Por T. Braithwaite y K. Scannell
La corte de Nueva York estaba repleta en diciembre de 2011 para el comienzo de lo que sería el mayor caso contra Wall Street en este siglo. Pero la multitud no era de espectadores o reporteros. Apretados hombro con hombro, afirmados en las paredes de la sala e incluso ocupando los asientos reservados para el jurado, había 110 abogados que representaban a 16 de los bancos más conocidos del mundo.
Entre ellos, sobrepasado casi ridículamente, estaba un pequeño equipo liderado por Philippe Selendy, socio de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, el estudio legal demandante. Selendy y algunos otros estaban demandando decenas de miles de millones de dólares de los bancos en compensación por su mala conducta en la crisis financiera.
No sólo la oposición era feroz, sino que la demanda parecía poco realista. Desde que los mercados cayeron y el desempleo aumentó en 2008, los estadounidenses han querido ver algún tipo de ajuste de cuentas de la industria financiera. Pero hasta ahora estaban decepcionados. El intento de Selendy de lograr ese ajuste de cuentas en la corte –a través de acusaciones de que los bancos habían empaquetado a sabiendas cientos de miles de millones de dólares de hipotecas riesgosas en títulos y los habían vendido a entidades respaldadas por el gobierno– enfrentaba extremadamente bajas posibilidades.
Quinn Emanuel no es parte de la elite de “zapatos blancos” de los estudios jurídicos de EEUU. “Sé que nos respetan”, dice John Quinn, socio fundador de la firma. “Le pagan a nuestros clientes miles de millones de dólares, no se irían a juicio contra nosotros”.
Selendy es metódico, con un historial de triunfos. “Es como un asesino al que le permitirías cuidar a tus hijos”, dice Jonathan Harris, abogado del emisor de bonos MBIA, que contrató a Quinn Emanuel en 2008 en una exitosa batalla de cinco años contra Bank of America.
Le tomó cuatro años, pero Selendy usó su experiencia para hacer lo que las autoridades estadounidenses no pudieron: extraer dinero real de instituciones cuyas malas conductas están en el corazón de la crisis financiera. Hasta ahora suma US$ 20 mil millones de más de una docena de instituciones. “Casi nos acabó”, reconoce Selendy. “Fue increíblemente difícil sólo soportar la presión, tener un desempeño de muy alto nivel y validar lo que estábamos haciendo”.
El caso nació en 2010, cuando Selendy viajó a Washington DC para presentar un plan a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA, su sigla en inglés). Quería demandar a más de una docena de bancos –desde JPMorgan Chase y Deutsche Bank a Barclays- por los más de US$ 200 mil millones de títulos asegurados por hipotecas riesgosas que amortizaron en la víspera de la crisis.
Era poco probable que la presentación fuera un éxito. La FHFA es una agencia gubernamental creada en 2008 cuya misión, en parte, era hacerse cargo después del colapso del mercado inmobiliario. Supervisa a Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones respaldadas por el gobierno, que colapsaron bajo millonarias pérdidas.
La FHFA decidió que la sugerencia de Selendy de demandar estaba dentro de su mandato. Envió citaciones a las empresas en julio de 2010, requiriendo información de sus negocios hipotecarios. Pese a que legalmente estaban obligados a responder a las cartas, la mayoría de los bancos usó las mismas tácticas de sus deudores en mora: las ignoraron y esperaron que se olvidaran. En agosto de 2011, la FHFA demandó.
Los abogados de los bancos estaban confiados de que los casos fracasarían o llegarían a acuerdo por una fracción de los vagos “miles de millones” que se pedían. “Fueron muy beligerantes al principio”, recuerda Selendy. “Nos dijeron que esperaban ganar de una forma u otra”.
En la corte de Manhattan, los equipos legales se enfrentaron. Uno a uno, los fallos comenzaron a ser favorables a Selendy y al gobierno. Los fracasos repetidos causaron pánico entre los flancos de abogados de los bancos. En una apuesta desesperada, intentaron y fracasaron en cambiar a la jueza Denise Cote.
Citigroup ni siquiera esperó el resultado. En mayo de 2013, bajo el mando de Mike Corbat, un nuevo director ejecutivo que quería sacar del camino los problemas pasados del banco tan pronto como fuera posible, los abogados de Citi aceptaron un acuerdo, pagando US$ 250 millones. Entonces, las fichas de dominó comenzaron a caer. UBS, de Suiza, llegó a acuerdo y luego lo hizo JPMorgan, cuyo CEO, Jamie Dimon, es el banquero más famoso del mundo.
Esta vez, tras cinco años de críticas por su fracaso en responsabilizar a los bancos, el Departamento de Justicia quiso tomar parte de la acción. En noviembre, anunció que había extraído un pago de US$ 13 mil millones de JPMorgan. El comunicado de prensa aseguró que este fue el “mayor acuerdo con una sola entidad en la historia estadounidense”. Mucho más abajo había un reconocimiento a la FHFA, el verdadero instigador del acuerdo.
Después del circo del acuerdo de JPMorgan, otros pagaron mucho más rápido. Este año, Deutsche Bank pagó US$ 1.900 millones. BofA pagó
US$ 9.300 millones. En agosto, Goldman se convirtió en la 14ª empresa en llegar a acuerdo, pagando
US$ 1.200 millones y dejando sólo a Nomura, HSBC y RBS batallando en las audiencias. Si no ceden, el primer juicio empezará este mes.
Las recuperaciones ya son las más altas que han salido de la crisis financiera. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, su sigla en inglés) ha recuperado sólo US$ 3 mil millones en multas, ganancias impropias e intereses. Pese a que los bancos que llegaron a acuerdo evitaron un veredicto de la corte, está claro que perdieron en sus propios términos, y mal.
Desde su oficina en la Avenida Madison, Selendy ve su rol como el de un luchador contra la máquina. Detesta la forma en que la administración Obama rescató a los bancos, pese a que es vista ampliamente como un éxito (y pese a que el gobierno es su cliente).
Espera ser contratado por otras agencias gubernamentales en escándalos futuros. Está seguro de que las finanzas proveerán mucho trabajo, pese a los esfuerzos de limpieza en los últimos años.
“Los problemas que provocaron estos casos son, al final del día, el resultado de problemas estructurales dentro de los bancos”, reflexiona. “Sin importar lo que hagan para su cumplimiento, sin importar lo que hagan los reguladores y la creciente carga de legislación reciente, tenemos una situación donde la compensación se basa en el desempeño, y el desempeño se mide por señales al mercado o retornos anuales. Eso crea incentivos para los traders y estructuradores y vendedores para estirar los límites. Y tengo las expectativas de que, tal como siempre lo han hecho, seguirán haciéndolo”.
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