Marcel profundiza en defensa a directora de Dipres y apunta a su "brillantez" por lograr el histórico ajuste fiscal de 2022
El ministro de Hacienda enfatizó nuevamente que los recursos cuestionados en el marco del caso Convenios corresponden a las reglas del Presupuesto 2022, legislados en el gobierno previo.
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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó este lunes en su defensa a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, quien ha sido cuestionada por la oposición en el marco del caso Convenios por supuestamente flexibilizar los requisitos para las transferencias de recursos de los Gobiernos Regionales (GORE) hacia fundaciones.
Luego de que el domingo el secretario de Estado dijera que considera a Martínez como la mejor titular de Dipres que ha conocido, incluyéndose a sí mismo -ejerció como director de Presupuestos entre 2000 y 2006-, Marcel especificó hoy que uno de los argumentos es que le tocó implementar un recorte del gasto público histórico en el 2022, en medio de la pandemia y un cambio de Gobierno.
"Este país ha tenido muy buenos directores de Presupuestos, yo los he conocido prácticamente a todos. Rosanna Costa, Sergio Granados, José Pablo Arellano, que fue en su momento mi jefe", partió señalando Marcel, en el marco de una conferencia de prensa para explicar las medidas para las PYME del pacto fiscal, donde fue acompañado por el titular de Economía, Nicolás Grau.
"A ninguno de nosotros le tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos durante el 2022. Ese ajuste fiscal no solamente fue profundo, sino que además se hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. Por algo tuvimos un mejoramiento en la distribución del ingreso y una reducción de la pobreza medida por la Casen a fines de 2022 y comienzos de 2023", argumentó el jefe de las finanzas públicas, agregando que "a ninguno de nosotros, y me incluyo yo mismo, nos tocó asumir una tarea de esa envergadura. Y Javiera Martínez lo hizo con brillantez".
Cambios comenzaron a aplicarse este año
El ministro Marcel recalcó que cualquier modificación a la normativa presupuestaria se realizó para el erario de este año, mientras que la mayoría -si no la totalidad- de los convenios cuestados corresponden a transferencias realizadas con el esquema imperante en 2022, legislado durante el Gobierno anterior.
"Del Presupuesto 2022 al Presupuesto 2023, lo más importante que cambió es que hasta el 2022 los Gobiernos Regionales no tenían capacidades para poder ejecutar sus presupuestos, sus proyectos. ¿Qué entendemos por ejecutar? Significa que tuvieran la capacidad para planear las bases de una licitación, llevar a cabo una licitación, resolverla y hacer el seguimiento a la ejecución de un proyecto. Esas capacidades los Gobiernos Regionales no las tenían y, por lo tanto, tenían que recurrir, no de manera excepcional, sino que de manera totalmente generalizada, a convenios", explicó.
El ministro señaló que, con la información disponible, la evidencia muestra que dicho cambio en lugar de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro en realidad "se desestimuló", ya que los GORE pudieron ejecutar con sus propios recursos un proyecto, o hacerlo con instituciones públicas.
"Eso contrasta con la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto, relación de causalidad que tiene una limitación lógica fundamental, que es que la enorme mayoría de los casos que están siendo investigados de convenios de Gobiernos Regionales con fundaciones e instituciones sin fines de lucro son del año 2022", cerró el secretario de Estado.
En números gruesos, detalló que en 2022, con las normas previas al Presupuesto 2023, cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaban a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Mientras que hoy dicha proporción se redujo a un 20%.