Tania Sironvalle no quería ser fiscal. La investigadora que lideró los casos La Polar, Cascadas, colusión de Farmacias, Eurolatina, Muebles, pensiones de uniformados y muchos otros, tenía planeado ser defensora pública. Pero en 2002, cuando la reforma procesal penal comenzó a operar en la Región de Tarapacá, decidió postular al Ministerio Público. "Ahí empezó mi encantamiento con este sistema y la labor de ser fiscal", confiesa.
Diecisiete años después, la abogada de la Universidad de Concepción lidera la Fiscalía de Análisis Ciminal y Foco Investigativo SACFI, una de las oficinas más poderosas del Ministerio Público, que concentra casi todos los casos de delitos económicos y de corrupción pública y privada.
Abogados, políticos, ejecutivos, empresarios y delincuentes han visto congelada su sonrisa después de enfrentar a la fiscal Sironvalle, sus diligencias, escritos y procesamientos. Para muchos no hay duda sobre su determinación para enfrentar a personas con alto poder financiero o redes de corrupción.
Descendiente de abuelos maternos que trabajaron en las salitreras Bellavista y Alianza, la abogada nacida en Iquique tuvo su primer trabajo como fiscal en su ciudad natal. "Empecé en el norte, en mi ciudad y región, investigando primero lo que usualmente en el sistema se entiende que las mujeres mejor hacemos, que son los delitos sexuales. Yo era la única fiscal mujer en Iquique, entonces todos entendieron que iba investigar los delitos sexuales", relata.
En su narración apenas se nota la desazón por los roles. "Lo hice por un año y medio, y luego, dije, 'hay que romper con este esquema', y pedí cambio de especialidad, para la que usualmente ejercen los hombres y me cambiaron a Crimen Organizado y Lavado de Dinero", cuenta.
Corría 2003 y comenzaba a investigar las bandas y organizaciones que se dedicaban al robo de vehículos para ser llevados a Bolivia por pasos no habilitados. "Hicimos las primeras experiencias de colaboración con ese país en este fenómeno, que lamentablemente hasta hoy se mantiene", sostiene.
En esa época Tania Sironvalle ya era feminista. Lo era desde fines de los 90, cuando era dirigente estudiantil en la Universidad de Concepción.
El norte
Pozo Almonte es una pequeña comuna de casi 16 mil habitantes, a 56 kilómetros de Iquique y 1.471 km de Santiago. Se trata de una zona donde parte importante de su población se declara Aymará, la pobreza es mayor que el promedio nacional y se concentran numerosas causas por narcotráfico. Más de la mitad de sus residentes trabaja en la minería o en empresas ligadas al sector, y la otra sobrevive de oficios menores.
En 2004, Tania Sironvalle se hizo cargo de la Fiscalía de Pozo Almonte. Era además el lugar donde vivieron sus abuelos. "De los 17 años que llevo en el Ministerio Público, los tres años que estuve en Pozo Almonte fueron los más lindos en mi carrera profesional. Fue una experiencia enriquecedora, incluso pude estudiar con una profesora universitaria experta en interculturalidad la cosmovisión Aymará para enriquecer la persecución penal", destaca.
En 2007, un llamado desde Santiago le indicó que debía trasladarse a la capital. Su nuevo rol de subdirectora de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional le exigía estar en las oficinas centrales del Ministerio Público para apoyar a los fiscales de todo el país en estas áreas, que entonces comenzaban a asomar como nuevas -y poderosas- armas de persecución.
"Toda la experiencia la vertí en apoyo a investigaciones de fiscales que necesariamente se refieren a investigaciones no flagrantes, muchas veces iniciadas de oficio, donde uno no tiene identificados claramente a los imputados y donde hay que realizar investigaciones previas con distintas herramientas y técnicas particularmente desde el ámbito económico y financiero para perseguir la huella del dinero obtenido por organizaciones criminales". Así resume esos cuatro años, trabajando con analistas contables y financieros.
Eso, hasta 2011 cuando volvió a Iquique, como fiscal jefe.
Cuello y corbata
"Aquí se trataba de $ 1.800 millones que estaban destinados a los alumnos más pobres de nuestra región, los que no pudieron contar con dichos recursos. Los delitos que se cometen de cuello y corbata tienen la misma gravedad que el robo con violencia, y en este caso particular el número de personas afectadas es superior". Así defendía en diciembre de 2011, Tania Sironvalle la prisión preventiva a ex funcionarios del Gobierno Regional de Tarapacá involucrados en el llamado "Caso Muebles".
La causa investigó una serie de irregularidades para subir artificialmente el precio que el Estado debía pagar por mobiliario y computadores para los colegios municipales de Iquique y Arica, en 2008. La ex intendenta de la Región de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, el empresario Gian Piero Cánepa y otros 10 funcionarios públicos y particulares fueron procesados por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y cohecho, entre otros ilícitos.
Según expertos en lavado de dinero, ese caso fue clave para comenzar a perseguir de mejor forma la corrupción pública: procesar a los culpables por su enriquecimiento injustificado.
En 2013, Sironvalle regresó a Santiago como fiscal de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. Algunas de las investigaciones en que le correspondió participar fueron La Polar y Cascadas.
