El Gobierno británico estudia la
posibilidad de restringir el acceso a Internet a los usuarios que
descarguen contenidos de la Red de forma ilegal, la misma medida que
Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada
por inconstitucional.
El ministerio de Empresa, Innovación y Cualificaciones, dirigido
por Peter Mandelson, reveló hoy en un comunicado que está analizando
cómo introducir algunas medidas técnicas encaminadas a luchar contra
la piratería.
Entre ellas también se encuentra la de requerir a las compañías
proveedoras de Internet que faciliten los datos de aquellos usuarios
que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los
propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una
decisión judicial de por medio.
Los planes gubernamentales pasan por que los proveedores de
Internet actúen contra los infractores, ya sea "bloqueando el acceso
a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o
suspendiendo temporalmente su línea de Internet".