Minera rechaza ser declarada estratégica: dice que un kilo de concentrado de oro es más barato que un kilo de paltas
HMC Gold señaló que calificar su faena El Tambo de Oro bajo esa figura, la obliga a disponer de “cuantiosos recursos”.
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La empresa HMC Gold solicitó dejar sin efecto un decreto del Ministerio del Interior, dictado a fines del año pasado, que definió a su faena minera El Tambo de Oro como empresa estratégica. Esto, en base al Decreto Ley 3607 de 1981, referido al funcionamiento de vigilantes privados que tendrán como único y exclusivo objeto la protección y seguridad interior de determinados recintos.
La cartera fundamentó su decisión por la presencia de explosivos en la mina -emplazada en Punitaqui, Región de Coquimbo- y porque la actividad es de “especial relevancia” para el desarrollo de la economía.
HMC explicó que extrae y comercializa concentrado de oro, que definió como una sustancia gris de escaso valor por kilogramo.
Además, afirmó que el acto reclamado señala que la autoridad fiscalizadora da cuenta de un incremento en la sustracción de cátodos de cobre.
Sobre este punto, la minera destacó que en su faena no se producen cátodos de cobre, sino que únicamente concentrado de oro.
“Tan desproporcionado resulta el acto, que se está declarando como ‘empresa estratégica’ e imponiendo gravosas medidas de seguridad, a una faena cuyo producto es más barato que un kilo de paltas”, dijo la empresa en una reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago Y ejemplificó: “Si un kilo de concentrado de los que vende El Tambo de Oro cuesta $ 4.095, el kilo de paltas es de $ 4.990. Asimismo, en esta comparación, las paltas son de fácil reventa lo que explica el alto número de casos de robos de paltas, en cambio, el concentrado de oro es de muy difícil reventa, como se ha explicado”.
Por último, señaló que, de no dejarse sin efecto el decreto, la empresa “se vería expuesta a altísimas cargas u obligaciones totalmente desproporcionadas con el valor de los productos” que existen en su faena. Se exigiría, afirmó, la contratación de vigilantes privados, eventualmente armados; seguro de vida a cada uno; la instalación de alarmas de asalto; el pago de hasta UTM 2 a Carabineros por la conexión de tales alarmas, más UTM 0,5 mensual por la mantención del sistema, y la instalación de bóvedas en la mina, las cuales además deberán estar equipadas con mecanismos de relojería para su apertura y cierre, entre otros puntos.