Si bien Chile estableció el derecho constitucional a vivir en un medioambiente libre de contaminación, no existía una legislación y orgánica institucional que velara de forma prioritaria por la protección ambiental en general, hasta que hubo un cambio que marcó “un antes y un después” en esta materia. Tras el mensaje enviado por la administración de Patricio Aylwin al Senado en 1992, el 9 de marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que desencadenó la institucionalidad regulatoria que se conoce hoy.
Por ejemplo, se crearon los primeros organismos ambientales como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Corema). Y en 2010 se registró una de las reformas más relevantes cuando se promulgó la Ley 20.417, la cual creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los Tribunales Ambientales, completándose el año pasado con la aprobación en el Congreso del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
El sábado se cumplieron 30 años de institucionalidad ambiental en el país, hito que se da en medio de diversas discusiones en curso, como un nuevo intento por reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y fortalecer la SMA, pero también desafíos marcados por la crisis climática. Las actuales autoridades ambientales analizan el camino recorrido y fijan los pasos que aún restan por alcanzar.
Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas: “Tenemos hartas normas para el aire, menos normas para agua y no tenemos norma para el suelo. Eso es algo en que estamos al debe”
Considerando que se trata de la ley sobre bases generales del medio ambiente, para la ministra de la cartera, Maisa Rojas, es “la columna vertebral de la institucionalidad ambiental”, permitiendo que esta exista y evolucione al tener un cimiento. “En esa evolución ha ocurrido algo que es bien importante y es que lo ambiental tiene un peso específico dentro de las conversaciones, en las decisiones que se toman dentro de lo que es el modelo de desarrollo del país, que ha ido tomando cada vez mayor relevancia y mayor peso”, aseguró, al tiempo que ve que esto viene probablemente aparejado al hecho de estar en una “triple crisis” que se manifiesta en Chile y el mundo.
¿En qué se está al debe en estos 30 años? “La triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, se ha profundizado por distintas presiones. La institucionalidad ambiental tiene que adaptarse a esas nuevas amenazas, a esas nuevas presiones y fortalecerse. En ese sentido, hay dos proyectos de ley: el fortalecimiento a la SMA y el fortalecimiento -con fuerte énfasis- al SEIA. Aquí la idea es ver qué cosas se pueden mejorar y qué cosas se tienen que adaptar a esta nueva realidad para fortalecer la protección de nuestro medioambiente”, comentó. En este sentido, puntualizó que al Ministerio le toca velar por el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y eso lo materializan, por ejemplo, a través de normas. “Tenemos hartas normas para el aire, menos normas para agua y no tenemos norma para el suelo, por ejemplo. Eso es claramente algo en que estamos al debe”, sinceró. Eso sí, precisó que están trabajando actualmente en la elaboración del Anteproyecto de Norma Primaria de Calidad Ambiental para suelos de Chile, que es la primera norma de estas características.
Rojas reflexionó que “uno se pregunta si este modelo de crear normas y planes de descontaminación para enfrentar la crisis climática es la adecuada”. En este contexto, destacó la Ley Marco de Cambio Climático que “define a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr, por ejemplo, a través de los Planes Regionales y Comunales para enfrentar el cambio climático desde una perspectiva local”. “Esto nos entrega espacio para darle una nueva mirada a la gestión ambiental para que esta no sea solo reactiva”, planteó.
Y afirmó: “Parece que tiendo a ver siempre el vaso medio lleno. En este momento, hay que sentir que uno tiene una institucionalidad que funciona -que hay que robustecer porque hay desafíos nuevos y complejos-, pero que en el fondo con la conciencia que existe, social también, de la importancia, podemos fortalecerlo”.
Y, ahondando en problemáticas como las denominadas “zonas de sacrificio”, recordó los esfuerzos que se están haciendo y que hay instrumentos “para que eso pueda transformarse más que de zonas de sacrificio a zonas de transición, de una transición hacia una recuperación”.
Mirando al futuro, apuntó a la existencia de más normas, porque eso ayuda a objetivar la situación ambiental. Y destacó que están avanzando respecto a las líneas bases públicas.
Directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán: “Todos tienen que hacer su parte para hacer más densas y precisas las reglas”
El contexto histórico que marca la Ley 19.300 cuyo ingreso al Congreso de la mano del Presidente Patricio Aylwin se concretó unos meses después de la Cumbre de Río de 1992, es recordado por la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán. “Es un momento en que en Chile se había recuperado la democracia, que surgían movimientos sociales que tenían en el país y el mundo una preocupación por el medio ambiente, pero, además, Chile se abría al mundo y al comercio internacional. Entonces, esta institucionalidad también nos permitió relacionarnos globalmente”, dice, agregando que “nos dotamos finalmente de instrumentos de gestión, de una institucionalidad que antes no existía”.