Pero, según cercanos, uno de sus casos más "queridos" es Eurolatina II, una estafa masiva a familias de bajos ingresos, en la que la misma fiscal se involucró casi personalmente. La indignación que le produjo el abuso a las personas se convirtió en determinación para que los afectados no perdieran sus casas. "Este caso me permitió entender que la labor social de los fiscales también se puede dar en el ámbito financiero y económico, con la condena de los dueños de dos financieras ilegales que otorgaban préstamos bajo engaños a personas de muy bajos recursos obteniendo la hipoteca del único bien que tenían que era sus viviendas y con intereses usureros. Seguimos la línea del dinero, obtuvimos la condena de tres imputados y se logró que a 167 familias se les devolvieran las viviendas y levantaran las hipotecas", cuenta.
Este acuerdo a favor de los deudores se logró tras un juicio abreviado en el que se condenó a los hermanos Pedro y Marcos Elgueta a tres años de presidio efectivo por estafas reiteradas y a otros 61 días de cárcel por los delitos reiterados de usura.
El metodo
Un notebook, varios libros y carpetas se acumulan en la oficina de la fiscal Sironvalle. La luz se refleja sobre documentos y expedientes mientras explica su método de trabajo. "La labor investigativa es siempre flexible y creativa", comenta. Y luego añade: "Me planteo objetivos claros al inicio en la organización de la investigación. ¿Qué es lo que queremos conseguir?; eso da claridad para las diligencias a realizar".
-¿De qué manera?
-En los delitos de carácter patrimonial cuando lo que se ha afectado es el patrimonio de una persona, muchas veces cuando no hay violencia, pensemos en una estafa o apropiación indebida, donde la persona lo que quiere recuperar es su patrimonio. Es ahí donde las salidas alternativas o una suspensión de procedimiento le pueden entregar una respuesta adecuada a la víctima. Pero, en aquellos casos donde además de afectar el patrimonio se afecta la integridad física y psíquica de las personas, evidentemente lo que vamos a buscar es una condena.
Asaltos a casas habitadas, portonazos con armas de fuego, encerronas en la vía pública, robos de bandas armadas en malls entre otras situaciones forman parte de su área de estudio. "Investigamos fenómenos criminales, que a través de ciertos patrones permiten analizar estos casos no resueltos, que se agrupan, se declara foco investigativo, por ejemplo, falsos policías que intimidan a la gente para cometer delitos, bandas de portonazos u otros delitos. Los éxitos se traducen en cumplimiento de condenas efectivas a los imputados que cometen delitos violentos", precisa.
Los costos
Poco habla de su vida personal. Su jornada de trabajo la enfrenta como cualquier persona a la que le gusta lo que hace. Con sus rutinas fijas, y jornadas largas y solitarias. Va al cine, ve series como Vikingos y Peaky Blinders, busca el contacto con la naturaleza, comparte con su familia. Lee novelas históricas de Ken Follett, Jan Guillou y Valerio Massimo Manfredi. "Tengo dos perritas que son las que me relajan", revela.
No tiene miedo. Dice que "son los costos" de que las bandas criminales vean en la figura del fiscal al responsable de que se encuentren en la cárcel. "Es cierto que hay momentos difíciles, de riesgo personal", admite.
Con la misma naturalidad critica que algunas nuevas leyes estén impidiendo que la Fiscalía pueda intervenir oportunamente en investigaciones como la colusión o los delitos electorales y tributarios.
"Con la nueva normativa existente los fiscales no podríamos iniciar una investigación de oficio. Necesariamente tenemos que esperar la denuncia del organismo competente y una vez que ellos hayan realizado una investigación administrativa previa, ellos deciden qué denunciar y cuándo hacerlo".
-¿Y eso cómo afecta una investigación?
-Si es que ellos no lo realizan nosotros no podemos realizar investigaciones de oficio. Entonces, en el ámbito económico y financiero y de corrupción pública se han ido cerrando los caminos para que el Ministerio Público inicie investigaciones tempranas que permitan hacernos de los medios de prueba en forma oportuna y que puedan asegurar de esa manera un término adecuado en este tipo de casos.
-¿Sigue siendo muy difícil perseguir el delito de cuello blanco?
-Nosotros estamos en deuda respecto al panorama internacional, particularmente frente a países OCDE, donde efectivamente la pena es disuasiva, pero además porque las penas de mayor cantidad permiten que se puedan aplicar técnicas especiales de investigación que en estos momentos son muy difíciles de aplicar.
-¿Cómo cuáles?
-A diferencia de otros países, nosotros en delitos de corrupción pública no tenemos la figura de la cooperación eficaz, es decir, que un imputado quiera colaborar con la justicia y a partir de eso rebajar considerablemente su pena. Si tuviéramos esa herramienta evidentemente creo que podríamos ir avanzando en el esclarecimiento de ese tipo de delitos; lo mismo la corrupción entre privados, que pueda existir también esa figura.
-¿Pasa lo mismo con informantes y agentes encubiertos?
- Si no logramos infliltrarlos difícilmente vamos a poder desarticularlos. Sin esas herramientas la investigación se vuelve pantanosa, mucho más dificultosa. Son investigaciones de largo aliento, donde se requiere mucha información y la participación de peritos financieros, contables, informáticos. En este tipo de delitos la evidencia digital es muy importante. No sólo estamos en deuda en relación a la baja penalidad de estos delitos, si no que a la baja posibilidad que tenemos de utilizar otras técnicas especiales de investigación para desarticular estos grupos.
-¿Eso fue lo que pasó en la investigación de La Polar?
-Si no hubiésemos tenido la posibilidad de responder como fiscalía en forma inmediata logrando órdenes judiciales para incautar los medios de prueba, léase correos electrónicos e información financiera en el momento, nunca hubiésemos podido llegar a la condena que logramos respecto a la gerencia de esa sociedad anónima. No siempre podemos llegar oportunamente a los delitos económicos.
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