Como ya es tradición, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó su análisis del escenario macro y presupuestario entregado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), luego de que hace dos semanas el Ejecutivo actualizará sus estimaciones.
El documento del CFA se enfocó principalmente en el "ajuste prudencial" que incorporó el gobierno a los ingresos derivados de los contratos de explotación del litio, estableciendo que los ingresos que superen un umbral promedio de rentas de los últimos cuatro a cinco años se ahorrarán.
El Consejo presidido por Jorge Rodríguez Cabello valoró la incorporación de esta regla para el tratamiento de las rentas del denominado "oro blanco".
“Constituye un avance para abordar los desafíos planteados por el CFA sobre el posible carácter transitorio de parte de dichos ingresos”, señaló el organismo.
Pese a lo anterior, la entidad advirtió que algunos aspectos "importantes" de sus recomendaciones previas sobre la materia "no han sido considerados" por el gobierno.
"El Consejo entiende que la propuesta de la Dipres es una metodología preliminar y parcial, susceptible de ser perfeccionada, antes que sea oficializada en el respectivo reglamento de cálculo del BE (balance estructural", prosiguió el documento.
Así, señaló que una de las recomendaciones no acogidas más relevante dice relación con que el cambio metodológico para hacer un "ajuste prudencial" a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no solo a una parte.
"Según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio, implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”, recalca el CFA.
Según sus estimaciones en base a datos de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), dichos contratos representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA planteó que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.
Dado lo anterior, el Consejo recomendó a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio, o buscar otro mecanismo alternativo para asegurar un ajuste prudente.
Otra de las recomendaciones priorizadas por el CFA que, dijo, no fue considerada por la Dipres, se refiere a que el horizonte temporal de datos históricos para estimar el umbral del ajuste prudencial sea mayor al propuesto por el Gobierno.
En particular, el Consejo había recomendado considerar un promedio móvil de entre siete a 10 años hacia atrás como umbral de prudencia para contabilizar los ingresos fiscales por litio provenientes de Corfo, mientras que la Dipres planteó un promedio móvil de cuatro años para 2023 y de cinco años desde 2024 en adelante. El CFA indicó que esta medida tiene un efecto importante en la magnitud del ajuste prudencial y presenta simulaciones que muestran que mientras más años son considerados, mayor resulta el ajuste prudencial, dado que para el cálculo se agregan años previos al período de altos precios del mineral.
Balance estructural
El CFA reiteró en el informe algunos de los mensajes que entregó en su informe al Congreso del 26 de abril y en otros documentos publicados previamente. Por ejemplo, valoró nuevamente la convergencia fiscal iniciada en 2022, pero resaltó que ella "debe continuar y deben monitorearse los riesgos que la puedan dificultar". También, validó la nueva meta de déficit estructural que planteó el gobierno para este año, de 1,9% del PIB, dos décimas mejor que lo estimado en el IFP previo.
Además, el CFA advirtió en el reporte que el esfuerzo fiscal previsto por la Dipres se concentraría hacia el final de la presente administración, con una trayectoria de convergencia fiscal que implica un aumento del gasto en 2024, seguido de expansiones bajas o incluso recortes en el periodo 2025-2027. "Por ello, el Consejo insiste en que el Gobierno considere una senda que permita que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hacia fines de su periodo", señaló en el reporte.
En la misma línea, para "reafirmar el compromiso con la consolidación fiscal", el CFA insistió en su sugerencia de que el Ministerio de Hacienda incorpore metas anuales de balance estructural para todo el período de la actual administración en un nuevo decreto de política fiscal. A la fecha, este decreto sólo establece un punto de partida en 2022 y uno de llegada en 2026 para el déficit estructural, y no metas para cada año, recalcó el organismo.
Finalmente, el Consejo reiteró la necesidad de que la Dipres avance hacia una mayor transparencia acerca de los “otros requerimientos de capital” y sus proyecciones, ya que incide en la trayectoria de la deuda pública que el CFA debe monitorear.
“La información disponible en los IFP es insuficiente para hacer un seguimiento de dicha información, ya que no existe una apertura de las llamadas Transacciones en Activos Financieros”, manifestó el Consejo. Y agregó que “ello es especialmente relevante, dado que una parte importante de los recursos fiscales provenientes del litio podría invertirse en activos financieros distintos a los del Tesoro Público”.
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