La declaración policial del ex presidente de Transpetro Sérgio Machado (quien milita en el PMDB, partido oficialista) involucra por primera vez al presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien asumió el poder luego de que el Senado abriera un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
El ex ejecutivo dijo que concertó con el entonces vicepresidente del país la donación de 1,5 millón de reales para la campaña de Gabriel Chalita, cercano al mandatario, en la campaña para la prefectura de Sao Paulo en 2012. “El contexto de la conversación dejaba claro que Temer estaba pidiendo recursos ilícitos de las empresas que tenían contratos con Transpetro en la forma de donación oficial para la campaña de Chalita”, dice la declaración.
Se trata de la primera vez que el nombre del presidente interino es involucrado directamente en un ilícito. Su círculo más cercano ya era investigado en la operación Lava-Jato, sobre corrupción al interior de Petrobras.
De acuerdo con Machado, la conversación ocurrió en septiembre de 2012 y la donación provino de la contratista Queiroz Galvao -una de las involucradas en el caso de corrupción al interior de Petrobras- al directorio nacional del PMDB.
El ex presidente de Transpetro también afirmó que participó de la captación de recursos ilícitos para asegurar la elección del hoy senador Aécio Neves -ex candidato presidencial en 2014- como presidente de la cámara baja en 2001. El mecanismo era entregar dinero a cerca de 50 diputados para su reelección.
“Parte de esos recursos ilícitos provenían del exterior y fueron entregados en varias cuotas a los propios candidatos o a sus interlocutores” y “la mayor parte de los cerca de los 7 millones de reales recaudados fue destinada al entonces diputado Aécio Neves que recibió 1 millón de reales en efectivo”.
La declaración de Machado también involucró al presidente del senado, Renan Calheiros, y a los senadores Romero Jucá, Jader Barbalho y Edison Lobão, todos oficialistas.
Techo a los gastos
En otro ámbito, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, aseguró ayer la Propuesta de Enmienda Constitucional para limitar los aumentos al gasto público se fijó en un plazo de 20 años, señalando que la decisión fue tomada luego de “semanas de estudios intensos”.
“La mejor alternativa es fijar un plazo suficientemente largo en que la medida haga efecto claramente”, dijo la autoridad, quien agregó que “existe una invitación a una discusión permanente de ese plazo”. El proyecto ya fue presentado al Congreso y el gobierno espera que comience a regir a partir de 2017.
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