Banco de Chile entregó el viernes por la tarde el informe 20-F a la Comisión de Bolsa y Valores -SEC, en su sigla en inglés- de Estados Unidos en donde especificó los riesgos que pueden haber en el desarrollo de negocios para este año. El proceso constitucional fue uno de los temas abordados por la firma en este documento.
Ahondó que la actual Convención Constitucional podría introducir cambios importantes en el actual sistema político y en el modelo económico que ha imperado en Chile durante los últimos 40 años.
Una de las transformaciones que podría haber es la autonomía constitucional del Banco Central. Reportó que “se espera que la nueva Constitución, que aún se está redactando y que será sometida a un referéndum de salida, aborde el papel del Banco Central a nivel constitucional, según los borradores y debates mantenidos por la Convención Constitucional a la fecha de este informe anual”.
La compañía consideró que en su estado actual, “no esperamos que se introduzcan cambios materiales en su autonomía y/o características en la nueva Constitución, aunque podrían añadirse nuevos objetivos a su actual objeto legal”.
El banco advirtió que “los acontecimientos sociales y políticos que se están produciendo en Chile, incluida la redacción de una nueva constitución y diversas reformas sociales y económicas que se espera que patrocine la nueva administración gubernamental de Chile, que asumió el poder en marzo de 2022, podrían afectar tanto a la confianza de los consumidores como al sentimiento empresarial, lo que a su vez podría dar lugar a una menor demanda de préstamos y servicios bancarios”.
En esa línea, expuso que “la incertidumbre económica vinculada a estos acontecimientos podría dar lugar a un aumento de los tipos de interés, una mayor inflación y una económica, lo que podría afectar a nuestro costo de los fondos, los márgenes, los resultados de las operaciones, los volúmenes de negocio y la situación financiera”.
De cara al plebiscito de salida que será el 4 de septiembre, la segunda mayor entidad financiera del país hizo ver a la SEC que “los efectos a largo plazo de la puesta en marcha de una nueva Constitución que abordará, entre otras cuestiones, una reforma de nuestro actual sistema político, económico e institucional, si se aprueba en referéndum, son todavía difíciles de predecir”.
Aseguró que “por lo tanto, no podemos descartar que el crecimiento económico y la inversión en Chile puedan verse afectados y que, como consecuencia, nuestros resultados de operaciones o situación financiera también se vean afectados”.
La incertidumbre sobre la reforma previsional
La compañía ligada al grupo Luksic y Citi también abordó los eventuales cambios que podría haber en el sistema de pensiones que pretende llevar a cabo el Presidente Gabriel Boric.
Según el banco, son al menos cinco transformaciones que podrían haber. Una es sustituir las actuales gestoras privadas de fondos de pensiones, la segunda es pasar de la capitalización individual a un sistema de pensiones colectivo, una tercera opción sería la de reforzar el actual pilar solidario manteniendo la capitalización individual y que algunas iniciativas que combinen ciertos aspectos.
Con todo, aseguró que “dada la incertidumbre sobre las reformas que propondrá la nueva administración y las diferencias con respecto a las propuestas anteriores, no podemos predecir qué reforma se promulgará, si es que se promulga alguna, ni el contenido final de dicha reforma de las pensiones, incluyendo si los fondos de pensiones continuarán operando bajo el esquema regulatorio actual”.
Remarcó que “la incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones chileno se mantiene, ya que las sucesivas administraciones gubernamentales no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el Congreso chileno sobre el aumento de las cuantías de las pensiones que deben recibir los pensionistas chilenos”.
Se recordó que las gestoras de fondos de pensiones suelen invertir una parte de los fondos que gestionan en determinados instrumentos de deuda, como por ejemplo, bonos y depósitos a plazo, incluidos los emitidos por los bancos chilenos.
Con este telón de fondo, advirtió que “si la cantidad de fondos disponibles en el sistema de fondos de pensiones sigue disminuyendo debido a nuevos retiros, la demanda tanto de los valores de renta fija a largo plazo que emitimos como deuda para financiar nuestras operaciones como de nuestras acciones ordinarias disminuirá, y no podremos captar fondos de las gestoras de fondos de pensiones como en el pasado”.
En consecuencia, “se producirían nuevas restricciones a nuestro acceso a la financiación a largo plazo, lo que nos obligaría a buscar fuentes de financiación alternativas en Chile y en el extranjero, que podrían tener tipos de interés más caros e incluir costes de transacción más elevados y, como consecuencia, podrían tener un efecto adverso en nuestro margen de intereses, resultados de las operaciones y situación financiera a largo plazo”.
Detalles del plan de inversión
La firma entregó mayores detalles a la SEC de cómo va a invertir los casi US$ 100 millones que tiene presupuestado para 2022. Apuntaron que los gastos en inversiones de tecnología de la información (TI) representan el 78,2%, mientras que los proyectos de infraestructura representan el 21,8% restante.
Explicó que el presupuesto “está en consonancia con nuestras prioridades estratégicas a medio plazo de mejorar nuestra eficiencia y mejorar nuestras capacidades de servicio al cliente con un firme enfoque en la digitalización. Estos gastos de capital se financiarán principalmente con el efectivo disponible y la financiación de la deuda a largo plazo”.
Dentro de los gastos presupuestados en TI, el 59,1% corresponde a proyectos informáticos nuevos y en curso del banco, que pretenden dotar a la compañía de soluciones de negocio para los clientes, estabilidad tecnológica, herramientas de ciberseguridad, mejoras en la productividad, en la red de comunicaciones y en la nube, así como el refuerzo de la infraestructura y sistemas de ciberseguridad.
Del 40,9% restante presupuestado para gastos de TI, el 18% se destina a la renovación de su infraestructura tecnológica, que incluye una mayor optimización de la red de cajeros automáticos a nivel nacional, el 14,7% se relaciona con el desarrollo de aplicaciones con el fin de proporcionar alternativas digitales para satisfacer las necesidades de sus clientes, otro 5,6% se destina a apoyar los requisitos de cumplimiento normativo y el 2,6% restante consiste en inversiones en equipos tecnológicos y mejoras de sistemas que se llevarán a cabo por algunas filiales.
En lo que es el presupuesto de gastos de infraestructura para 2022 incluye desembolsos asociados a inversiones de mantenimiento general que son 34%, la renovación de la red de sucursales que se llevará un 30%, la renovación y restauración de sus edificios corporativos con un 20,9%, la implementación de dispositivos de seguridad para las sucursales con un 12,0% y otras iniciativas relacionadas con las filiales y los gastos de seguridad con un 3,1%.
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