Super de Salud explica traspaso de fondos de Masvida y evalúa acciones legales por difusión de injurias
Víctor Torres argumentó que se están cumpliendo fallos judiciales y que Femsa pretende buscar mejores condiciones para los fondos que se le podrían pagar a ellos.
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La Superintendencia de Salud, mediante dos circulares, ordenó transferir $10.503 millones a la Isapre Nueva Masvida (INMV), tras dar por acreditado que esta firma pagó con recursos propios excedentes que los antiguos dueños de la cartera -la liquidada Empresas Masvida- adeudaban a los afiliados.
Esta situación ha estado judicializada en distintos frentes y, ahora, nuevamente, contó con la oposición del grupo Femsa, a través de dos de sus compañías, Farmacias Cruz Verde y Oncovida. Como fue publicado por DF este lunes, las filiales locales de la multinacional mexicana acusan inconsistencias en los datos acreditados por la Superintendencia y pidieron invalidar la resolución.
“Lo obrado por la Superintedencia de Salud en materia de excedentes ha sido para dar cumplimiento a una sentencia judicial, no es una cuestión antojadiza”.
Femsa es uno de los principales acreedores de Masvida, por lo cual argumenta que remover dichos dineros del fondo de Garantía Legal, en el cual ya existe un déficit de $ 37.462 millones, afecta sus pretensiones de cobrar una parte de los activos a repartir.
Por estos hechos, el superintendente de Salud, Víctor Torres, asistió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para explicar el porqué de la devolución de fondos a la INMV.
Los argumentos
En su exposición, Torres explicó que, de las deudas de la exaseguradora, más de $ 18.000 millones corresponden a excedentes de quienes eran sus afiliados. Cerca de la mitad de ese monto, se está intentando pagar a los usuarios, aunque la propia autoridad señaló que esto no ha sido un proceso sencillo, debido a que varios han sido difíciles de ubicar.
La controversia, explicó, se debe a cerca de $ 9.000 millones que INMV sostiene haber pagado con sus propios recursos a los beneficiarios, por concepto de subrogación, por lo cual solicita que le sean devueltos.
Así, Torres señaló que, de ese monto, la Superintendencia acreditó de manera independiente que INMV sí puso a disposición $ 8.129 millones para algunos afiliados. Teniendo en cuenta que los dineros estaban en depósitos a plazo, la autoridad señaló que la suma a traspasar, con intereses, ascendió a los $ 10.503 millones en cuestión. “Lo obrado por la Superintendencia de Salud en materia de excedentes ha sido para dar cumplimiento a una sentencia judicial, no es una cuestión antojadiza”, dijo Torres haciendo alusión a fallos de la Corte de Apelaciones que dictaron que los excedentes pertenecían a los afiliados, por lo que no eran parte de la garantía de Masvida.
Asimismo, agregó que para que los fondos queden bajo el resguardo de la Superintendencia, la transferencia no se hizo directamente, sino que, mediante un acto administrativo, se dispuso la retención y se derivó a la garantía de INMV, para tener control sobre los dineros en caso de alguna eventualidad.
No obstante, recalcó que Contraloría se ha abstenido en tres ocasiones de emitir un pronunciamiento debido a los fallos judiciales que, insistió Torres, la autoridad está cumpliendo.
Sobre la acusación de Femsa, planteó que la firma pretende “que estos recursos vuelvan al fondo que le corresponde a los prestadores porque, al ser insuficiente, buscan que se aumente el fondo total, para mejorar las condiciones en que se les puede prorratear lo que se va a pagar, cosa que ya la Corte ha determinado que no puede ser, porque es parte de los excedentes” de los afiliados.
Agregó que se ha buscado obstruir la labor de la Superintendencia con información parcial y que están evaluando acciones legales “por la difusión de injurias por medios irresponsables”.