Los reparos de asesores tributarios y académicos al proyecto antievasión que vive sus últimas horas de discusión en el Congreso
Ad portas de la votación en la Cámara, la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) planteó una serie de modificaciones al texto del Ejecutivo.
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El proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes se apresta a cerrar su trámite en el Congreso.
La noche del martes, el Senado aprobó prácticamente la totalidad de las normas con las que el Ejecutivo busca recaudar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), a través de modificaciones a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, ajustes a la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) y la creación de la figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias, por citar algunos.
Ahora, la propuesta será analizada por la Sala de la Cámara de Diputados en su tercer trámite. En caso de no refrendarse los cambios realizados por la Cámara Alta, se constituirá una comisión mixta para zanjar las diferencias. La aprobación de la ley antes del lunes 30 de septiembre es clave para el Ministerio de Hacienda, ya que están en juego US$ 1.200 millones en ingresos para contabilizar en la Ley de Presupuestos que se ingresará al lunes a la Cámara.
Con este telón de fondo, son varios los actores que han seguido los últimos pasos del texto. Uno de ellos es la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), que agrupa a universidades, académicos y asesores tributarios. Fesit congrega a 13 universidades tanto estatales como privadas y algunas de regiones, como las universidades Católica y de Chile, Alberto Hurtado, del Desarrollo, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, Talca, Magallanes, La Serena, Los Lagos, Austral, Diego Portales y la de Santiago. Esto, además de los colegios de Abogados y de Contadores y la International Fiscal Association (IFA).
Los reparos
El documento elaborado por Fesit agrupa cerca de 20 observaciones al texto aprobado por el Senado y que cumple sus últimas horas de discusión en el Congreso, proponiendo también modificaciones.
Una de ellas se refiere a los nuevos requisitos para aplicar la NGA, donde el proyecto eliminaría el piso para contribuyentes que estén acogidos a regímenes tributarios especiales. Fesit propone eliminar la norma a quienes estén en regímenes especiales o de zonas extremas.
Dentro de lo mismo, piden que se precise cuándo comienza a correr el plazo de seis años para la prescripción de los delitos donde se aplique la NGA. La fundación propone que el plazo corra desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. También, piden esperar hasta que quede ejecutoriada la sentencia del tribunal para que el servicio emita el giro de impuestos.
Otro artículo donde se pide aclaración es en el nuevo umbral para aplicar la NGA, donde se define como requisito que se genere una reducción de la base imponible de al menos 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Fesit propone mantener como criterio las diferencias de impuestos y no la reducción de la base imponible y agregar un umbral complementario referido al efecto de las operaciones en el resultado tributario del contribuyente.
La multijurisdicción también es un punto controvertido para Fesit, ya que las direcciones regionales del SII podrán fiscalizar a contribuyentes de áreas territoriales distintas, argumentando que es una propuesta que genera "centralismo", "discrecionalidad e influencia de lobistas", y afecta los derechos de los contribuyentes y la calidad de las resoluciones, por lo que pide eliminarla del proyecto.
Otras observaciones de la fundación se refieren a la solicitud de información bancaria a contribuyentes; las nuevas normas de relación entre parientes para efectos de fiscalización o cálculo de los impuestos; las solicitudes de antecedentes de parte de las plataformas digitales a contribuyentes que comercialicen bienes, como inicio de actividades y cumplir con las obligaciones tributarias; las condiciones para que un contribuyente pueda impugnar el avalúo de bienes raíces realizado por el SII; y la prescripción de los plazos de fiscalización, liquidación y giros de impuestos de parte del servicio, entre otros.