Durán remarca que, por primera vez, sobre la base de ciertos principios que se mencionan en el mensaje se instala un sistema de gestión basado también en el principio preventivo.
Y destaca la creación del SEIA: “Antes teníamos algún tipo de gestión ambiental, teníamos algún tipo de normativa ambiental, pero dispersa y aquí nos dotamos de instrumentos que tienen que tener estas consideraciones científicas, económicas, y sociales con participación y consulta. Y también por primera vez se crea el régimen de responsabilidad por daño ambiental”.
¿Se ha logrado proteger al medio ambiente o se camina gradualmente hacia esa protección? Desde la evaluación de impacto ambiental, Durán asegura que “Chile sería muy distinto si no tuviera un SEIA”. A través de este, advierte, “hemos logrado tener una ventanilla única a través de la cual se asegura efectivamente el cumplimiento de la normativa ambiental”: “Sin duda la Ley 19.300 ha sido un aporte y además en trazabilidad y transparencia”, subraya.
Más allá de lo legislativo, ante lo que viene superado este hito, cuenta que han iniciado como servicio la mayor y más profunda modernización al SEIA electrónico: “El SEIA ha sido pionero en el sentido de tener un sistema de tramitación electrónica que está disponible al público y transparente, pero es un sistema que todavía nos puede dar mucho más en cuanto a información, certeza y a ser más amigable, a integrar, por ejemplo, todos los aportes de la inteligencia artificial”.
En cuanto a temas que quedan pendientes, señala que también “la evaluación de impacto ambiental es más predecible en la medida que tengamos mayor densidad normativa y mayores reglas del juego”. Por lo tanto, “también todos tienen que hacer su parte para hacer más densas las reglas y más precisas. Tener más y mejor ordenamiento territorial y también apostar en el presupuesto de las instituciones y una gestión ágil que permita dar reglas claras para todos”.
Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, y el futuro en materia de ley: “solo mejorar y aumentar la regulación, pero no retroceder”
Frente a este hito, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, pone su atención en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Aparte de su creación institucional, indica, “hay un elemento que creo que existe hasta hoy y que en ese momento uno lo relevaba: esta es una comisión que quiebra de alguna manera la forma de la lógica del funcionamiento del servicio público”.
Según explica, el principio de jerarquía es muy fuerte en la administración del Estado, pero la institucionalidad que se crea con la Conama se fundamentó en un principio que es muy sólido en materia ambiental “que es la coordinación y este elemento de la transversalidad de la problemática ambiental”.
“Tiene algunos precedentes un poquito antes, pero esa es una característica que parte con la Conama como institución, y hasta hoy tenemos ese principio muy fuerte dentro de la institucionalidad”, recalca la autoridad.
Plumer enfatiza que, “si nosotros comparamos dentro de América Latina, Chile siempre está muy bien posicionado respecto a su institucionalidad ambiental. Siempre Chile es considerado un ejemplo dentro de nuestros países vecinos en cuanto a institucionalidad, en cuanto incluso a niveles de regulación de algunos ámbitos o componente ambientales. Hay otra discusión si es el nivel correcto o no, pero es una discusión ya de un segundo o tercer plano”.
Indica que este sello de fortaleza institucional “creo que parte con la Ley 19.300 por cierto, y que solo en el transcurso de los años ha sido un trabajo de fortalecerlo, sea en la línea legislativa como la reforma en 2010 que marca el hito más importante o a través de vías ya más reglamentarias como por ejemplo son las distintas actualizaciones del reglamento del SEIA y otros”, añade.
En la Ley 19.300 solo había un artículo que se refería a la fiscalización y a la sanción. Fue la EDA de 2005 que, dentro de sus recomendaciones, instala la necesidad de crear un organismo efectivo, marcando lo que se desencadenaría el 2010 con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La SMA, reconoce Plumer, tiene “grandes desafíos”. El principal -dice- siempre será poder llegar mejor y más oportunamente ante eventuales incumplimientos, junto con lograr siempre mayor cobertura, eficacia en la respuesta y eficiencia, “porque siempre vamos a estar con recursos muy limitados para la envergadura que tenemos”. Añade que el reto es que la entidad siga ejerciendo su función “independientemente de la tramitación del proyecto que busca su fortalecimiento”. Cabe recordar que en enero el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que fortalece la entidad.
Sobre cómo visualiza esta ley en los próximos 30 años, apunta a que “los que sigan solo tengan que mejorar y aumentar la regulación, pero no retroceder”. Al respecto, puntualiza que lo anterior “es importante frente a los desafíos que hoy tenemos (...) El desafío de todos es seguir construyendo una sociedad con mejor y mayor protección ambiental. Trabajar en esa conciencia, y que ojalá no retroceda”.
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Karen Peña
