El Grupo de Lima se reunió este lunes en Bogotá, y al finalizar la jornada condenaron "con fuerza la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y los grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar la distribución de la ayuda humanitaria e impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos".
En consecuencia y en pleno la instancia compuesta por 14 países, entre ellos Chile, decidió que colaborarán para que los responsables de estos actos "comparezcan ante la justicia". A la vez agradeció al mundo la asistencia humanitaria puesta a disposición del país suramericano.
En un comunicado, reiteraron el llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a responder a la "brevedad" sobre las "graves" situaciones que se viven en el país, antes de la presentación de un informe exhaustivo sobre Venezuela.
El Grupo de Lima, creado en agosto de 2017, decidió impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -de un experto independiente o de una Comisión de Investigación- sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la "profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos los humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país".
Decidieron solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, "la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad", en el curso de los procedimientos que adelanta la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica, Francia y bienvenida por Alemania.
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