La aprobación en general y unánime el martes en el Senado del proyecto de ley que rebaja la dieta de $9,3 millones mensuales de cada parlamentario generó un falso optimismo de que la iniciativa avance aceleradamente en la Comisión de Constitución, donde se analizará la reforma constitucional que daría pie a esta modificación. Ello, porque pese al amplio apoyo que concita rebajar el sueldo de los parlamentarios, no son pocos los que coinciden en que la iniciativa "es de muy mala factura técnica", lo que generaría una serie de vacíos e inconstitucionalidades.
El proyecto que aprobó el Senado tiene su origen en una moción presentada el 10 de abril de 2014 por los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson -suscrita por otros sus pares de la entonces Nueva Mayoría- y modifica el artículo 62 de la Constitución, que fija la dieta de los parlamentarios igualandola al sueldo de los ministros de Estado: $9,3 millones mensuales. En reemplazo, la iniciativa, establece que las remuneraciones y dietas de autoridades y jefaturas de la administración del Estado serán fijadas cada cuatro años por una comisión creada para este fin e integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos designados por el Banco Central y uno por el Presidente de la República.
Y es aquí donde surge el primer reparo de parte de algunos senadores, ya que el proyecto contiene un artículo transitorio que establece que en el lapso entre la aprobación de la reforma y la creación de la comisión que fijará las dietas, esta se rebajará en un 50%. Sin embargo, algunos parlamentarios estiman que aquello no es viable, ya que "generaría un mal precedente y en el caso de los parlamentarios el riesgo de corrupción es enorme", según señala el senador Felipe Harboe (PPD), en su calidad de integrante de la Comisión de Constitución.
Artículo transitorio
Una mirada similar sobre este punto tiene el senador Carlos Bianchi (independiente). A su juicio, el artículo transitorio aprobado en el primer trámite de la iniciativa corre el riesgo de generar falsas expectativas en la opinión pública, ya que podría ocurrir que el organismo que se conforme para fijar las dietas, proponga una cifra menor al 50%.
El presidente de la Comisión del Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, coincide. Y plantea que la definición del monto de la dieta hay que dejársela a un organismo que genere la misma confianza que la Alta Dirección Pública y fije un marco de a quiénes abarca la reducción de remuneraciones, corrigiendo las distorsiones que existen actualmente.
Ello, porque otro reparo acerca del proyecto es qué remuneraciones y dietas son las que fijará el organismo creado para ello. Mientras a Harboe le preocupa que, en el marco de la rebaja a todas las altas autoridades de la administración pública, se incluya al Poder Judicial pues perjudicaría la carrera funcionaria; en el otro extremo, Bianchi sí está de acuerdo en que se incluya a los altos cargos del Estado, pero le preocupa que tal como está redactada actualmente incluya a todos los funcionarios públicos.
También complica a algunos senadores que la iniciativa no distinga entre funcionarios de carrera y de elección popular. Y que, a juicio de Harboe, le quite al Presidente de la República la facultad de fijar las remuneraciones de los funcionarios de la administración pública.
Otro aspecto que inquieta a algunos senadores es que la reforma no se extiende a los asesores de gobierno, quienes en su mayoría trabajan 'a contrata' con altas remuneraciones, que se les aumentan con la asignación de 'función crítica', lo que termina inflando drásticamente sus remuneraciones, según plantea Harboe. A estos funcionarios, desde el punto de vista del senador, también se les debería considerar en el proyecto, en lo que coinciden algunos de sus pares.
Monto de la rebaja
En general, a los parlamentarios les complica hablar de cifras concretas, pero es un hecho que no existe acuerdo en torno al 50%, ni siquiera en términos transitorios. Por otro lado, hacen hincapié en que existe mucha desinformación en la ciudadanía, por cuanto se suelen meter en un mismo saco las dietas y los recursos que el Estado gasta en la función parlamentaria o asignaciones, montos que no reciben directamente los legisladores.
Otro de los argumentos que esgrimen algunos parlamentarios para defender la dieta, pese a admitir que ésta se debe adaptar a la nueva realidad social del país, es que tienen dedicación exclusiva al cargo. Una diferencia marcada con otros países, como por ejemplo Canadá, donde no existe este impedimento. De ahí que estimen que los estudios que se realizan cada cierto tiempo y que dejan a Chile entre los países con la dieta parlamentaria entre las más altas, si no la más, "deben mirarse con cuidado",
Pero poner una cifra concreta de rebaja no ha sido fácil durante este debate. Tanto es así que en el año 2016 el Ministerio de Hacienda se cruzó en una dura polémica con los parlamentarios, cuando el coordinador de Modernización del Estado de esta cartera, Enrique Paris, señaló que usando el Ranking de Paridad de poder de compra de los países de la OCDE, en términos brutos "si las dietas chilenas fueran rebajadas un 20%, seguirían siendo las más altas del mundo, seguidas por las de Italia y Estados Unidos; si se las redujera en un 32%, pasarían a ser la segunda más alta; y, si se rebajaran en un 37%, serían la tercera en la clasificación".
No obstante, esta resistencia no es particular de Chile, también ocurre en otros países del globo. Pero algunos han tomado la iniciativa, como es el caso de México que empujado por la situación económica y un escenario similar al chileno, en noviembre del año pasado llevó al presidente Manuel López Obrador a disminuir las remuneraciones de los parlamentarios, en el marco de un plan de austeridad que incluyó también a funcionarios públicos.
Discusión sistémica
Por lo pronto, los reparos que genera la propuesta que fue aprobada en general deberán ser corregidos a través de indicaciones que tanto el Ejecutivo como los parlamentarios tienen plazo hasta el 29 de abril para presentar.
El senador Harboe, por su parte, señala que alguna indicación debe apuntar a circunscribir claramente qué autoridades quedarían bajo el control del organismo que se cree para fijar las remuneraciones. En todo caso, el parlamentario ya está elaborando una para excluir al Poder Judicial, pues estima que afectaría la carrera funcionaria, y otra que extiende la aplicación de la ley a asesores de gobierno.
Quien ha investigado este tema desde hace años, es la representante asistente del PNUD en Chile, Marcela Ríos. A su juicio, el tema de la rebaja de las dietas es complejo, "porque es difícil comparar con otros cargos dentro y fuera del país", pero también porque "hay que ser cuidadosos en transformar el tema en un discurso antipolítica", advierte.
En este sentido, la investigadora es enfática en aclarar que "los recursos que se invierten en la democracia no son malgastados".
Ríos pone un punto que podría resultar controversial, ya que plantea que comparar las dietas parlamentarias con las remuneraciones de los ministros resulta complejo, dado que a estos últimos se les exige dedicación exclusiva y que esto se cumpla es rigurosamente fiscalizado por la Contraloría; mientras que los parlamentarios –asegura- no tienen esta limitación, ya que si bien hacen una declaración de intereses, no son fiscalizados con la acuciosidad de los ministros.
De ahí que, desde su punto de vista, "es importante rebajar la dieta si se aborda con seriedad, con todos los elementos, haciendo una discusión más sistémica de cómo funciona y cómo se fiscaliza".
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