En marzo se cumplen cinco años desde que comenzaron a funcionar los Tribunales Ambientales. Los abogados de Jara del Favero, Javier Naranjo (JN), Javier Ruscica (JR) y Dino Pruzzo (DP) ven que aún hay dudas a raíz de sus fallos, por ejemplo con uno reciente sobre el proyecto hidroeléctrico Cuervo, en Aysén, donde la sede de Valdivia acogió reclamaciones porque consideró que algunas medidas de mitigación propuestas no compensaban adecuadamente el efecto que tenía la iniciativa sobre un humedal.
- ¿Cómo se ven los fallos de los Tribunales Ambientales?
JN: El escenario está un poco incierto con los tribunales, quienes están con un control jurisdiccional muy fuerte, lo que no es necesariamente malo, pero sí hay decisiones que son impredecibles. Esto hace que haya un poco de incertidumbre.
- ¿Esto de lo impredecible, se da entre una sede y otra o incluso en fallos de un mismo tribunal?
JN: Ambas. Hay criterios que no conversan entre los tribunales ambientales y la Corte Suprema, así como la Corte Suprema en ocasiones ha resuelto materias similares de manera distinta.
DP: Antes existía una cierta deferencia técnica de los tribunales hacia la administración. Hoy se ve un control intenso que antes era efectuado por la Corte Suprema y ahora lo hace un tribunal especializado, pero llama la atención que incluso se haga con una institucionalidad ambiental que ha elevado el estándar.
JN: En el caso del fallo de Cuervo, la medida para compensar el efecto en un humedal –que es lo que cuestiona el Tribunal- fue aceptada por un organismo técnico durante la evaluación y luego la justicia determina que no es suficiente. Ahí nace la incertidumbre en lo dispar de los criterios.
- ¿Pero podría el tribunal constatar que la medida no era acorde?
JR: Sí, pero el problema es que la argumentación que usa el tribunal, es que el titular no logró acreditar que la medida fuera la adecuada, pero tampoco acredita que no lo sea.
JN: Pero hay otro punto adicional. El titular renunció formalmente a la RCA y el Tribunal lo sabía, pero de todos modos le ordena a la administración volver a evaluar un proyecto que no se va a ejecutar.
- ¿Qué debería haber pasado?
DP: Hay varias fórmulas, una es dejar sin efecto la RCA y la otra es retrotraer el proceso para reevaluar, pero cuando ya existe una comunicación del titular de que no va a realiza el proyecto y además la sentencia es contraria, no es necesario hacer una reevaluación.
- ¿Es momento de hacer algún ajuste a los tribunales?
JN: Es un sistema relativamente nuevo aún. Nada nace siendo perfecto y todo esto es parte del rodaje, pero creo que han funcionado bien y tienen un rol fundamental dentro de la institucionalidad. El mensaje es que los titulares de proyectos tienen que considerar como una variable –para definir sus plazos y el monto de la inversión- el paso por los tribunales. La descentralización que se hizo con los tribunales ha provocado que haya más acceso a la justicia ambiental. Es propio del Estado de derecho que las decisiones puedan ser revisadas, el tema es que eso se dé con reglas claras, para que los intervinientes sepan cómo se resuelven ciertos temas y así no salgan señales contradictorias.
-¿En qué otros casos se han visto cosas contradictorias?
JN: Hay varios. Por ejemplo lo que pasó con Mina Invierno, donde un recurso de protección fue acogido por la Corte Suprema y ordenó retrotraer el proyecto y se tuvo que volver a evaluar, donde la comisión que antes había aprobado, ahora rechazó. Eso es contradictorio.
En ese caso además, la Corte Suprema decidió entrar a conocer el recurso y lo resolvió, pero hace unos días salió una sentencia algo similar relativa al proyecto El Peñón de Walmart, donde la Corte decidió no conocer el recurso y derivarlo a los Tribunales Ambientales.
En la Corte Suprema estas definiciones dependen de cómo está integrada la sala. En la época del ministro Pedro Pierry se había establecido lo que se llamaba la "vía idónea", que era rechazar los recursos de protección por corresponder la competencia a los tribunales especializados, pero con el regreso del ministro Sergio Muñoz a la Tercera Sala ha comenzado a marcar su postura en votos de minoría o incluso con algunos fallos, entrando a revisar el fondo del recurso.
Esto también se ha visto en los Tribunales Ambientales en que en una sede se aplica una tesis, y otra sede utiliza una distinta.
-¿Qué casos hay que estar atentos?
JN: Hay proyectos relevantes que van a ser resueltos prontamente, como la Línea de Transmisión Cardones-Polpaico, que hoy está próximo a dictar sentencia el Segundo Tribunal Ambiental; también Dominga, para conocer la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ya fijó para el 23 de enero los alegatos. Bueno, Mina Invierno probablemente se va a judicializar de nuevo.
-¿Qué les parece que las votaciones en contra de las Comisiones de Evaluación sean a pesar de tener informes de Evaluación favorables por parte del SEA?
DP: Al final Dominga y Mina Invierno venían con recomendación de aprobación. El Informe Consolidado de Evaluación es solo vinculante en aspectos normados, pero obviamente si el inversionista tiene un informe favorable, debiera haber una cierta seguridad de que se va a aprobar el proyecto.
JN: Hay casos –tanto para respaldar o rechazar proyectos- donde las votaciones no se condicen con el ICE. El problema es que cuando la inversión es muy elevada, adquiere una mayor relevancia. Dominga y Mina Invierno no son los únicos, con certeza hay más de diez.
-¿Ven que hay una crisis en la institucionalidad ambiental?
DP: No, pero uno podría debatir si hay algo que no se está haciendo bien en materia de evaluación ambiental que justifique el control intenso judicial de materias que son estrictamente técnicas. Creo que es legítimo plantear que hay algo que está fallando.