La millonaria indemnización que pide la Diócesis de Villarrica al Fisco de Chile en medio del “conflicto mapuche”

“Claramente el Estado de Chile a través de sus policías y Ministerio Publico, fue incapaz de otorgar seguridad y protección”, dijo la Diócesis De Villarrica en una demanda civil de indemnización de perjuicios por falta de servicio, en contra del Fisco de Chile. La entidad atribuyó responsabilidad al Estado por un conjunto de hechos delictivos que habrían perpetrados terceros en el Seminario Mayor San Fidel de Temuco.

“Este espacio de encuentro con Dios, súbitamente se desplomó por la injerencia de terceras personas, las cuales, sin mediar autorización alguna, comenzaron a utilizar una parte del inmueble”, sostuvo en su demanda presentada a fines del año pasado, y patrocinada por el abogado Román Gómez.

“Teniendo la autoridad el deber de seguridad para con las víctimas, ésta no desplegó la actividad necesaria para evitar el peligro creado por el ‘modus operandi’ de grupos cuya organización para cometer conductas violentas ya conocidas, contaba con estructura y planificación”, argumentó la diócesis.

El jurista dijo que los hechos comenzaron a ocurrir en junio de 2014, cuando un grupo de personas de la etnia mapuche ingresaron ilegítimamente y sin mediar autorización al Seminario para ocupar una parte del inmueble, destinándolo a usos personales. “Para resguardar la integridad física de los seminaristas, finalmente se decidió en el mes de julio de 2014, forzadamente desde luego, el traslado del personal, sacerdotes, los seminaristas, con todo lo que ello implica, pudiendo únicamente desocupar la biblioteca del lugar; todo lo demás fue dejado atrás”, dijo la entidad en su demanda, en la cual se explicó que tras esto, “el grupo violentista efectuó oficialmente la toma del lugar, y con ello empezaron a desmantelar todas las instalaciones, repeliendo esta vez de forma violenta a quienes trataron de concurrir al lugar”.

Luego, Diócesis dirigió sus cuestionamientos al Fisco de Chile. “A pesar de que es conocida la intención de estos verdaderos grupos paramilitares de ocupar ilegalmente, o solo usurpar estos terrenos, y luego incluso destruirlos, el Estado y particularmente el Ministerio Público y Carabineros de Chile, garantes de la seguridad de nuestro país, no han efectuado ninguna medida concreta enfocada a resolver este problema o a limitar sus nefastas consecuencias”.

Añadió que si bien se han propuesto medidas para mitigar este problema de forma general, y no enfocada a este caso concreto, “estas han sido deficientes o ineptas, lo cual queda demostrado por los hechos de violencia que se producen continuamente en la zona y los ataques sufridos por mi representada”, sostuvo el abogado.

En su acción judicial, explicó que la responsabilidad del Estado se funda en una -supuesta- falta de servicio: “Mi representada ha sido un blanco en el llamado ‘Conflicto Mapuche’, hecho el cual es de público conocimiento. Los delitos concatenados sufridos llevaron a que se decretaran medidas de protección en favor de mi representada. En esta situación le era exigible a las Fuerzas de Orden y Seguridad, la obligación de considerar el inmueble, donde se ubicaba el Seminario Mayor San Fidel, como punto que debía ser resguardado con un mayor cuidado o diligencia”.

Y añadió: “Teniendo la autoridad el deber de seguridad para con las víctimas ésta no desplegó, conforme al deber de diligencia, la actividad necesaria para evitar el peligro conocido, creado por el ‘modus operandi’ de grupos de sujetos, cuya organización para cometer conductas violentas ya conocidas, contaba con estructura, cohesión, estabilidad, y planificación”.

“En ningún país del mundo ello es exigible”

El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, solicitó rechazar la demanda y las indemnizaciones por daño emergente (que cuantificó en $ 6.249 millones) y por lucro cesante (por $ 1.946 millones): dijo que se ha dispuesto y cumplido  con “múltiples medidas para enfrentar la violencia rural”.

“El Estado, en términos generales, además de haber abordado mediante políticas públicas el fenómeno social involucrado en el denominado conflicto mapuche, ha dispuesto y cumplido a través de sus órganos, durante ya muchos años, múltiples medidas para enfrentar la violencia rural en la Región de la Araucanía, tanto para prevenir e impedir la perpetración de delitos, o, cometidos éstos, para dar protección a las víctimas de tales hechos y procurar el castigo de los culpables, para cuyos propósitos permanentemente se ha incrementado la dotación policial y los recursos materiales destinados a esas labores”, sostuvo el organismo.

Junto a esto, afirmó que en la demanda se está postulando una exigencia imposible de satisfacer en materia de seguridad pública, dada la extensión geográfica de la Región de La Araucanía, con una superficie de 31.858 kilómetros cuadrados, y más de 11.000 mil kilómetros lineales de caminos. Dijo que se pretende hacer civilmente responsable al Fisco por la sola circunstancia de producirse un resultado no deseado derivado de la perpetración de hechos delictivos por terceros extraños a la administración. “En ningún país del mundo ello es exigible, ni esperable”, señaló.

El CDE afirmó que “no es materialmente posible” que se disponga la instalación perpetua de funcionarios policiales en cada predio rural de la Región de la Araucanía, por lo que el Estado debe adoptar las medidas de protección, considerando la asignación de recursos económicos y priorizando aquellas situaciones de protección a la vida de las personas. “Por ello, no es sostenible, tal como asegura la demanda, que por el sólo resultado de un hecho delictual se concluya que el actuar de Carabineros de Chile ha sido defectuoso o negligente”, dijo.