La advertencia de Hacienda: condonar el CAE como proponen diputados costaría más que financiar la PGU y expondría a Chile a demandas internacionales

La educación es uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno por estos días.

El paro anunciado por el Colegio de Profesores tiene al Ejecutivo negociando con el magisterio para evitar una paralización en momentos que la prioridad de La Moneda es reactivar el sistema educativo, afectado todavía por la pandemia del Covid-19.

Pero no es lo único, ya que el Gobierno también está comprometido con modificar el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), mediante el diseño de un nuevo esquema de financiamiento para la educación.

En esa línea, son varias las mociones parlamentarias que apuntan en una línea contraria: más bien, a condonar o "extinguir" la deuda estudiantil.

Un tema del cual se hizo cargo la tarde del martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el marco de una presentación realizada ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado lanzó duras advertencias en caso de avanzar en una condonación generalizada de las acreencias estudiantiles, como propone una moción de los diputados Gaspar Rivas, Pamela Jiles y René Alinco, lo que implicaría millonarios esfuerzos fiscales, poner en duda el efecto de la esperada baja de tasa de interés del Banco Central, e incluso exponer a Chile a demandas internacionales.

En primer lugar, Hacienda advirtió que condonar el CAE como propone la reforma constitucional de Rivas puede tener un "efecto sistémico" sobre la banca, ya que se comprometería su solvencia al ser partícipe del sistema de financiamiento estudiantil, "aumentando el riesgo de los ahorros de las personas".

En su PPT, la autoridad planteó que una condonación de esta magnitud llevaría a que un banco -el que no especificó- registrara un requerimiento de capital regulatorio por debajo de los mínimos solicitados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). "Como ha señalado la CMF en oficio enviado a la comisión (de Educación), esto podría generar una crisis de confianza con fuertes efectos en el crédito y en la actividad económica", señaló.

Asimismo, el ministro recalcó que una condonación o extinción de la deuda restaría interés a los bancos de participar en futuras licitaciones del CAE, también impactando en la "efectividad" de otros programas con garantías fiscales, como el Fogape y Fogaes.

"Esto podría contrarrestar el efecto positivo en el crédito de las esperadas bajas a la tasa de política monetaria", fue uno de los principales argumentos de Marcel.

A diciembre de 2022, un 58% de la cartera del CAE es propiedad del Fisco y un 42% de la banca.

Demandas a Chile

Otro punto no menor que advirtió Hacienda fue la naturaleza jurídica de la deuda, hoy en manos de los bancos pero también del Estado.

Así, planteó que la extinción de una deuda privada -como propone la reforma constitucional que se tramita en la Cámara- supone una "forma de expropiación" sobre un título ejecutivo.

"La ausencia de una compensación económica ante tal expropiación arriesga al Estado de Chile a demandas por vulneración del derecho de propiedad, tanto a nivel nacional como internacional", enfatizó el ministro.

Profundizó señalando que los inversionistas extranjeros con participación en las instituciones financieras afectadas podrían utilizar los mecanismos de resolución de controversias entre Estado e inversionistas. "Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de las rentas vitalicias, como consecuencias de los retiros previsionales", recordó.

Ya yendo a los costos económicos, Hacienda planteó que en el caso de que se determine la responsabilidad del Fisco chileno, deberá resarcir el daño "con cargo a todas las chilenas y chilenos".

De esta forma, calculó que aquello le significaría al Estado un costo de al menos $ 5,4 billones, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2022, lo que "podría destinarse a otros objetivos de interés público comprometidos por este Gobierno, incluyendo la ampliación de derechos sociales, entre otros", argumentó el economista.

Pero el costo financiero no se limita a eso. Marcel planteó que debe agregársele el gasto directo para el Fisco por la condonación de los créditos en poder del Estado.

Ahí, el costo total ascendería a 3,6% del Producto, "más que el costo de la PGU (de 2,4% del PIB) y de su eventual aumento a $ 250.000, que requiere de 0,6 puntos porcentuales adicionales del PIB", lanzó.

Los planes a futuro: condonación "parcial, justa y progresiva" y nuevo sistema de créditos

Además de oponerse al proyecto de condonación o extinción de la deuda educativa de los citados diputados, Marcel advirtió que dicha moción "tampoco se hace cargo del desafío de fondo", ya que no pone fin al CAE ni tampoco establece un mecanismo de financiamiento que lo reemplace.

De esta manera, el ministro reveló que el Ministerio de Educación está liderando una mesa intersectorial buscando construir un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior, "que reemplace, modernice, unifique y simplifique los instrumentos que hoy existen para estudiantes que no acceden a la gratuidad".

"La propuesta contempla también la implementación de un plan de repactación con una condonación parcial, justa y progresiva de las deudas educacionales, que permita una transición coherente y armónica hacia un nuevo sistema", cerró el ministro, recordando que en la cuenta pública del primero de junio el Presidente Gabriel Boric comprometió presentar una iniciativa en esta línea luego de asegurar los recursos mediante un pacto fiscal.

Luego de escuchar la exposición, la comisión de Educación rechazó la idea de legislar de la reforma constitucional que condonaba el CAE.