Este lunes el abogado Juan Correa Serrano, quien hasta julio de 2024 fue jefe de la división anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se incorporó como socio al estudio Bering, que fue creado hace casi dos años por las también exautoridades de la FNE, el exfiscal Ricardo Riesco y Sebastián Castro, quien en el pasado lideró la división de estudios de mercado del ente persecutor. Una cuarta socia es Camila Carrasco.
Tras estudiar derecho en la U. de Chile, para Correa la FNE fue su primer trabajo, al que postuló en 2010 porque le interesaba trabajar en el sector público, “pero no quería algo demasiado político y la FNE era un lugar que cumplía con esas condiciones”, cuenta. Tras desempeñarse en fusiones bajo el liderazgo de Mario Ybar, partió a la U. de Nueva York y estando allá, lo llamó el entonces fiscal Felipe Irarrázabal para ofrecerle el cargo de la división de carteles, en el que estuvo 8 años y medio. Allí vio casos como la acusación contra cadenas de supermercado para fijar los precios de venta de carne de pollo fresca -ya sancionado-, y otros procesos en que concretó acusación y aún están en desarrollo como el requerimiento contra las empresas de transporte de valores y contra las compañías productoras de gases industriales, entre varios.
“Muchas empresas están determinando sus precios a través de algoritmos que miran los precios de la competencia. Eso tiene un potencial para producir un efecto colusivo. No necesariamente va a ser colusión”.
El 2 de julio pasado, cuenta, concretó su renuncia a la FNE tras cumplir un ciclo en el que trabajó con los últimos tres fiscales y en cuatro gobiernos de signos distintos. Tras ello, en los seis meses siguientes estuvo haciendo clases en la UAI y trabajó también con su padre, Jorge Correa Sutil en la defensa del hoy exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. Esto porque Juan Correa optó por no tener conversaciones estando en la FNE para su aterrizaje en el sector privado. “Muchos de los lugares donde yo podría haber trabajado eran contrapartes mías”, expone.
¿Por qué optó por Bering? “Valoro el trabajo interdisciplinario entre abogados y economistas. Tiene la épica de un proyecto nuevo. Y habiendo hecho toda mi carrera en competencia, me ofrece la posibilidad de participar en otros temas, litigios, arbitrajes, regulación”, responde, amén de la sintonía que hay con quienes fueron su jefe y su par en la FNE.
Eso sí, desde su nueva posición, Correa mantendrá inhabilidades, pues ya cumplido con creces el plazo legal de seis meses de no poder tener vínculo laboral con los fiscalizados, hay algunas que perduran para siempre: los casos que vio directamente en la FNE.
-¿Cuál es su balance en la FNE?
-Fue un período en que el sistema de libre competencia cambió muy radicalmente y me siento muy privilegiado de haber sido, humildemente, un protagonista de ese cambio. Fueron 12 casos en los que acusamos públicamente, pero los que vi en total podrán ser unos 100. Porque además de los 12, están los que terminaron con acuerdo extrajudicial, los que se archivaron y los que todavía no son públicos. Hay muchos casos que me imagino van a hacerse públicos en el futuro.
-Se dice que la FNE ha sido exitosa en perseguir carteles, pero porque han existido delaciones compensadas.
-No, eso es totalmente infundado. El 70% de los casos que terminan en acusación, se inician de oficio. El elemento crítico, mucho más que la delación compensada, son las medidas de intrusión, cuando uno logra interceptar los teléfonos, incautar las conversaciones por WhatsApp, la casilla de correo.
-¿Hay algún cambio de diseño institucional que sea necesario en la FNE?
-La legislación chilena cumple con los más altos estándares internacionales. Lo que sí falta es inyectar más recursos. La Fiscalía en términos reales ha ido decreciendo su presupuesto, siendo que tiene contrapartes tremendamente poderosas y con muchos recursos. La Fiscalía ha logrado condenas contra empresas de cuatro de los cinco grupos empresariales más grandes que hay en Chile y contra múltiples transnacionales. Hay condenas contra el grupo Yarur, en el caso farmacias; contra el grupo Matte, en el caso papeles; contra el grupo Luksic, en asfalto y en navieras; y contra el grupo Saieh en supermercados. Hacer frente a esas contrapartes con pocos recursos es difícil. Y además la Fiscalía en multas le entrega al fisco mucho más de lo que el fisco le entrega a la Fiscalía.
