Las claves del debate político que definirá el desenlace de la crisis de las isapres

Las isapres iniciaron su cuenta regresiva y dieron lugar a una acalorada discusión política entre autoridades y parlamentarios del sector, que se han puesto en modo emergencia para afrontar la aplicación del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las empresas anular las alzas de los planes por concepto de la primas en garantías explícitas de salud (GES).

De acuerdo a las estimaciones de la industria, a partir de enero los ingresos de las aseguradoras -que ya han empezado a aplicar el fallo- disminuirán en torno a 12% y las isapres alertaron que esto podría significar el incumplimiento de indicadores financieros.

Pero las conversaciones no han sido fáciles. La semana comenzó con los senadores de la Comisión de Salud molestos por las declaraciones que la ministra de esta cartera, Ximena Aguilera, realizó en una entrevista con El Mercurio publicada el domingo. “Es un tema extremadamente ideologizado de una lado y del otro (...) Ha habido tantas veces que se dice que están en una situación crítica que cuesta un poco creerlo”, dijo la ministra.

Así se lo habrían manifestado los parlamentarios este lunes en una primera reunión que sostuvieron con la titular de Salud y que en la tarde de este miércoles tendrá un segundo capítulo en La Moneda. Esta vez, la reunión contaría con la participación de más miembros del comité político del Ejecutivo.

Las conversaciones

Los acercamientos ya comenzaron durante este martes. De hecho, Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado, sostuvo una reunión en La Moneda con la ministra Aguilera y los titulares de Segpres, Álvaro Elizalde, y de Hacienda, Mario Marcel.

Este último ha entrado con mayor fuerza al debate y entre los senadores de la Comisión hay expectativas de que esto pueda facilitar las relaciones con el Gobierno, ya que consideran que ha sido el que más ha acogido sus propuestas desde esa vereda.

Si bien no se conocen detalles de la reunión de este martes, a la salida de ella, el senador Castro dijo a DF que “vivimos una situación dramática. Hay un virtual colapso del sistema, esto requiere sentido de urgencia y así se lo hemos planteado al Gobierno y espero que lo tome con mucha fuerza”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que “hemos pedido que el comité político se pronuncie, porque la ley corta no es una reforma a la salud ni tampoco resuelve íntegramente el problema de la crisis del sector. Por lo tanto, para tener mayoría hay que construirla. Ya hemos propuesto dos informes de altos expertos que saben cómo abordar esta crisis y esperamos ser escuchados”.

¿Dónde están las trabas?

Este último punto es la principal diferencia entre los integrantes de la Comisión y el Gobierno. Los senadores consideran que, si bien lo más urgente es abordar las consecuencias del fallo GES, se deben al menos fijar los lineamientos para una reforma más estructural al sistema, ya que, de otra manera, la industria seguirá en la cuerda floja y sin certezas a largo plazo.

Por esto, consideran que medidas como adelantar la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) para marzo son positivas, pero no suficientes.

En la Comisión de Salud perciben que el Ejecutivo quiere ir respondiendo a la crisis en tres etapas por separado: el fallo GES; la ley corta; y posteriormente la reforma integral.

El senador Sergio Gahona (UDI)subraya este punto y dice que a estas alturas es clave abordar el problema como “un todo integrado”, que incluya esas tres etapas en su conjunto, “independiente de que metodológicamente esto podamos separarlo para abordar cada uno de los problemas”.

La particularidad es que entre los parlamentarios de ambos lados del espectro político ya hay un consenso en los pasos a seguir, pero no han logrado alinearse con el Gobierno.

En el caso de la ley corta, el mayor desacuerdo sigue siendo la mutualización -es decir, que los afiliados compartan los costos y riesgos de sus pares-, eje clave de la propuesta de la comisión técnica, que no fue considerado por el Ejecutivo y que disminuiría la deuda de las aseguradoras desde US$ 1.000 millones a unos US$ 451 millones.