Hacienda se abre a reducir la magnitud de las alzas de impuestos para destrabar el proyecto antievasión

Horas clave vive el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, hoy en discusión en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda del Senado.

¿La razón? Luego de un primer intento de cerrar un acuerdo que viabilice la idea de legislar entre el Ejecutivo y el Legislativo la noche del lunes, las partes continuaron las tratativas este martes, ahora ya en el marco de una sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Y tal como el lunes, los ánimos entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los senadores de la comisión del ramo, Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), José García (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli), daban cuenta de una disposición a iniciar la votación en general y firmar un protocolo de acuerdo con los puntos de consenso y disenso, pero nuevamente hubo un tema que se cruzó en el camino: el veto al proyecto que norma la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales de octubre próximo.

El Ejecutivo también se abrió a ser más explícito en los compromisos anuales de ahorros y eficiencia del gasto público.

Esto, ya que la intención del Gobierno de presentar un veto que eventualmente elimine las multas por no acudir a sufragar tanto para chilenos como extranjeros ha tensado el ambiente en ambas cámaras, lo que ha postergado el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien se esperaba que este martes se presentara el veto, aquello no había ocurrido al cierre de esta edición.

“La tramitación de este proyecto se ha estirado mucho y hay un protocolo bien afinado entre las partes. Hay ánimo por aprobar y avanzar, pese al ruido innecesario en otros temas legislativo”, sinceró Lagos Weber, quien preside la comisión de Hacienda. Tanto él como el ministro Marcel anticipan que de llegarse a un acuerdo respecto al veto por la elección en dos días, la idea de legislar podría votarse tan temprano como este miércoles y, así, someter el texto a votación de la Sala la próxima semana.

Opciones sobre la mesa

En la instancia, el ministro Marcel reveló que el protocolo de acuerdo para destrabar el proyecto no solo contendrá materias propias del cumplimiento tributario, sino también compromisos “más amplios” en otros temas del pacto fiscal.

Por ejemplo, puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar y ser “más explícito” en el monto comprometido para lograr espacios de ahorros fiscales y mayor eficiencia en el sector público, luego de que una asesoría de la OCDE calculara un espacio de reasignaciones equivalente a entre 0,11% y 0,13% del PIB por año. También, dijo que una opción es reducir la recaudación neta esperada por el proyecto que modifica el sistema de impuesto a la renta, situado preliminarmente en 0,6% del Producto.

En esto último, el ministro señaló que hay dos nuevas fuentes de financiamiento que podrían reducir la necesidad de recaudación del proyecto de renta: las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de sala cuna universal, que se financia en una parte con una cotización adicional al empleador de 0,2%; y el acuerdo entre Codelco-SQM, que generará mayores rentas para el Fisco a contar de 2025.

“Entonces, hoy día el balance que uno puede hacer para determinar cuáles son las fuentes de financiamiento para esa parte de los gastos prioritarios que no están financiados con el proyecto de cumplimiento tributario, hoy es un poco distinto de lo que era hace un par de meses de atrás. Por lo tanto, las necesidades de recaudación neta se han ido reduciendo en ese sentido”, dijo el ministro.

Eso sí, la autoridad sostuvo que cualquier cambio en materia de renta se presentará luego de que avance “suficientemente” el proyecto de cumplimiento, señalando que es “fundamental” su aprobación en el Congreso antes del 30 de septiembre. O sea, previo al ingreso del proyecto de Presupuesto 2025 al Parlamento.

También expresó que esperar incluir en el protocolo un mecanismo institucionalizado de evaluación y seguimiento de la implementación del pacto fiscal.

Finalmente, Marcel planteó ser más explícito respecto al destino de los recursos a financiar con el proyecto de cumplimiento, con un 1,5% del PIB que se distribuiría entre 1,2 puntos destinados a la reforma previsional y el aumento de la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y 0,3 punto para solventar el mayor gasto en seguridad ciudadana.