Se siguen abriendo frentes en torno al cierre adelantado de las unidades de generación a carbón Norgener 1 y 2 de AES Andes y, especialmente, luego de la petición de la empresa de elevar la operación de sus centrales a carbón para acelerar la salida, provocando incluso una intensa correspondencia entre el Gobierno y el Coordinador Eléctrico.
Esta vez, se trata de un recurso de protección interpuesto, este miércoles, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la Fundación Sociedades Sustentables y Fundación Greenpeace Pacífico Sur en contra de AES Andes y el Coordinador Eléctrico. La primera, por "la quema forzada, acelerada, indiscriminada, fuera de norma y abusiva de 94 mil toneladas de carbón en sus unidades Norgener 1 y 2, ubicadas en la ciudad de Tocopilla, vulnerando gravemente garantías constitucionales".
Y, en el caso del organismo que supervisa la operación del sistema, por autorizar a la empresa, "fuera de todo marco legal, fuera de sus competencias y actuando de manera ilegítima, la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón, vulnerando gravemente garantías constitucionales".
En el texto, de 22 páginas, se plantea que la quema forzada en cuestión con su correspondiente autorización, ya está ocurriendo desde el 18 de febrero de este año, "en una zona ya contaminada, que cuenta con una plan vigente de descontaminación desde el año 2010 y que además ha sido reconocida públicamente y por instituciones del Estado como zona de sacrificio ambiental".
Según se sostiene, la acción de protección se presenta dentro de plazo, ya que la solicitud realizada por la empresa para iniciar la quema forzada y acelerada de carbón sólo se conoció públicamente el 26 de febrero de este año, "día en que Sara Larraín, recurrente de este recurso de protección y representante de la fundación ambientalista Sociedades Sustentables, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente, solicitando el cese inmediato de la operación". "Sara Larraín se enteró el día anterior, 25 de febrero, por conversaciones con personas que trabajan en el sector eléctrico", se detalla.
Al ser consultada, AES Chile señaló que hasta el momento no han sido notificados de ninguna acción judicial respecto de la operación de la central Norgener. Sin embargo, indicaron, "es necesario destacar que su operación se ajusta plenamente a la ley y a sus permisos ambientales vigentes. Su actual operación no implica mayores emisiones que las permitidas y éstas están informadas en tiempo real en la página que administra el Ministerio de Medio Ambiente". En específico, dijeron que Norgener cumple en todo momento con las exigencias ambientales contenidas en el Decreto Supremo N°13; con el Plan de Descontaminación de Tocopilla y con la Resolución de Calificación Ambiental, todo lo cual es reportado a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Según detallaron, con el retiro anticipado -en casi dos años- de la operación de las dos unidades de Norgener se evitará consumir cerca de 1,2 millones de toneladas de carbón y se reducirán las emisiones en hasta 5 millones de toneladas de CO2 aproximadamente. Además, los monitoreos de nuestras emisiones -precisaron- "están conectadas en línea y pueden apreciarse en la página que administra el Ministerio de Medio Ambiente 'SINCA', desde la cual se puede apreciar el estado de la calidad del aire en el área circundante".
"Junto con lo anterior, se realiza un reporte mensual a la autoridad, que es cargado el Plataforma de la Superintendencia del Medio Ambiente y enviado también a la SEREMI de Salud, en cumplimiento con Plan de Descontaminación Atmosférica de Tocopilla", enfatizaron.
Y aunque también desde el Coordinador Eléctrico precisaron que no han sido notificados de este recurso, recalcaron: "Nos parece grave que se intente dañar la confianza pública de esta institución con comentarios infundados. El Coordinador actúa en un marco normativo técnico, con altos estándares de transparencia y con mecanismos establecidos en la Ley en el caso que algún interesado discrepe de las decisiones adoptadas".
En su defensa, el organismo asegura que la decisión de autorizar una limitación de operación está dentro del marco regulatorio establecido, las que son informadas por las empresas generadoras en el marco de la operación, debiendo detallar los antecedentes que las sustentan y siendo responsables de su contenido. "Norgener está siendo programada dentro de los parámetros operacionales establecidos en la normativa. De hecho en 2023 funcionó en los mismos niveles que se encuentra actualmente", sentencian.
Contrario a lo que se señala en el escrito, añaden, la información ha sido pública en todo momento. Explica que desde el 9 de febrero que está pública toda la correspondencia que se han intercambiado por este tema y, una vez que se autorizó, se incorporó en el programa diario de operación a partir del 17 de febrero, el que es de acceso público en el sitio web del Coordinador.
