Hacienda dice que mayoría de convenios cuestionados ocurrieron con el Presupuesto del gobierno anterior y niega que hoy se rebajaran los controles

Ambos pidieron acudir. El escenario político lo ameritaba. El escándalo por el caso Convenios, que comenzó salpicando al Ministerio de la Vivienda, para luego extenderse a la cartera de Culturas y los Gobiernos Regionales (Gores), recayó esta semana sobre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿La razón? En los últimos días se ha apuntado a una eventual relajación en los controles presupuestarios en los Gores que habría aplicado la directora de Dipres, Javiera Martínez, y que habría permitido algunos de los escándalos que se han conocido en el último mes.

Martínez y Marcel recalcaron que la falta de regulación presupuestaria de los GORE previa a 2022 derivó en que se establecieran convenios con entidades públicas y privadas para ejecutar proyectos.

Sin embargo, la ingeniera y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acudieron este miércoles a la comisión del ramo del Senado para aclarar las dudas y tratar de desmitificar algunos puntos.

Con una presentación de 23 láminas bajo el brazo, las autoridades explicaron cómo funcionaba la regulación de los traspasos de recursos antes de la Ley de Presupuestos 2023 y los cambios incorporados en la normativa actual.

Así, tanto Marcel como Martínez partieron explicando que hasta antes de la elección de gobernadores regionales, las funciones de los Gores estaban centradas principalmente en la asignación de recursos -tanto directa como indirecta-a proyectos de inversión.

Pero con la reforma constitucional que permitió la elección democrática de dichas autoridades, se establecieron ámbitos de competencia, como el desarrollo de fomento de actividades productivas, el desarrollo económico, cultural y social, el ordenamiento territorial, y se fijó un procedimiento para transferir competencias a los GORE.

Pese a ello, continuaron, no se modificaron las atribuciones presupuestarias de dichas entidades, lo que quedó entregado a la Ley de Presupuestos y a la futura dictación de una ley de rentas regionales, esta última ingresada al Congreso por el Ejecutivo bajo el nombre de "Regiones Más Fuertes".

"Como producto de la falta de acción -y no contando con unidades ejecutoras que se hicieran cargo de diseñar bases, licitar y fiscalizar la ejecución de proyectos-, la labor de los GORE se restringió a la suscripción de convenios, con entidades públicas y privadas, que se hicieran cargo de dichas tareas", enfatizaron Martínez y Marcel.

Junto con señalar que por ley la Dipres "no tiene funciones ejecutivas ni fiscalizadoras", sino que más bien es el órgano técnico encargado de proponer la asignación de recursos a través de la Ley de Presupuestos, Marcel recordó los ajustes que se realizaron en el erario 2022 que abordaron materias como los traspasos vía convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, así como las correcciones que se realizaron en el texto del 2023.

Así, señaló que en medio de la aprobación de la elección de los GORE, sin tener las potestades de ejecución y con el aumento en la cantidad de regulaciones (glosas), se produjo un retraso en la ejecución de los presupuestos de las regiones, ya que a junio de 2022 apenas habían gastado un 25,7% de sus fondos, versus el 46,3% del Gobierno Central al mismo período y al 45,8% de los GORE a junio de este año.

"La combinación de la ausencia de facultades y recursos operacionales, más el cúmulo de regulaciones, incentivaban a los GORE a operar mayoritariamente a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. El hecho de que la abundancia de regulaciones no impidiera que los GOREs recurrieran a convenios, y que en ese proceso se produjeran abusos, revela que dichas regulaciones no eran efectivas", recalcó el ministro de Hacienda.

Lo que se hizo en 2023

Dado este diagnóstico, Hacienda y Dipres enumeraron las medidas incorporadas en la Ley de Presupuestos 2023, la primera que elaboró esta administración y que está vigente desde el primero de enero-.

