Medidas de emergencia del Gobierno por crisis de isapres se complican en el Congreso tras resistencia del oficialismo

Una larga jornada vivieron este martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el superintendente del sector, Víctor Torres, con la crisis de las isapres tomándose ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo recibiendo presiones desde dos flancos.

Y es que si bien durante la mañana la Comisión de Salud del Senado finalmente comenzó a votar y aprobar las primeras indicaciones de la ley corta, las definiciones que ha ido tomando el Gobierno para resolver la crisis han despertado las reticencias de distintos actores del debate.

El lunes, el Ejecutivo ya había confirmado el ingreso de dos indicaciones en un apartado misceláneo que agregó a la ley de reajuste del sector público, que tenían como fin responder a la emergencia derivada del fallo GES, que implica que las aseguradoras disminuyan sus ingresos en cerca de un 12% a partir de enero.

“Nos quedan dos dudas, si efectivamente la ley corta va a permitir equilibrar los ingresos y, la segunda, si lo va a hacer en forma oportuna”, dijo el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada.

“Absolutamente arbitraria”, “fuera de lo razonable” y “un perdonazo”, fueron las críticas de algunos diputados a las indicaciones del Gobierno.

En primer lugar, se plantea adelantar la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para que las isapres puedan subir los planes en abril en vez de junio; y, segundo, que las empresas incorporen, por una sola vez, un valor para financiar la cobertura de las cargas de menores de dos años que hoy no estaban contempladas.

Presiones de lado y lado

La disconformidad partió por las isapres y siguió con los parlamentarios.

Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, sostuvo este martes que calculan que el aumento de los ingresos por estas medidas será, en promedio, de un 2,8%. Teniendo en cuenta que la diferencia entre ingresos y ganancias de las isapres está en torno al 1%, el líder gremial estimó que de todas formas van a quedar con alrededor de un 9% de pérdida.

“Nos quedan dos dudas, si efectivamente la ley corta va a permitir equilibrar los ingresos y, la segunda, si lo va a hacer en forma oportuna”, dijo Arriagada.

Desde otra vereda, la Cámara de Diputados también dejó en vilo al Gobierno. Distintos parlamentarios y sobre todo los propios oficialistas manifestaron su molestia por haber incluido las indicaciones en un proyecto no relacionado y otros llegaron a calificar las medidas como un “perdonazo” para las isapres.

Así, tras acuerdo de la sala, la ministra y el superintendente también tuvieron que asistir a la Comisión de Salud de la cámara baja a explicar la iniciativa. Y ahí, los diputados no cedieron, y algunos de ellos como Tomás Lagomarsino (PR), Karol Cariola (PC) y la presidenta de la mesa, Ana María Gazmuri (PH) insistieron en retirar el artículo para tener una discusión con más tiempo y fuera del contexto del reajuste.

No obstante, minutos antes de esa comisión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya negaba esa posibilidad. La citación acabó pasadas las 20 horas sin certezas de qué ocurrirá con las indicaciones.

Fin a los excedentes

Durante la mañana, eso sí, en la comisión del Senado se aprobaron las primeras indicaciones de la ley corta, que apuntan a la eliminación del concepto de excedentes de las isapres. Es decir, los planes de aquellos afiliados que cuestan menos del 7% de cotización, deberán elevarse al monto que sea más cercano a ese porcentaje de cotización obligatoria.

En compensación de dichas alzas, las isapres estarán obligadas a ofrecer a dichos afiliados nuevos beneficios o planes de salud alternativos “cuyos precios más se aproximen al valor de su nueva cotización legal para salud y hayan sido comercializados dentro de los seis meses anteriores al ofrecimiento”.

El superintendente Torres señaló que cerca del 27% de los usuarios de las aseguradoras tienen planes de este tipo.

Asimismo, Torres, quien ya había sugerido aumentos de capital de las compañías para contribuir a las medidas legislativas, reveló que una aseguradora ya había informado reservadamente una capitalización por $ 2 mil millones. También, aludió a otro aumento realizado por Colmena Salud, la matriz de la isapre del mismo nombre, por $ 10 mil millones.

Sin embargo, desde esa compañía aclaran que ese holding es distinto a la isapre y que la capitalización responde a una cuenta por cobrar que la matriz de más arriba, Colmena Holding SpA, mantenía con Colmena Salud, sin aporte de fondos efectivos.

La molestia de los diputados por la acción del Ejecutivo

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la oficialista Ana María Gazmuri, manifestó su preocupación, porque el Gobierno haya mezclado los temas.

Mientras la Comisión de Salud del Senado iniciaba la votación de la ley corta que aborda la crisis de las isapres a raíz del llamado fallo GES, en la Cámara Baja el mal clima que se ha manifestado casi todo el año con más o menos intensidad, alcanzaba un clímax. Ello, porque este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzaba la tramitación del tradicional reajuste del sector público.
Justamente uno de los elementos que contribuyó a caldear aún más los ánimos de los diputados fue que en el marco del trámite legislativo del reajuste, el Gobierno haya incluido en el proyecto materias misceláneas; el tema de las isapres.
En la medida que diputados, tanto opositores como oficialistas, fueron conociendo las indicaciones relativas a las isapres, parlamentarios del Gobierno comenzaron a levantar la voz, rechazando las medidas. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la oficialista Ana María Gazmuri, expresó su preocupación respecto de “mezclar esta discusión en el marco del reajuste del sector público, por lo que pidió al Ejecutivo –dijo- que retire el artículo referente al ICSA, porque cree que no es este el momento para esta discusión, aunque no se cierra a darla. Mientras que la socialista Danisa Astudillo anunció su voto en contra.
Por su parte, el diputado radical, Tomás Lagomarsino, se refirió en duros términos a las citadas indicaciones, acusando al Gobierno de haber ingresado “de contrabando” las modificaciones que a su juicio están “fuera de lo razonable”.
La situación se tensó al punto que el senador integrante de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre (RD) se vio obligado a salir a poner paños fríos. El parlamentario recordó que el adelanto del ICSA está en la ley corta y que lo que está haciendo el Ejecutivo al introducir esta materia en el reajuste es proponer adelantarlo de julio a abril.
A tal punto alcanzó el desorden en las filas oficialistas que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema, llamando al oficialismo a mirar el proyecto de ley corta de manera sistémica y no sólo el adelantamiento del ICSA”, que sólo tiene que ver con una cuestión coyuntural, añadió, sino que “es producto de la aplicación inmediata del fallo GES”.