El separatismo catalán vuelve a remecer a España y la deja al borde de nuevas elecciones

Más de un año después de que el proceso independentista de Cataluña concluyera con los principales líderes secesionistas encarcelados o saliendo de España, la división política en el país por el tema volvió a manifestarse ayer cuando el Parlamento rechazó tramitar el Presupuesto General del Estado (PGE) planteado por el gobierno Pedro Sánchez. Se trata del mayor golpe que sufre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde que asumió el Ejecutivo el año pasado, tras censurar a Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP).

Los diputados votaron ayer a favor de devolver el proyecto a La Moncloa, por 191 votos versus 159 que pidieron tramitarlo, además de una abstención. En el resultado fueron clave los escaños de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), que exigían al PSOE abrir una negociación sobre la autodeterminación de la región e intervenir a favor de los 12 líderes separatistas que atraviesan juicio.

La situación deja a los socialistas con pocas opciones de gobernar, en un Parlamento en que controla menos de un cuarto de los escaños. El presidente del gobierno se reunirá este viernes con su Consejo de Ministros y podría convocar a nuevas elecciones generales, que se celebrarían en abril o mayo.

Juego político

“La derecha de este país intenta frenar el progreso social”, acusó tras la votación la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien fue clave para la redacción del PGE y reconoció que la derrota hace más probable las nuevas elecciones.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, manifestó que el veto al proyecto “marca el final del trayecto de Pedro Sánchez”. Su par de Ciudadanos, Albert Rivera, añadió que “queremos elecciones ya, cuanto antes” y calificó la derrota del PSOE como “histórica”.

La oposición, que organizó masivas marchas contra el acercamiento de Sánchez con los independentistas el fin de semana, ha presionado al Ejecutivo para que adelante los comicios generales.

Fuentes consultadas por el diario local El Mundo aseguran que en el PSOE evalúan el 28 de abril como fecha tentativa para las elecciones, las terceras en poco más de tres años. En la oposición, no obstante, apuntan a celebrar un “superdomingo” el 26 de mayo, cuando están agendadas las elecciones para el Parlamento Europeo en toda la región.

Por su parte, el independentismo -que considera que el juicio contra los exlíderes catalanes es una “persecución política”- pide que no se llame a las urnas hasta que no se haya resuelto la situación judicial. El portavoz del PDeCat, Carles Campuzano, dijo que, de otra manera, el llamado sería “discutible”.

Una encuesta reciente de Celeste Tel muestra al PSOE en empate técnico con el PP de cara a las nuevas elecciones, con 23,7% y 23,1% de las preferencias respectivamente.

Crecen los riesgos

El llamado a nuevas elecciones generales aumenta los riesgos políticos en una España que ha logrado superar el ritmo de crecimiento de Europa en los últimos años. En diciembre, el movimiento anti inmigración Vox anotó una inesperada victoria en las elecciones locales de Andalucía, la región más poblada del país, donde se unió al PP y Ciudadanos para formar un gobierno local.

Si ese escenario se repitiera a nivel nacional, se trataría de una nueva disrupción en la política española, donde el PP y el PSOE han perdido espacio frente a nuevos actores como Ciudadanos y el izquierdista Podemos.

“Estamos en un contexto muy volátil”, dijo a Financial Times el profesor de política de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón. “España nunca había tenido un sistema con cinco partidos a nivel nacional”.

La incertidumbre inyecta nerviosismo a Europa en momentos complejos: además del Brexit, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia enfrenta masivas protestas y Angela Merkel pierde liderazgo en Alemania. Partidos populistas o nacionalistas ya gobiernan en Italia, Grecia, Polonia, Hungría y la República Checa.

Moody's: "Situación política es complicada"

La agencia calificadora de riesgo Moody's dijo ayer que no planea subir la calificación soberana de riesgo de España, a pesar de que reconoció que el crecimiento económico se mantiene "robusto y superior al de Europa".
"Nuestra perspectiva para España es estable y estamos muy cómodos de momento con ella", manifestó la vicepresidenta de la agencia y responsable de análisis soberano para España, Kathrin Muehlbronner durante una conferencia en Madrid.
La ejecutiva señaló que "primero, la situación política es complicada" y agregó que el mayor problema es el "muy lento progreso en el saneamiento de las finanzas públicas".
La agencia califica a España con una nota de Baa1 y prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,2% durante este año.