Cómo encarar la informalidad: los frutos de lo recorrido en Chile

La pandemia borró 1,7 millones de empleos en el país, incluidos aquellos conocidos como informales, es decir, que son ejercidos sin contar con protección social y al margen del sistema tributario. Y aunque los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalan que este grupo se redujo 37,8% en el trimestre junio-agosto desde su peak de 2,6 millones a principios de año, los expertos temen que el fin de las cuarentenas se traduzca en un salto de las cifras.

“Cada vez que ha habido recesión hay un segmento del mercado formal del trabajo que se sale y migra a la informalidad como emprendimiento por necesidad para generar un ingreso”, señala el economista senior de LyD, Tomás Flores.

“La parte positiva” del autoempleo, acota el economista jefe de Grupo Security, Felipe Jaque, es que amortigua los shocks en la economía aun cuando traiga con ello una disminución de los ingresos -una baja de entre 25% y 30%-, ya que, al menos, “no los lleva a cero”.

El director de Chile Pan, Pedro Jofré, miembro de la Multigremial de Emprendedores, cree que será difícil mantenerse en la formalidad y advierte que “muy probablemente” las empresas de menor tamaño muten parcial o totalmente a la informalidad.

Una visión que comparte, el economista UC, Juan Bravo, quien recuerda que dentro de la informalidad los empleados dependientes del sector privado ya superan los 530 mil, lo que es “una cifra bastante relevante”.

¿Pero hay que rendirse ante la informalidad? La experiencia de Chile sugiere que no.

Si bien la primera evaluación se conocerá en abril de 2021 por parte del Consejo Superior Laboral, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destaca como uno de los avances hacia la contratación formal, el debut del contrato especial para estudiantes trabajadores a fines de 2019, en pleno conflicto social.

Y a esta lista suma el Bono al Trabajo de la Mujer y el subsidio al Empleo Joven. El efecto de este último en la formalización laboral lo estudió el académico de la Facultad de Economía y Administración UC, Tomás Rau. Entre julio y diciembre de 2009, año de crisis, detectó un incremento de cuatro puntos porcentuales en la ocupación, que luego se disipó con la recuperación de la economía, donde los salarios reales subieron y el monto del beneficio dejó de ser relevante.

El empleo formal también estuvo presente en el diseño de los recién anunciados subsidios que buscan inyectar dinamismo al mercado laboral. Para ello, las empresas postulantes deben ser contribuyentes del impuesto de primera categoría, mientras que se amarró la continuidad del beneficio a que el pago de la seguridad social de los trabajadores sea en el plazo legal.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de noviembre pasado, señala también que la Ley de Subcontratación (2016), en combinación con la normativa del multirut y la existencia de Previred, contribuyen a la formalización.

Lo mismo podría hacer el Ingreso Mínimo Garantizado, que está dirigido a trabajadores con contrato, destaca Bravo.

Apoyo y orientación

Fenómeno complejo, la precariedad laboral abarca desde vendedores callejeros, microemprendimientos personales hasta trabajadores dependientes desprovistos de contratos.

La VI la Encuesta de Microemprendimiento (EME) del INE mostró que, de los dos millones de personas ligadas a este mundo, un 53,1% eran informales, concentrados en comercio y servicios (73,8%).

Si a esto se agrega el carácter de ser iniciativas de “subsistencia”, como lo menciona el presidente de la Red de Microfinanzas y gerente general de Fondo Esperanza, Mario Pavón, salta la importancia de “incluir a los informales, sobre todo entendiendo que producto de la crisis, tenderá a crecer”.

Una de las acciones ejecutadas desde el Estado que va en la dirección acertada son los centros de negocios de Sercotec, afirma el estudio de la OIT. El reporte explica que siguen el modelo de Small Business Development Center (SBDC) de la Universidad de Texas y da apoyo a las pequeñas empresas desde la formalización, el desarrollo del plan de negocios hasta la comercialización de los productos.

Un ejemplo del funcionamiento de esta política lo muestra la dueña de Greensoup, Andreina Saade, quien partió vendiendo sopas congeladas en 2018, pero que tras un fallido primer intento de emprendimiento que la dejó sin casa, sin ahorros y con un sabor amargo por los costos que le generó la formalización, lo único que tenía en mente era: “No quiero volver a emprender nunca más”.

“Me comieron los impuestos, fue un desastre todo”, recuerda. Hoy, quien es rostro de la campaña “Potencia Pyme para Chile” de Walmart, relata como el boca a boca, que subió sus ventas mensuales hasta los $ 2 millones, fue lo que la impulsó a formalizar su actividad.

“Cuando empecé a ver que la gente compraba la sopa -lo que quería decir que iba a tener la plata para pagar un contador y para tener una patente- yo dije: voy a formalizarla”, señala.

“En los centros de negocios tienen un apoyo para formalizarte bakán. Ellos te ayudan, te van orientando y me sigo apoyando de ellos”, resalta.

