Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, con domicilio real en Héroes de las Malvinas, San Isidro, provincia de Buenos Aires.
El escultor y pintor argentino, quien ganó el Nobel de la Paz en 1980 (destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos) encabeza la lista de 74 personas y entidades sociales trasandinas que solicitaron a la justicia del vecino país hacerse parte en un litigio que enfrenta a Cencosud con el gobierno del vecino país. Todo, por un terreno de 20 hectáreas en San Isidro, Buenos Aires, donde el conglomerado busca levantar un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales de 4 pisos cada uno, con una inversión superior a los US$ 600 millones.
El mentado terreno fue adquirido por la compañía controlada por el clan Paulmann tras una licitación del gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, y –según la propia empresa- gastó otros US$ 4 millones para sanear la zona, pues allí operó una firma estatal dedicada a la gestión de aguas servidas.
No obstante, en octubre de 2016, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Fisco. Según el organismo argentino, Cencosud habría incumplido una "condición esencial" del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
La empresa ha negado las acusaciones, e incluso amenazó con recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Según la empresa, desde 1999 se ha visto constantemente "privada por parte de la administración –provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado". Incluso recordó que en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio con dichas partes.
Como parte del proceso, Adolfo Pérez Esquivel, además de la Fundación Amigos de la Tierra Argentina, el grupo vecinal Basta de Mutilar Nuestros Árboles; la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y el Movimiento de Acción Social MAS, Barrio La Cava, San Isidro, entre otros, solicitaron ser tenidos como "Amigos del Tribunal" (amicus curiae) que lleva la causa. Esto con el objetivo de presentar antecedentes que, dicen, son relevantes para resolver el juicio.
En su presentación, los solicitantes señalaron que, en la presidencia de Carlos Menem, a partir de la Ley 23.696 (conocida como la Ley de Reforma del Estado), los bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional argentino afectados a empresas estatales que se encontraran ociosos o subutilizados, fueron puestos a la venta a través de licitaciones públicas. Así es como, en 1996, a través de una licitación pública, Cencosud se adjudicó el terreno de San Isidro con dos condicionamientos que de incumplirse –destacan los reclamantes- rescindían la venta.
El primero, la remediación del suelo, que -precisan- la empresa dice haber efectuado; y el segundo, la realización del proyecto urbanístico en un tiempo determinado.
"Ya a 23 años de la venta, es claro que la empresa nunca construyó lo prometido en la licitación como consta en el acta realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado de marzo de 2016. Por ello, en octubre de ese 2016 se inicia este juicio de restitución del AABE contra Cencosud", señalan en el escrito.
Y añaden: "Creemos que este lugar, que tuvo tan importante significación dentro de las instituciones que sirvieron a la Nación y al pueblo argentino, debe ser conservado como parte del patrimonio nacional fabril, histórico-cultural, urbano y arquitectónico por su inconmensurable valor social, como parte del registro de este pueblo y de su sentimiento de pertenencia e identidad".
Incluso, los reclamantes apelaron a la crisis sanitaria que generó el Covid-19: "Como bien puso de manifiesto esta pandemia, son precisos más pulmones y espacios verdes abiertos al uso público para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de toda la población. Este contexto muestra la ineludible necesidad de preservar los espacios verdes y el excepcional bosque urbano del predio".
En su escrito, los solicitantes manifiestan que el predio en cuestión forma parte de un corredor verde en línea con la Ribera del Rio de la Plata, permitiendo el ingreso de aire puro y generando un hábitat natural para flora, fauna y aves variadas. "Sin duda, la protección del espacio público y gratuito permite legar a las generaciones futuras una ciudad más sustentable desde el punto de vista social, urbano y ambiental. Su no resguardo traería consecuencias irreversibles, dado que la pérdida de los recursos públicos, únicos, irrepetibles y no renovables restringirá las posibilidades para su buen vivir", afirman.
Según su presentación a la justicia, afirman que el municipio de San Isidro –"a sabiendas de la escritura condicionada y de conocer la existencia de un juicio iniciado por el AABE, para recuperar el predio"- señalan- avanzó avalando una "consulta virtual", donde Cencosud presentó una evaluación de impacto ambiental (EIA) sobre las obras proyectadas en el predio.
"Quisieron hacerlo informando a escasísimos vecinos y en tiempo record (menos de un mes). Cuando azarosamente los vecinos tomaron conocimiento de la irregularidad de dicha situación y del EIA, éste fue severamente cuestionado por diversas organizaciones y vecinos de la comunidad por sus inconsistencias técnicas. Objeciones que nunca tuvieron respuesta de parte del Ejecutivo Municipal. El entonces Organismo Nacional de Bienes del Estado ONABE (antecedente del AABE), evidenció notoria desidia en el cuidado de documentación, al 'perderse' partes críticas del expediente donde se tramitaba la escritura condicionada y los compromisos asumidos por Cencosud", afirman.
Con todo, los reclamantes sostienen que lo que ocurrió durante el plazo de vigencia del contrato, "fue un claro y total abandono del predio por parte de Cencosud, incumpliendo todas y cada una de las cláusulas del contrato".
Consultada la empresa, evitó realizar declaraciones.
La iniciativa a desarrollar al otro lado de la cordillera sería aún más grande que el Costanera Center (hoy el emblema del grupo, que está sobre un paño de 4,6 hectáreas), con lo que se transformaría en la obra más importante en la historia del holding. Eso sin contar las adquisiciones de empresas como Carrefour en Colombia, que le significó al grupo liderado por Paulmann el año 2012, una inversión de US$ 2.500 millones.
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