Por ejemplo, se equiparó el tratamiento de los GORE con el del resto de la administración central, creando partidas presupuestarias propias, donde se "mejora la rendición de cuentas", dijo Marcel; se fortaleció la capacidad ejecutora propia para que ellos mismos puedan llevar a cabo programas; se incentivó la transferencia a entidades públicas por sobre a entidades privadas y su forma de registro para que se igualara a la situación del Gobierno Central; y se amplió la exigencia de utilizar mecanismos concursables en la asignación de recursos y se "robusteció" la regulación de la asignación directa.

Así, tanto Martínez como Marcel explicaron la supuesta eliminación del requisito de dos años de antigüedad para que instituciones privadas puedan ejecutar recursos de los GORE vía convenios, señalando que se removió ese requisito en una de las glosas porque ya era parte de la regulación general tanto para las transferencias concursables como las directas. Dijeron que con esto se eliminaba una "redundancia" en la regulación.

Por ejemplo, detallaron que ya en 2022 la glosa que regulaba la entrega de fondos concursables abordaba los dos años de antigüedad, pero que no hacía referencia a aquello respecto a las transferencias directas. Por lo tanto, para este año se aumentó el porcentaje de recursos que serán concursables. También explicaron que se limitaron los convenios a materias como por ejemplo la mantención de parques y la sanitización de espacios públicos.

Marcel y Martínez compararon con lo que existía en el Presupuesto de 2021 y 2022, en los que se excluye de todos los procedimientos concursables los recursos que se destinen a teatros y/o cines regionales o municipales, actividades de carácter social, y actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar directamente el GORE, lo que ya está más regulado en el erario 2023.

En la misma línea, entregaron información respecto a los montos de las transferencias de capital de los GORE que son ejecutados por instituciones privadas sin fines de lucro, las que pasaron de 44,1% en junio de 2022 y 55,9% a diciembre de 2022, a 20,6% a junio de este año.

"Algunos dicen que en 2023 se relajaron las exigencias y quiero ser claro: en el Presupuesto 2023 no se redujeron los estándares ni exigencias para las transferencias y los convenios. Le pido a los parlamentarios que digan dónde se reducen esas exigencias", señaló el ministro Marcel, agregando que si bien puntualizó que la mayoría casos investigados corresponden a 2022, con el erario heredado del Gobierno anterior, "esto no quiere decir que haya culpa" de la administración previa, ya que se presume buena fe.

Casos investigados en su mayoría de 2022

Otra de las diapositivas que llamó la atención entre los senadores fue cuando Marcel y Martínez entregaron detalles sobre la temporalidad de los convenios cuestionados tanto por el Ministerio Público como por la Contraloría.

Así, explicaron que de las 37 fundaciones investigadas por la Fiscalía, en el marco del programa de campamentos del Minvu, transferencias desde Gores o traspasos desde otros organismos públicos, 34 abarcan el marco de operaciones en 2022 con el esquema normativo previo, mientras que de las 27 resoluciones cuestionadas por la Contraloría bajo el mismo criterio, 22 corresponden al año pasado.

Los senadores plantearon diversas consultas a la autoridad, por lo que se citará a una próxima reunión de la comisión para despejar dudas.

El mensaje de Marcel ante empresarios:
“El actual gobierno en sus inicios no tenía el crecimiento como un tema central”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió ayer el pacto fiscal frente a una audiencia de empresarios en el seminario Latin American Cities Conferences 2023, organizado por el Council of the Americas, junto con destacar que el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) a junio muestra un aumento de la inversión proyectada y el acuerdo del royalty para dar más certidumbre a los proyectos mineros, algo -dijo- que podría imitarse con las actuales discusiones tributarias.
También mencionó la importancia de las condiciones financieras, recordando que las expectativas del mercado son de que la tasa de interés llegue cerca del 7% en términos nominales a fines de este año, al mismo tiempo que las proyecciones de crecimiento de la economía se han ajustado al alza.
Explicó que “es cierto que el actual Gobierno, en sus inicios, no tenía el tema del crecimiento como un tema central, en el programa de gobierno prácticamente no se encuentra la referencia de crecimiento, pero también es cierto que durante estos meses, durante este año y medio hemos ido llenando esa agenda”.