Los grupos Luksic, Angelini, Yarur y Matte señalaron que las medidas solicitadas por Conadecus son infundadas, innecesarias, riesgosas y contraproducentes.
Pasadas las 9:00 horas de este jueves, en el piso 19 de Huérfanos 670 arribaron una veintena de abogados expertos en libre competencia que entre saludos, conversaciones y risas relajadas, esperaban que se diera inicio una de las instancias más relevantes del año ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC): la audiencia en que se discutiría sobre la concentración de los grandes conglomerados empresariales del país, proceso que alude directamente a los grupos Luksic, Matte, Angelini, Yarur y Falabella, entre otros.
Todo comenzó el 8 de septiembre de 2023, con una solicitud de la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus) para abrir un Expediente de Recomendación Normativa (ERN), figura que tiene como objeto evaluar la opción de sugerir una determinada regulación al Gobierno. En este caso, la propuesta sería una Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada.
Más tarde, el 27 de septiembre de ese mismo año el TDLC decidió dar inicio al procedimiento con el objeto ponderar una norma que limite el poder de los “grupos empresariales significativos” que tengan estructuras de propiedad piramidales o bien, al mismo tiempo, participación en entidades financieras importantes y empresas relevantes de otras actividades.

De izquierda a derecha: Nicole Nehme, Gabriel Bitrán, Ricardo Riesco y Jorge Grunberg.
Finalmente ayer, tras un año y siete meses se llevó a cabo la esperada audiencia abierta donde los representantes legales de los grandes grupos económicos del país, además de algunos gremios, defendieron su postura ante el Tribunal especializado, en una jornada que se extendió por más de siete horas.
En representación del grupo Angelini se pronunció Julio Pellegrini, socio de Pellegrini & Rencoret; Falabella recurrió a Nicole Nehme, socia de FerradaNehme; Alfredo Alcaíno (Alcaíno Abogados) estuvo por el grupo Matte; e Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías, por la familia Yarur. Por su parte, la defensa del grupo Luksic se dividió en dos, donde la intervención de Banco de Chile fue encabezada por Santiago Bravo, socio de Claro & Cía, y por Quiñenco -y sus filiales del sector industrial- argumentó el exfiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
14 intervenciones
Dentro de la sala y tras una extensa introducción de la causa, fue el abogado Mario Bravo -en representación de Conadecus- quien inició la tanda de 14 intervenciones que tuvo la audiencia.
En su exposición de 45 minutos criticó que el Tribunal “haya desechado ese impulso inicial y su obligación de llevar adelante este ERN con la consistencia y profundidad que el tema amerita” y acusó que “ha incurrido en un notable abandono de sus deberes”.
Luego, fue el turno del líder de la FNE, Jorge Grunberg, que en 30 minutos planteó que “la institucionalidad chilena de libre competencia es eficaz para investigar y sancionar conductas anticompetitivas cometidas por cualquier agente económico” y que “la regulación sectorial -societaria y financiera- es apta para incidir en la neutralización de algunos de los riesgos anticompetitivos derivados de conglomerados empresariales”.

De izquierda a derecha: Julio Pellegrini, Francisco Agüero y Hernán Calderón.
No obstante, el fiscal agregó que “con todo, se requiere mayor transparencia en la información sobre composición de grupos empresariales, para mejor fiscalización”, por lo que recomendó la separación societaria de las actividades financieras de cualquier otra actividad que se ejerza al interior de un grupo.
El resto de las intervenciones en la audiencia pública duraron 20 minutos cada una y se dieron en el orden en el que las partes presentaron sus aportes de antecedentes a la causa.
“Innecesario”, “improcedente”, “redundante” e “injustificado”, fueron las palabras que más se repitieron ante los cuatro ministros del Tribunal y su presidente, Nicolás Rojas.
Institucionalidad robusta
Otras entidades que aportaron antecedentes fueron Libertad y Desarrollo (LyD); el gremio fabril Sofofa y la CPC; además de la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile (Asech); Inversiones La Construcción (ILC) y Consorcio Financiero.
Todas ellas, además de los representantes de los grupos Luksic, Matte, Angelini, Yarur y Falabella, -excepto la Asech- solicitaron al TDLC rechazar la solicitud de Conadecus y coincidieron en que la hipótesis de la organización que protege a los consumidores es errónea al plantear que los grupos empresariales atentan per se contra la competencia.
Dicho esto, argumentaron que la institucionalidad chilena es robusta y que las medidas solicitadas por Conadecus son riesgosas y contraproducentes.
Por su parte, la Asech -representada por el abogado Cristián Reyes, socio de Aninat Abogados- sostuvo que si bien los grandes grupos económicos no constituyen de por sí un problema de competencia, su preocupación recae en un ámbito concreto: el mercado bancario, financiero y de capitales.
Esto, razonaron, debido a que los emprendedores enfrentan barreras de acceso al crédito y condiciones desiguales de competencia.