-¿Advierte que en la comunidad empresarial ha permeado el valor de no coludirse?
-Sin duda sí. En las investigaciones que nosotros llevábamos nos tocaba incautar comunicaciones de ejecutivos y empresarios importantes. Y cuando uno miraba esas comunicaciones se veía con mucha claridad el impacto de cada uno de los casos que explotaban. La forma en que se comunicaban cambiaba, fuera porque se adaptaban para cumplir efectivamente con la ley o porque lo hacían de un modo más subrepticio, clandestino. Cualquiera de las dos cosas tiene un valor porque hace más difícil la colusión. Es una buena noticia. Coludirse es mucho más difícil si tienes que hacerlo de un modo completamente subrepticio.
-Cada vez que surge una acusación importante salen las voces políticas que piden aumentar las multas y penas. ¿Es necesario?
-No. Comparando con el resto de países, Chile tiene multas altas, tanto en la ley, como en las que se aplican, que son dos cosas distintas. El doble del beneficio alcanzado, o el 30% de las ventas durante el período en que se extendió la infracción. Y a eso hay que sumarle la posibilidad de persecución penal, el riesgo reputacional, las indemnizaciones de perjuicios, que se han vuelto tremendamente importantes, donde se han pagado incluso más que en las multas. Coludirse hoy día en Chile es un muy mal negocio.
-¿Cuál va a ser el impacto de la Inteligencia Artificial en las colusiones? Se dice que ya no van a ser personas poniéndose de acuerdo, sino software. ¿Es ciencia ficción o ya está ocurriendo?
-No es ciencia ficción. Muchas empresas están determinando sus precios a través de algoritmos que miran los precios de la competencia. Eso tiene un potencial para producir un efecto colusivo. No necesariamente va a ser colusión. Hay mucha discusión tanto a nivel teórico como práctico de qué tratamiento hay que darle a esto en libre competencia.
Si alguien utiliza la tecnología para vigilar que nadie se desvíe de un cartel, eso sigue siendo tan ilegal como antes y la Fiscalía está plenamente preparada hoy día en perseguir ese tipo de casos. Es también ilegal que dos competidores, concurran frente al mismo asesor tecnológico y le encarguen que les cree el algoritmo. Donde la cosa se pone más compleja es si lo que yo hago de manera absolutamente independiente, es pedirle a una máquina que establezca precios que sean para mí lo más conveniente posible, y esa máquina lo que hace es mirar los precios de la competencia y asegurar un equilibrio de precios. Donde no hay comunicación entre las dos empresas, hay mucha discusión. Porque es una decisión unilateral. Porque no puedo obligar a una empresa a no mirar los precios de la competencia. Porque no la puedo obligar a comportarse de un modo que no maximice sus utilidades, en la medida que no infrinja la ley.
Caso Sergio Muñoz: “Se le condenó en base a hechos que no fueron probados, tengo la convicción de eso”
-¿Qué balance le deja lo sucedido con Sergio Muñoz? ¿Influyeron las posturas personales y sus fallos en el resultado adverso?
-Mucha gente celebró el resultado de la acusación porque tenían desacuerdos con la labor jurisdiccional del juez Muñoz. Pero cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre los fallos del exministro Muñoz, no era eso lo que estaba en discusión en el Congreso. Se forzó a los diputados a acusar conjuntamente a dos personas por hechos que no tenían ninguna conexión entre sí, y eso es una violación flagrante del debido proceso para la que nadie ofreció una explicación. Y luego se le condenó en base a hechos que no fueron probados, tengo la convicción de eso. Hay gente que celebró el resultado, pero yo creo que nadie gana cuando se hace a costa del Estado de Derecho.
Estoy convencido de que los hechos de la primera acusación no fueron probados y que los deberes que se le dice haber infringido en el segundo capítulo de la acusación eran deberes que legalmente no existían. Respecto de su hija, el juez Muñoz no tenía funciones correccionales y tampoco las tiene la Corte Suprema. Respecto a los jueces de primera instancia, lo tiene la Corte de Apelaciones. Y si le hubiera tocado conocer de ese caso integrando la Corte Suprema, tendría que haber hecho exactamente lo contrario de lo que se le acusó. Tendría que haberse abstenido de participar. Y respecto del deber de denuncia, no existe legalmente deber alguno de denunciar las faltas funcionarias de los hijos. Más bien todo lo contrario. Cuando se trata de delitos, los padres están expresamente exceptuados.
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