Uno de los desafíos más relevantes que deberá enfrentar Juan Carlos Jobet al mando del Ministerio de Energía será impulsar la reforma a la distribución eléctrica. Y si bien parte de esa discusión se adelantó a través de la ley corta –que busca bajar las tasas de rentabilidad de las empresas-, aún están pendientes otros temas que entran al fondo del modelo.
Aunque se viene trabajando desde el gobierno anterior en el tema, hace unos meses el secretario de Estado reclutó como asesores para este tema al exgerente general de la Compañía General de Electricidad (CGE), Pablo Guarda, y al exejecutivo del grupo Saesa, Gustavo Riveros, con el foco en llegar con una propuesta concreta al Congreso los primeros días de marzo.
Este martes se produjo un hito en la conformación conceptual de las propuestas que se llevarán al Congreso, como parte de lo que está haciendo por encargo del gobierno el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, quien entregó más detalles de los avances.
Un tema central que promete tomarse el debate será la fórmula como el gobierno pretende abrir la competencia a la comercialización de electricidad, que en la práctica significa que los clientes en sus hogares puedan elegir su suministrador, como ocurre hace años en países desarrollados, evitando pasar necesariamente por las empresas que hoy se funcionan en áreas determinadas.
El jefe de la División de Seguridad y Mercado Energético del Ministerio de Energía, José Carrasco, quien fue el vocero del gobierno en este encuentro, señaló ayer que “se encuentran trabajando en un nuevo mecanismo que resuelva los desafíos de la regulación actual y permita el traspaso de precios bajos, resguardando a los clientes y manteniendo la certeza jurídica”.
Esto, porque entre las asimetrías que se buscan tratar están justamente que hoy –y hasta por lo menos 2022- los clientes libres tienen precios más competitivos que los libres, así como diferencias que existen en los contratos regulados y los no regulados.
Sin embargo, el encuentro dejó dudas en el mercado, al menos en los analistas financieros que asistieron al seminario. Un informe de Citi-Banchile, plantean que “las autoridades son hoy más proclives que lo que habíamos anticipado para hacer cambios que podrían liberalizar la comercialización de energía eléctrica, lo que podría impulsar mayores migraciones de clientes del segmento regulado al libre donde los precios de venta actualmente son significativamente inferiores”.
Considerando que las generadoras asumen el riesgo de demanda en los contratos de suministro de energía regulados que han firmado, según advierten, la intención del gobierno podría poner en un escenario negativo a compañías de generación con contratos de compra y venta de energía más antiguos y de mayor precio. Este sería el caso por ejemplo del grupo Enel en Chile.
“El impacto preciso dependerá de la implementación detallada que actualmente todavía está en discusión”, agrega.
En el reporte se agrega que las autoridades están trabajando en un nuevo mecanismo que permita el traspaso de precios bajos resguardando a los clientes y manteniendo la certeza jurídica para las empresas, dado que los contratos que han sido adjudicados se pueden extender por una década.
Dicen que se buscaría incrementar la demanda libre a partir de la reducción paulatina del límite mínimo de potencia (actualmente 500 kv) para acceder a contratos de suministro bilaterales con comercializadores.
Pero además, se propuso como medida permitir a un grupo creciente de usuarios regulados –que podrían estar diferenciados por zona geográfica- acceder a contratos de suministro con comercializadores por una fracción o la totalidad de su suministro.
En el seminario, el Ministerio de Energía reiteró que el compromiso es ingresar en marzo el proyecto de ley al Congreso. Así, se busca que tras la presentación del estudio a modo de insumo para el texto, se inicie en los próximos días de forma intensiva el trabajo prelegislativo y, en paralelo, se redacte el texto final.
Sobre el riesgo que se advierte en el informe de Citi-Banchile, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Carlos Finat, señala que una de las fortalezas de la actual legislación que regula las licitaciones de suministro para las concesionarias de distribución, es que definió un balance adecuado en lo que respecta a los riesgos de los generadores que resultan adjudicados en ellas.
En esa línea, agrega que "la posibilidad de una mayor migración de consumidores, que actualmente son regulados, hacia el segmento no regulado, o de clientes libres, efectivamente aumenta el riego para esas compañías. Eso, debido a que, como no existe en las licitaciones un límite mínimo asegurado en la demanda que deben suministrar, la migración de clientes regulados reduce la demanda que 'ven' las generadoras y según la magnitud de esa reducción se podría afectar gravemente la continuidad de algunas de ellas".
Por esto, el dirigente enfatiza que es muy importante que cualquier cambio que se haga en este sentido se realice en los plazos y condiciones que minimicen el riesgo que perciben los actuales y potenciales suministradores. De hecho, reconoce que frente a la reforma que se avecina ven riesgos: "La reducción de la demanda regulada afecta a todas las generadoras que abastecen a las distribuidoras, sin diferenciar sus tecnologías".
Consultado por si la reducción del límite de clientes libres beneficiará a los actuales clientes regulados al permitirles migrar a precios más convenientes, Finat indicó que el beneficio de esa migración es relativo y que se debe analizar muy cuidadosamente caso a caso. "En primer lugar, porque los nuevos contratos de las distribuidoras, adjudicados a precios históricamente bajos, entrarán en efecto en los años venideros, con la consecuente reducción de precios a los clientes de ese segmento", dice.
Y, además, agrega que "otro aspecto que deben evaluar los consumidores regulados es si el contrato de suministro que podrían lograr como clientes libres con una generadora, aparte de la eventual ventaja en precio, se compara a las condiciones y derechos que les otorga la ley como clientes regulados".
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