El Fondo Monetaria Internacional (FMI) destaca que los desequilibrios de la economía chilena se han resuelto en gran medida, aunque todavía quedan riesgos.
En su informe del Artículo IV, el organismo señala que el Producto Interno Bruto (PIB) del país cerraría el 2024 con una expansión del 2,2%. Sin embargo, tras los datos mejor de lo esperados de actividad de diciembre conocidos este lunes, la suma de los registros entregan un crecimiento de 2,5% para el año en su conjunto.
No obstante, el organismo mantuvo su proyección para la expansión de la economía este año, la que variaría entre 2% y 2,5%, de la mano de un mayor ritmo de crecimiento de la demanda interna. “Sin embargo, la recuperación ha sido desigual en las distintas industrias: el sector de la construcción se ha quedado rezagado y la tasa de desempleo sigue siendo alta”, dicen.
Para la inflación, prevén que volverá a la meta oficial del 3% a principios de 2026, una vez que se atenúe el impacto del importante aumento de las tarifas eléctricas entre junio de 2024 y principios de 2025.
Además, el FMI prevé que el déficit fiscal general alcanzaría el 2,7% en 2024 debido a un desempeño notablemente inferior en materia de ingresos y a pesar de una importante restricción del gasto en comparación con el presupuesto. Sin embargo, tras los datos publicados la semana pasada por Hacienda y la Dipres, se dio cuenta de que el saldo negativo de las arcas públicas ascendió a 2,9% del PIB.
“El Presupuesto de 2025 prevé una notable reducción del déficit dentro de un plan fiscal de mediano plazo hacia una posición fiscal ampliamente equilibrada para 2027”, señala el Fondo.
A pesar de esto, advierte que los riesgos externos y la incertidumbre siguen siendo elevados.
“La volatilidad de los precios de las materias primas vinculada a las perspectivas económicas de los principales socios comerciales de Chile y al ritmo de la transición verde global es un riesgo externo clave”, explicaron.
A lo que se suma que la incertidumbre en torno a las políticas monetarias y fiscales en las economías avanzadas podría generar condiciones financieras restrictivas durante períodos más prolongados y una mayor volatilidad financiera.
En tanto, en el ámbito interno el reporte enfatiza que persisten las preocupaciones sobre la delincuencia, la migración y la desigualdad, y la polarización política está obstaculizando el avance de las reformas estructurales.
El FMI señala en el reporte que “aumentar el potencial de crecimiento de Chile es una necesidad para elevar los niveles de vida y enfrentar las presiones sociales y fiscales”.
Así, destaca las iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la reforma a los permisos de inversión, fomentar el desarrollo de industrias relacionadas a energías renovables y facilitar la investigación y desarrollo.
Frente a esto, indica que su implementación rápida y consistente “es crucial”, especialmente para racionalizar la carga regulatoria y mejorar la infraestructura esencial. También, sugiere que la integración de las mujeres al mercado laboral podría compensar parcialmente las tendencias demográficas desfavorables.
Además, el FMI estima que si bien el objetivo para lograr una situación fiscal equilibrada en términos generales para 2027 sigue siendo adecuada, advierte que ha sido más difícil.
Así, indica que para lograrlo en los próximos tres años, es necesario cubrir una brecha de al menos el 1% del PIB.
“Esto podría lograrse en gran medida con la importante Ley de Cumplimiento Tributario si su implementación produce los ingresos adicionales planificados y no se utiliza para nuevas iniciativas de gasto”, dice.
El Fondo señala que es crucial seguir de cerca la evolución del cumplimiento tributario y mantener la flexibilidad para ajustar el gasto actual en caso de que la movilización de ingresos no alcance los planes. Al mismo tiempo que se procura preservar los desembolsos de inversión pública en apoyo del crecimiento a mediano plazo.
“Asegurar que cualquier aumento del gasto estructural se alinee con mayores ingresos estructurales es vital para la sostenibilidad fiscal, mientras que unificar los programas sociales fragmentados podría mejorar el acceso y la eficacia para los más vulnerables”, señala el reporte.