Mientras continúan las negociaciones entre el gobierno y los senadores y diputados de la comisión de Hacienda ampliada para consensuar un plan de emergencia para los próximos 24 meses, los timoneles de partidos de la oposición volvieron a insistir en separar los pilares de ingresos de las familias del marco fiscal y las medidas de reactivación.
En una declaración pública, los presidentes del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz; del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde; del Partido Radical (PRSD), Carlos Maldonado; del Partido Demócrata Cristiano (DC), Fuad Chahin; de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez; y del Partido Liberal (PL), Luis Felipe Ramos, coincidieron en que los datos de la evolución de la pandemia muestran el "rotundo fracaso" de la estrategia sanitaria del gobierno, enfatizando que las propuestas económicas y sociales "no pueden ignorar esta dramática urgencia".
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"Una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios de la próxima semana. Llamamos a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas. No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al Covid", continúa el texto.
Los timoneles de los partidos opositores entregan cuatro propuestas, ad portas de que el Ejecutivo y los parlamentarios logren un consenso en el plan de emergencia. Los ejes de la propuesta opositora son un nuevo Ingreso Básico de Emergencia, Marco para la reactivación y generación de empleo, Marco fiscal, y Transparencia y Observatorio Ciudadano.
A continuación, los ejes planteados por los partidos:
1) Ingreso Básico de emergencia (IBE):
a. Monto y cobertura: Es indispensable explicitar que beneficiará a todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella sin discriminación alguna, esto es: igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia .
b. Elegibilidad: El criterio de elegibilidad es el nivel de ingreso del hogar para aquellos que pertenecen al 80% más pobre según criterios ISE y que estén inscritos en el RSH.
c. Automatizacion: Los hogares no requerirán postular a la renta básica de emergencia. Esto significa que el beneficio se entregará a todos los hogares que cumplen los requisitos de estar en el 80% de ISE y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
d. Temporalidad: El ingreso de emergencia será recibido por todas las familias que califiquen durante los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente y según la realidad sanitaria lo indique, se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral.
e. Simplicidad: El ingreso de emergencia se depositará en la cuenta RUT de algún miembro (beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente por la mujer del hogar. Para quienes no tengan cuenta RUT se debe normar la posibilidad de que el BancoEstado abra automáticamente cuentas a quienes acceden a este beneficio. Complementariamente a esta alternativa, puede además implementarse la entrega directa del ingreso mensual de emergencia a dichos hogares por parte del IPS.
Proponemos además que se complementen los ingresos de las municipalidades para que puedan asumir adecuadamente las tareas que se le han asignado para controlar la pandemia. También que la ley de Protección del Empleo rija mientras dure la pandemia y acelerar la promulgación de la "Ley Corta que modifica la Ley Nº21.227 sobre protección al empleo" en materia de fuero maternal.
2) Marco para la reactivación y generación de empleo:
a. El impulso fiscal durante el año en curso debe ser muy significativo. Esto es fundamental para contener el espiral recesivo en que actualmente nos encontramos y preparar el inicio de la reactivación. Por lo mismo, creemos necesario postergar el inicio de la necesaria consolidación fiscal que seguirá a este esfuerzo, hasta el año 2022. La reactivación de la economía, además, será diferenciada, en función de la duración de la pandemia y la diversidad de situaciones sanitarias por región.
b. La reactivación segura requiere apoyo estatal en financiamiento y asistencia técnica para dotar a las PYME de protocolos sanitarios y asegurar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible.
c. La inversión debe ser una gran palanca de reactivación y generación de empleo.
d. Apoyo a liquidez de grandes empresas. El eventual apoyo debiera ser caso a caso, asegurando criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades, inversiones fuera del giro, pago de remuneraciones a altos ejecutivos, ausencia de vínculos con paraísos fiscales y compromiso con normativa laboral y ambiental. Las empresas deberán ceder, temporalmente, acciones y proveer al Estado de adecuados colaterales a fin de cautelar el patrimonio público.
e. Apoyo temporal a la contratación de mujeres y jóvenes del 60% más vulnerable; para todo trabajador contratado y para trabajadores reincorporados por empresas acogidas a ley de Protección del Empleo, asociado a un programa de capacitación masiva de carácter público para las y los trabajadores, focalizados en materia sanitarias y en tecnologías de información.
3) Marco Fiscal: La propuesta de marco fiscal realizada por el ministro Ignacio Briones es insuficiente. Nos parece imprescindible destinar al menos US$12 mil millones para enfrentar la emergencia Covid, cuidando, además, que esos fondos no provengan de meras subejecuciones del Presupuesto regular, a fin de mantener el necesario impulso fiscal. Si bien consideramos apropiada la idea un fondo extrapresupuestario para garantizar flexibilidad y oportunidad de los gastos, su gobernanza debe ser cuidadosamente definida.
El Gobierno no ha transparentado adecuadamente las cifras de ejecución presupuestaria; esto es indispensable para construir un acuerdo sobre esta materia. Creemos que el presupuesto del 2020 debe crecer entre 12 y 16% respecto del presupuesto originalmente aprobado, para atender adecuadamente las necesidades de la pandemia. Este, a la vez, debe mantener en 2021 el déficit estructural proyectado para 2020, calculado este como la suma de la ejecución del fondo Covid por al menos US$ 4.000 millones y la ejecución del Presupuesto actualizado a junio con, a lo más, una subejecución de US$ 2.000 millones. Subejecuciones mayores deben ser reasignadas a otros gastos de corto plazo o, alternativamente, sumadas al Presupuesto del próximo año (por encima de la propuesta).
4) Transparencia y Observatorio Ciudadano: Haría una enorme diferencia desde el ángulo de la actividad económica que la acción del fondo Covid se financiara con recursos frescos versus mediante la subejecución del presupuesto regular. Por lo anterior nos parece imprescindible la creación de un observatorio de ejecución fiscal durante la pandemia, compuesto por representantes no gubernamentales designados mediante una fórmula a convenir que, provistos de la información oportuna de ejecución de las diferentes partidas, pueda garantizar a la ciudadanía la adecuada consecución de los objetivos perseguidos por este acuerdo. Entendemos la flexibilidad que requiere el Ejecutivo para ir asignando fondos conforme las urgencias que se vayan presentando, pero la contracara de aquello debe ser la transparencia frente a la ciudadanía y los sectores que contribuyeron a otorgarle tal flexibilidad.
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