención, de acuerdo al quinto estudio de mermas del retail, de 2023, elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en colaboración con Alto y la Cámara de Comercio de Santiago.

“Si bien no es posible proyectar una cifra de aumento en los gastos, dada la tendencia de crecimiento observada en el gasto privado en seguridad en la última década, es razonable anticipar que esta tendencia continúe, especialmente si la percepción de inseguridad sigue aumentando”, aseguró el gerente legal de Alto, Eduardo Hernández.

A esto se le suma la entrada en vigencia de la ley 21.659 sobre seguridad privada, “sin dudas existirá un incremento en el gasto de la seguridad privada, ya que para determinadas empresas e industrias será obligatorio realizar inversiones en diversas medidas de seguridad, y sus características y requisitos, atenderán al nivel de riesgo que sus operaciones generen”, agregó.

Para el experto existe la posibilidad de que muchas empresas sean categorizadas como de riesgo alto, lo que las obligará además a implementar sistemas de vigilancia privada, los cuales requieren una mayor inversión en los gastos asociados a este ítem.

Las cuentas pendientes

Por la dificultad que significa para las inversiones instalarse en un lugar que considera inseguro, el FMI el año pasado dijo que Latinoamérica podría crecer un 0,5% más su PIB si lograra resolver sus índices de inseguridad.

A pesar de que la delincuencia aparece constantemente dentro de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, los recursos públicos que se destinan a prevención y respuesta al delito se han mantenido más o menos constantes en los últimos diez años, según estimaciones del economista Rodrigo Saens, profesor de la Universidad de Talca y autor del estudio ¿Cuánto cuesta el delito en Chile? que estima un gasto del 3% del PIB por la delincuencia.

“En términos de prevención del delito, un ejemplo es Carabineros de Chile, cuyo presupuesto anual es cercano hoy a los US$ 1.450 millones. En pesos de igual poder adquisitivo, el presupuesto de Carabineros es más o menos el mismo que el de hace 10 años. De hecho, el de 2023 fue un 10% más bajo que el de 2018”, aseguró.

“Lo mismo pasa con el presupuesto de instituciones que dan respuesta al delito, como el Ministerio Público. En términos reales, el presupuesto de la Fiscalía en los últimos 5 años ha caído un 9%. Chile tiene alrededor de 4 fiscales por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad de los 9 de Colombia o de los 10 que registran Suecia o Estados Unidos”, agregó.

“Queda mucho por hacer”, aseguró el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la U. Andes, Nicolás Román. A pesar que es una buena señal la construcción de la cárcel de alta seguridad “hay trabajos pendientes en las fronteras que lamentablemente son muy permeables al tránsito ilegal de drogas, armas, contrabando y personas”. Respecto a delitos en los grandes centros urbanos, “el tema se resuelve con mayor presupuesto para la contratación de dotación y equipamiento”.