Hace más de dos semanas que el Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2023, el primero de la administración Boric y que propone un crecimiento del gasto en 4,2% y, como novedad, le dará nuevas facultades a los Gobiernos Regionales (Gores) para que ejecuten sus recursos a través de su propia partida presupuestaria, que, a diferencia de lo que sucede hoy, ya no tendrá que pasar por el intermediario del Ministerio del Interior.
Hoy la iniciativa inició su discusión en el Congreso, pero todavía hay cuestionamientos. En su calidad de gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valora el reconocimiento a la facultad del gobierno regional para ejecutar programas, pero todavía cree que son medidas insuficientes.
“Los avances son bastante mínimos y parciales. Recordemos que nosotros estamos aspirando como gobiernos regionales a la autonomía respecto al gobierno central, a la flexibilidad o a la eliminación del tutelaje por parte de la Dipres”.
“Los avances son bastante mínimos y parciales. Recordemos que nosotros estamos aspirando como gobiernos regionales a la autonomía respecto al gobierno central, a la flexibilidad o a la eliminación del tutelaje por parte de la Dirección de Presupuesto (Dipres)”, señala.
Explica que todas las resoluciones de los Gores en cuanto a modificaciones presupuestarias tienen que pasar por la Dipres y que el proyecto actual no considera “aumento significativo” -que sería de 0,6% en inversiones para la RM- ni transferencia de los ministerios a las regiones, al igual que apunta a que no se da autonomía para gasto.
“Cuando era alcalde de Peñalolén tenía infinita más autonomía de la que tengo hoy día, que tengo que pedirle permiso a la Dipres por todo”, asevera.
Acerca de qué le agregaría al proyecto, el gobernador menciona que para obtener una descentralización se necesitan tres ejes: mayores recursos que se definan en las regiones, independiente de si su origen es por parte de los ministerios o no; traspaso de competencias; y flexibilidad para administrar los recursos.
“Los titulares son bastante más grandiosos que la realidad y yo siento que acá hay una promesa incumplida por parte del Gobierno en cuanto a transferir poder real a las regiones”, dice.
Señala que se va “demasiado lento” y con un “alcance bastante limitado” con el proyecto y que como gobierno regional le han dado señales al gobierno en busca de competencias significativas.
“Hemos dicho ok, no nos den más dinero el primer año - 2023-, pero denos más flexibilidad, o sea, permítannos hacer modificaciones presupuestarias, cambiar un ítem a otro, sin tener que pasar por el tutelaje de la Dipres”, afirma.
Ejecución del presupuesto
Según el informe de ejecución presupuestaria de los programas de inversión a agosto de este año de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Región Metropolitana ha ejecutado el 39,1% -de un promedio nacional de 35,4%.
Al respecto, Orrego asegura que es una cifra que se tiene que “evaluar hasta el final”, en diciembre, porque “probablemente nosotros vamos a estar en el 97%, por ahí, de la ejecución”.
No obstante, advierte que ha sido un “año difícil” y que ha habido una tormenta perfecta para la ejecución de presupuesto para inversiones: el alza de precios de los materiales de construcción, la pandemia y la quiebra de empresas que abandonaron obras o con licitaciones que quedaron abiertas, lo que las ha postergado para el próximo año.
Dicho lo anterior, sostiene que un componente importante de la dificultad para gastar más rápido, “es la cantidad de burocracia y de tutelaje que tenemos”, dice.
En su opinión, las distintas inversiones tienen que pasar por la Dipres y después, muchas de ellas y debido a los montos, pasan por la Contraloría, con un proceso que significa pedir permiso para hacer la modificación presupuestaria, pedir la toma de razón por las bases de licitación y otra por la adjudicación.
“La verdad es que tenemos controles excesivos que dificultan la ejecución, cuando lo que deberíamos tener son controles ex post, es decir, que la Contraloría audite lo que hicimos durante el año”, sugiere.
En la cartera de inversión, el gobernador asegura que tienen proyectos “grandes”, los que contemplan la construcción de cuatro cuarteles de Policía de Investigaciones, pavimentación de cerca de 70 kilómetros de vereda, cuatro proyectos de parques -el Cerro Chena, Ortuzano, mirador en el Cerro Renca, María Pinto-, el Mapocho Pedaleable y el proyecto Nueva Alameda Providencia.
Aunque advierte que la tutela de la Dipres sobre los Gores, sumado a la burocracia del Estado “hacen que no tengamos la flexibilidad necesaria para que podamos ejecutar el presupuesto como corresponde”.
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