Los detalles del recurso
En la acción -que aún no se determina si será admitida a trámite- se relatan los hechos desde el 7 de diciembre del año pasado cuando la empresa solicitó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la exención del plazo de 24 meses de anticipación que rige para informar el retiro, desconexión y cese de operaciones de una central generadora de energía, para cerrar anticipadamente las unidades Norgener 1 y 2. La nueva fecha de retiro solicitada fue el 31 de marzo.
Así, recuerda, la CNE requirió el 29 de diciembre de 2023 al Coordinador un informe de seguridad, el que concluyó que el retiro de las unidades no degradaba la seguridad del sistema eléctrico. "Nótese que mientras estos hechos se configuraban, con fecha 11 de diciembre de 2023, finalizaba una descarga de 35 mil toneladas de carbón, que aumentaba el stock de carbón que la Central Termoeléctrica Norgener de AES ya tenía a la fecha", se indica.
Luego, instala la petición del 9 de febrero de la empresa para que se considere en todos los programas de operación que sus unidades operen al mínimo técnico durante horario solar y a plena carga fuera de dicho horario, y además las diversas correspondencias que derivó la solicitud. Y sentencia: "Sin ninguna justificación legal ni ambiental, y sin evaluarse los potenciales perjuicios en los terceros ni en el equilibrio del mercado, el Coordinador autorizó la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de AES desde el 18 de febrero de 2024".
Según argumentan las fundaciones, AES afirma que la única alternativa posible que tiene para cerrar la Central, sin dejar de cumplir sus compromisos ambientales, es quemar todos sus excedentes de carbón en muy poco tiempo (94 mil toneladas), lo que -dicen las organizaciones- "es absurdo pues dicha decisión no está amparada en ningún Plan de Abandono o Cierre presentado o autorizado por la autoridad ambiental, no existiendo tampoco consulta alguna a la autoridad sobre la implementación de la quema forzada de carbón".
"Esto es contrario a los derechos fundamentales de las personas que deben respirar las consecuencias de esa quema forzada y acelerada. El Coordinador, por su parte, autorizó la solicitud sin amparo en ley o regulación alguna y sin exigir el cumplimiento de la obligación asumida por AES de presentar el Plan de Abandono de las unidades Norgener 1 y 2, donde debería haberse gestado una solución viable ambiental y socialmente para hacerse cargo del excedente de carbón disponible al cierre de Norgener", sostienen.
Asimismo, reclaman que está de manifiesto que AES ni siquiera evaluó otras alternativas y que el Coordinador es "cómplice de una empresa que se beneficia por el despacho forzado y acelerado de su energía sucia".
También plantea una crítica puntual al Coordinador en cuanto a su conformación. Si bien reconocen que es un órgano colegiado autónomo, sostiene que "las decisiones que toma tienen muy poca o ninguna revisión". "No obstante, el organismo cuenta hoy con funcionarios que anteriormente ocuparon altos cargos en la empresa AES Andes, lo que significa que existen conflictos de interés en la toma de sus decisiones, que son decisiones públicas con nula o casi nula revisión", dicen.
Al respecto, mencionan a Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador, vinculado anteriormente a la firma. Y, además, otro funcionario del organismo que también trabajó en la empresa.
Ante la alusión de supuestos conflictos de interés por parte de una autoridad y de un profesional del Coordinador, por haber trabajado en AES Gener (actual AES Andes) hace 15 y 10 años respectivamente, desde el Coordinador enfatizaron que "esta es una organización que tiene una gobernanza robusta, con un Consejo Directivo, una Dirección Ejecutiva y profesionales que actúan de manera independiente de los intereses particulares de las empresas".
La alerta del Colegio Médico
El efecto en la salud también fue resentido por el Consejo Regional Antofagasta del Colegio Médico de Chile. El martes, en un comunicado, indicaron que "la situación planteada por la empresa de tener que quemar intensificadamente 94.000 toneladas de carbón previo al cierre el 31 de marzo del 2024, resulta del todo contradictoria con los fundamentos y objetivos perseguidos por la descarbonización y genera una situación concreta de mayor riesgo para la ciudad de Tocopilla y sus habitantes, ya declarada como saturada por MP10 y con índices mayores de diversas patologías comparando con zonas sin termoeléctricas a carbón en Chile".
La entidad detalló, según un estudio publicado en 2019 por la Universidad Católica, "22% mayor riesgo de mortalidad general; riesgo de mortalidad 172% mayor por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón; 86% mayor riesgo de asma; 94% más riesgo de enfermedad isquémicas del corazón".
"Llamamos a las autoridades, especialmente al Coordinador Eléctrico Nacional y a la propia empresa a ser consecuentes con los fundamentos que motivan la transición energética, buscando alternativas adecuadas que permitan evitar mayores daños que los ya generados, a la salud humana y medioambiental", lanzaron.
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