Los conflictos sociales en Bolivia vuelven a atormentar al
gobierno de Evo Morales. Entre el martes
y ayer, grupos de choque autonomistas desataron tomas masivas de instituciones
del Estado central en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, desbordaron a las
fuerzas de seguridad encargadas de su custodia y las saquearon con saña. El saldo
ya es de cuatro víctimas fatales.
Y ayer, elevando aún más la tensión política, las
organizaciones campesinas que apoyan a Evo Morales comenzaron el bloqueo de
rutas y anunciaron un "cerco" a Santa Cruz como represalia.
En medio de ese clima, el mandatario pidió la expulsión del
embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, tras declararlo "persona no
grata", bajo la acusación de alentar el separatismo y la división en
Bolivia.
"Sin miedo al imperio, hoy declaro al señor Goldberg
persona no grata, pido a nuestro canciller de la República enviar hoy al
embajador (un mensaje) haciendo conocer la decisión del gobierno nacional, de
su presidente, para que urgentemente retorne a su país", dijo Morales en
un acto público en el palacio presidencial de La Paz.
"El que busca la división de Bolivia es el embajador de
Estados Unidos", agregó el gobernante, acusando al diplomático de promover
los disturbios en cinco de los nueve departamentos del país, donde rechazan el
proyecto de nueva Constitución que Morales pretende hacer aprobar en un
referendo en enero, recordando además su paso por la ex Yugoslavia.
La Cancillería boliviana protestó a fines de agosto por la
reunión pública sostenida por Goldberg con el prefecto de la región de Santa
Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición, y le exigió evitar este
tipo de encuentros en momentos en que la situación en Bolivia es por demás
delicada.
Impuestos nacionales, la Aduana, la telefónica Entel
(recientemente estatizada) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria cayeron
ante la ofensiva de militantes de la Unión Juvenil Cruceñista,
armados con palos, escudos, piedras y petardos.
Como en una evacuación, sólo se salvó lo que los empleados
pudieron rescatar en su huida. Las oficinas de la ONG proindígena Cejis -de
donde proviene el nuevo ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero- también
fueron incendiadas y se ocuparon aeropuertos, entre ellos el de Tarija.