Notablemente preocupada está la industria aseguradora, luego de que el martes se aprobara en la Cámara de Diputados un nuevo anticipo de rentas vitalicias.
La inquietud se origina en que este eventual segundo adelanto, tal como está en el proyecto del Congreso, contempla un mecanismo de devolución que impactaría, según cálculos de la propia industria, en US$ 3.500 millones, es decir, en más del 50% del patrimonio del sector.
De acuerdo con altas fuentes del mercado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con la supervisión basada en riesgo, ya está solicitando información a algunas compañías de seguros para entrar más en detalle en el impacto de este proyecto.
De hecho, personeros del regulador también sostendrán reuniones con las aseguradoras por el tema.
Lo importante, esperan en la industria, es que el tema pueda ser discutido en el Consejo de Estabilidad Financiera, instancia que reúne al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, a la Superintendencia de Pensiones y a la misma CMF.
Solvencia de las compañías
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, advirtió sobre el efecto que puede tener este nuevo anticipo en la solvencia de las compañías de seguros y el riesgo que corren el pago de las pensiones con los adelantos de las rentas vitalicias.
"Al imponerse esta obligación unilateral por parte de la Cámara de Diputados, de que las compañías de seguros tengan que desembolsar del orden de US$ 3.500 millones para hacer un adelanto de los pensionados, que además no se va a reponer en el tiempo, es una cosa que verdaderamente es imposible de aplicar y pone en riesgo la estabilidad de las compañías de seguros y el pago de las pensiones de las personas", dijo Claude.
Reacción desde EEUU
También hubo comentarios desde Estados Unidos, ya que el director internacional del Consejo Estadounidense de Aseguradores de Vida (ACLI, su sigla en inglés), Brad Smith, se criticó el avance del proyectoen la Cámara Baja.
En esa línea hizo un llamado a que el Senado rechace este nuevo anticipo "para evitar la pérdida de la seguridad de la jubilación, salvar el mercado de capitales más profundo del país y restaurar la reputación de Chile entre los inversionistas globales, que durante décadas han visto a Chile como un mercado estable con instituciones confiables".
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