Las mineras que operan en la industria local tienen inmovilizados más de US$ 3.600 millones para dar cumplimiento a la Ley de Cierre de Faenas, norma que busca tener disponibles los recursos suficientes al momento del abandono de una operación minera.
En el Ministerio de Minería tienen claro que esos recursos podrían tener un mejor uso, porque hoy están copando las líneas de crédito bancarias de empresas medianas y grandes. Además la dificultad para constituir estas garantías se ha transformado en un escollo para reactivar la inversión.
Por esto, la cartera dirigida por Baldo Prokurica anunció que enviará un proyecto de ley para hacer ajustes a la constitución de garantías, sin descuidar el objetivo final de que los recursos para estas remediaciones estén disponibles.
“La idea es que la minería se transforme nuevamente en una palanca de desarrollo y de generación de empleo, estamos estudiando el envío de un proyecto de ley para que la forma de garantizar el cierre de faenas no sea solamente la boleta de garantía, que a mi juicio ha generado problemas desde el punto de vista de mantener un capital inmovilizado por mucho tiempo”, dijo Prokurica.
Agregó que “vamos a explorar que en este proyecto de ley se abra la posibilidad de garantizar el cierre de faenas a través de la contratación de un seguro que pueda ser con entidades nacionales o extranjeras y que permita que esos recursos no estén inmovilizados”.
Dentro de este trabajo, el equipo del subsecretario Pablo Terrazas concluyó tres jornadas con gremios y representantes del Estado -como el Sernageomin o la Comisión para el Mercado Financiero- para aterrizar estos posibles cambios, según informó hace unos días.
Esto porque hay que considerar que los US$ 3.600 millones corresponden a cerca del 20% del monto total que las mineras deben constituir a medida que sus operaciones se acercan al fin de su vida útil. Según datos de la Sonami a abril de 2017, los planes de cierre aprobados hasta ese momento estaban valorizados en US$ 11.000 millones.
De todos modos, el diagnóstico es claro en Amunátegui 232. Los instrumentos actuales que considera esta ley implican el uso de la línea de crédito con los bancos para constituir garantías, lo que merma el capital de trabajo.
Además, casi la totalidad de las 114 garantías constituidas hasta junio, corresponden a los instrumentos más líquidos -de tipo A 1-, entre los que figuran boletas de garantía, certificados de depósitos o cartas de crédito.
“El mercado bancario podría no dar abasto para cubrir planes de cierre, ya que garantizar cierres es parte de la capacidad crediticia que destinan a la minería en general”, dice un documento interno del ministerio donde se analiza el tema.
El problema de esto, además de que les resta capacidad de financiamiento a las empresas para nuevas inversiones, es que podrían quedar proyectos sin garantizar por negativa de los bancos a entregar créditos con este fin.
Jorge Claude, vicepresidente Ejecutivo Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), dice que incluir seguros “permite a la minera reutilizar esos recursos en las inversiones propias del negocio, y rentabilizarlas mejor”.
Diego Hernández, presidente de Sonami, valoró la disposición del gobierno para hacer cambios, los que apuntan a cumplir el objetivo último de la ley, que es el adecuado cierre de las faenas mineras.
Por eso en el gremio también proponen que se considere un tratamiento especial para la mediana minería, consistente en extender el plazo para constituir las garantías y, finalmente, eliminar expresamente el IVA que forma parte del monto a garantizar. Solo este último concepto implicaría reducir en más de US$ 2.100 millones el saldo total.
El ministro Baldo Prokurica y el subsecretario Pablo Terrazas han estado haciendo una ronda de reuniones por este tema.
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