El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) está en la mira luego que la Contraloría Regional de Antofagasta detectara múltiples deficiencias en el servicio, como falta de fiscalizaciones, conflictos de interés y atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, entre otras faltas, lo que llevó a que se abriera un sumario para determinar responsables.
La revisión del órgano contralor detectó deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017, entre las que figuran falta de fiscalización a las empresas Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), SQM, BHP, Rockwood y Codelco.
También se acreditó que exempleados de algunas de esas empresas –y que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstuvieron de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de relación.
Los hechos llegaron hasta la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, que solicitó al organismo informar sobre la situación. Quien respondió el oficio el pasado 2 de octubre fue el director nacional subrrogante del Sernageomin, Alfonso Domeyko, remplazante de Mario Pereira.
Según información de Transparencia a septiembre de este año, Pereira asumió el 11 de abril de 2017 y tenía contrato hasta el 10 de abril de 2020.
Desde el organismo se destaca que los cambios en la dirección son naturales dentro de los servicios públicos y la determinación de quién asumirá el cargo de director nacional se realizará de acuerdo a la Ley por medio de un concurso de Alta Dirección Pública.
Pese a esto, Domeyko anunció que están en marcha profundos cambios en la entidad encargada de fiscalizar a las empresas mineras.
“Actualmente (el sumario) aún se encuentra en su etapa investigativa en curso, en razón de la realización de diligencias (…). Esperamos obtener la vista del Fiscal a la brevedad”, dijo consultado Domeyko.
No obstante, destacó que el informe de Contraloría se refiere sólo a tres funcionarios de la Dirección Regional de Antofagasta que se encuentran bajo sumario, de un total de ocho que realizan labores de fiscalización, y solo respecto de tres compañías.
En su auditoría, la Contraloría detectó que los funcionarios realizaron labores de fiscalización en faenas en las cuales habían trabajado en un espacio menor a dos años antes de desarrollar la respectiva inspección, situación que vulnera el principio de abstención consagrado en la legislación.
Los fiscalizadores
Según el órgano contralor, Daniel Fajre Flores indicaba en su currículum vitae (CV) que trabajó hasta 2014 en Minera Centinela, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Pese a ello, entre febrero de 2015 y marzo de 2016 realizó cinco inspecciones de fiscalización a esa firma.
Yaneth Godoy Cortés, en cuyo CV consignaba que se desempeñó en SQM hasta octubre de 2013, en el año 2015 realizó cuatro inspecciones a la compañía.
El tercer caso es el de Hipólito Hurtado Astorga, quien dejó Mantos Blancos en noviembre de 2012. Ya en el Sernageomin, hizo una inspección a esa firma en febrero de 2014.
Durante el proceso llevado adelante por la Contraloría, desde el Sernageomin precisaron que, pese a lo que aparecía en el currículum de cada uno, los funcionarios cuestionados no se desempeñaron directamente en dichas empresas.
Dado esto, la Contraloría comprobó que los dos primeros trabajaron para firmas que de todos modos tenían vínculo con las entidades fiscalizadas, mientras que en el caso de Hipólito Hurtado no se pudo acreditar que no tuviese relación con Mantos Blancos.
Los cambios en curso
“Se debe considerar que la Dirección Regional de Antofagasta al año realiza un promedio aproximado de 1.800 fiscalizaciones a faenas mineras (promedio de los últimos tres años), por lo que la observación de Contraloría, si bien es importante, corresponde solo a un número muy menor de dichas fiscalizaciones. Sin entrar en detalles, los cuales son materia del sumario, vemos que en principio lo que existe son carencias en procesos de control administrativo interno”, sostuvo Domeyko.
Para la autoridad, las observaciones “nos han hecho tomar especial atención respecto de los actuales procesos a nivel nacional”.
Por ello, dijo que actualmente se encuentra actualizando los procesos sancionatorios “con el objeto de dar certezas jurídicas”, así como reducir etapas y plazos, para lo cual la entidad está implementando una plataforma informática de seguimiento, control y gestión de ellos.
“En la misma línea, nos encontramos analizando la separación de las labores de fiscalización de seguridad minera y ambiental de las que corresponden a las funciones de sanción, buscando modernizar así los procesos actuales”, dijo el director (s).
Añadió que se están iniciando otros procesos internos “con el fin de mejorar plazos y criterios en las distintas actuaciones en que este Servicio tiene competencias, que nos lleven a mejorar la calidad de nuestras actuaciones”.
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