Chilecompras es otra de las buenas prácticas que identifica la OIT.

La investigadora Lysette Henríquez explica en el documento que “la alta participación de las pequeñas empresas que han estado en la base del desarrollo de esta plataforma, lo han hecho un mercado público más democrático y accesible -también para las mujeres empresarias- que el mercado privado, constituyendo un importante estímulo para formalizarse”.

De hecho, las cifras oficiales muestran que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipyme) representan el 58% del total transado en el mercado público a agosto, equivalentes a US$ 4.502 millones. En contraste, según datos del SII, su participación nacional de mercado es 13,6%.

En abril se implementó la compra ágil, que disminuyó las barreras de entrada para las compras por parte del Estado menores a 30 UTM que representan un 80% del total. A la fecha de los $ 26.844 millones transados, el 81% corresponde a Mipyme.

Agilizar los procesos

A más de mil kilómetros de distancia de Santiago, Margarita Collao cuenta por teléfono desde Chonchi qué la llevó a iniciar un segundo emprendimiento a sus 60 años. Ella, madre de dos hijos y abuela de un niño de nueve meses, se asoció con su hija que, producto de la pandemia, se quedó sin trabajo.

Dueña de la fábrica de galletas Dulzura Sureña, negocio que inició en 2013, ya tenía experiencia de la formalización y su recuerdo es que fue un “trabajo arduo” entre papeleo y Resolución Sanitaria.

Muy distinto, dice, a la creación de Zona Chilhué a través de la plataforma de Empresas en un día. Ajos, mermeladas, miel y papas chilotas estuvo vendiendo su hija estos meses de manera informal, hasta que ahora ambas decidieron darle forma a una nueva línea de negocios que tenía en mente: la pasta de ajos y ajos al natural. “Se creó en un día y la iniciación de actividades fue lo mismo. Ahora estamos gestionando la cuenta bancaria”, relata entusiasmada.

De las más de 95 mil constituciones de sociedades realizadas este año, las efectuadas por la plataforma representan el 84,7%.

Esfuerzos locales

 A nivel municipal, Providencia ha sido pionera en programas de apoyo al emprendimiento y empleo. El director de Desarrollo Local, Patricio Ovalle, explica que centran el trabajo con el emprendedor acercándolo a la formalización desde el principio junto con otorgar espacios físicos y virtuales para la comercialización. Ejemplo de ello son el cierre de calles, la utilización de parques y plazas para ferias itinerantes y los permisos para ventas de productos en las veredas.

  “Cuando llegamos, la red de artesanos no estaba formales y les generamos espacios. Están empadronados, formales con inicio de actividades en SII y con un permiso municipal que les permite ejercer la actividad comercial.  Además, tienen que capacitarse con nosotros en distintas materias”, cuenta.

 A la fecha hay 505 permisos transitorios para la venta de productos en algunas veredas de la comuna entre artesanos, lustrabotas, foodtrucks y kioskos, entre otros.

Con los residentes de la comuna que buscan emprender aplican un modelo de acompañamiento desde los HUB en donde los capacitan y les dan asistencia técnica para formar la empresa y comercializar sus productos. En el caso que la persona desista, se le apoya en la búsqueda de un puesto de trabajo con la asesoría de psicólogos laborales y expertos que los preparan para las entrevistas.

El ejemplo de Uruguay

La forma en que Uruguay ha logrado incluir al segmento informal a la seguridad social es ejemplo a nivel regional, destacan desde la OIT. Con una reducción de 15 puntos porcentuales en el indicador de informalidad en los últimos 15 años, mantiene un índice menor a Chile previo a la irrupción de la pandemia, de 25% con 400 mil ocupados no registrados (de un total de 1.628.000).
El economista uruguayo, Hugo Bai, explica que hubo un conjunto de reformas que a partir de 2005 incentivaron la formalización, con beneficios en salud (que extendió la cobertura primero a los hijos y luego al cónyuge) y mutuales. También hubo cambios al seguro de enfermedad y de desempleo, para hacerlos más flexibles y con mayor cobertura.
Todo ello, explica, hizo que las personas dejaran de ver a la seguridad social como un costo laboral, al asociarlo a beneficios inmediatos.
"El hecho de estar registrado le permite al trabajador contar con una legislación que lo ampara al momento de los derechos laborales, de los salarios mínimos y también de todos los beneficios que se negocian en un convenio colectivo", comenta.
Para el caso de los ocupados que ha generado la irrupción de las plataformas, comenta que también se han hecho avances por incorporarlos a la seguridad social: "Se los obligó a aportar bajo modalidades de trabajo autónomo que dan menos protección, pero recientemente salio una sentencia sobre que deben ser considerados dependientes" y destaca que "en la empresa Pedidos Ya se registró desde hace años a los trabajadores como dependientes y hasta hay un sindicato".