A mediados de la semana pasada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a mostrar sus cartas, de cara a lograr un acuerdo por el denominado "pacto fiscal".
En una reunión sostenida con representantes de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la autoridad entregó la bajada específica de las medidas para combatir la evasión y la elusión, uno de los aspectos más esperados y que genera mayor consenso entre los actores.
Y si bien Teatinos 120 insistió en una serie de medidas que ya consideraba la reforma tributaria rechazada en marzo en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo hizo concesiones.
Por ejemplo, se repondrá la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, que ahora se amplía no solo a compañías, sino también a entidades con o sin personalidad jurídica e independiente de si tengan o no fines de lucro. Cuando reciban fondos estatales, alguna información de los beneficiarios finales será pública.
Asimismo, el Ejecutivo insistirá con la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), que será realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y no los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA, como ocurre hoy), pero con matices: se creará un comité asesor que emitirá opinión sobre los casos y el servicio no podrá aplicar nuevamente la norma en un mismo caso, independiente de cuál sea el resultado judicial.
Asimismo, el Ejecutivo puso sobre la mesa la creación de una nueva norma especial antielusión cuando se realicen operaciones destinadas a evitar la generación del IVA en la enajenación de inmuebles a través de sociedades.
También, Hacienda insistirá con la creación de la figura del "denunciante anónimo" con fines tributarios, quien podrá denunciar ilícitos que lesionen las arcas fiscales a cambio de una recompensa, pero también incluyendo multas para quienes entreguen denuncias o información falsa. En este punto, el Gobierno señaló que tomará en consideración el trabajo legislativo realizado en el trámite en la Cámara, donde se matizaron las atribuciones de esta nueva figura.
Se valora resguardos a NGA, pero con matices
El socio líder de Consultoría Tributaria en KPMG Chile, Andrés Martínez, recalca que las enmiendas son la oportunidad para "perfeccionar" la NGA, garantizando que sea solo una herramienta de última ratio y "no una palanca de mera recaudación". Por ello, dice, la idea de contar con un consejo asesor consultivo al SII "que sea realmente considerado ayuda en pos de dicho objetivo". También destaca la creación del "monotributo", con un impuesto mensual de 1 UTM que será sustituto de todos los gravámenes para las empresas cuyos ingresos anuales no superen las 1.200 UF.
La socia del estudio Palma, Soledad Diharasarri, pone el foco en las medidas contra la evasión y la elusión, pero siempre y cuando logren "garantizar a los contribuyentes todas aquellas garantías y resguardos frente a la administración fiscal", así como asegurar el debido proceso y la defensa, "estableciendo requisitos objetivos y criterios claros de aplicación de la norma, y que estos sean susceptibles de recursos o revisión posterior por un ente ajeno al SII".
El socio de Recabarren & Asociados, Ignacio Iriarte, echó de menos el establecimiento de "garantes internos en el SII" para la aplicación de la NGA, algo así como una especie de oficiales de cumplimiento que analicen su aplicación y respeto de los derechos de los contribuyentes. En esta misma línea, extrañó una "ampliación de las facultades de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) para que puedan asumir la representación judicial, bajo ciertos requisitos o supuestos, de personas naturales o sociedades en régimen Propyme".
Una idea similar plantea el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga: "El proyecto busca fortalecer al SII en circunstancias que lo que debería fortalecerse es la Dedecon, debiendo incluso ser un órgano de consulta obligatoria al momento del ejercicio de la facultad de interpretación administrativa".
Hoy, la definición de "elusión" en el Código Tributario es muy "amplia", postula el director de Litigios y Controversias en Cabello Abogados Tributarios, Michel Aguilera, por lo cual considera que puede caer en "arbitrariedades" la aplicación administrativa de la NGA: "Lo recomendable sería establecer un procedimiento administrativo especial donde la ley regule detalladamente cada una de sus etapas y que, además, establezca límites claros al órgano fiscalizador", plantea.
Esto último trae consigo una serie de preguntas del cómo se aplicará la norma y cuáles serán las interpretaciones que dará el SII a las normas, señala el gerente de Estrategia Tributaria de AK Contadores, Ricardo Cid: "Tomando en cuenta que el servicio históricamente ha hecho interpretaciones de las normas que son cuestionables en su facultad como ente fiscalizador, se ve más compleja aún su aplicación y puede traer consigo efectos negativos en la relación entre contribuyente y el SII", enfatiza.
Combate la informalidad
Algunas medidas para controlar la evasión y la informalidad son destacadas por el socio adjunto de Impuestos de EY Chile, Víctor Fenner, como establecer que los proveedores de Puntos de Venta (POS por sus siglas en inglés) deban a exigir a sus clientes inicio de actividades para contratar sus servicios; que los importadores que internen bienes sobre determinado monto deban hacer lo propio; que deban nominalizarse las boletas de altos montos; y que el SII pueda implementar sistema de trazabilidad adicionales. "Sancionar como delito el transporte y almacenamiento de bienes que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias también me parece que va en la dirección correcta, ya que es un primer paso para atacar toda la cadena de distribución del comercio ilegal, no sólo el eslabón final que vende a público", recalca.
La creación del "denunciante anónimo tributario" debe venir acompañado también de un marco legal "adecuado" que resguarde los derechos del contribuyente, el debido proceso y sancione "severamente" a quien haga un mal uso de esta figura, inhibiendo de esa forma su uso indiscriminado, postula el director del Área Tributaria y socio de Arteaga Gorziglia, Andrés Ossandón. "A su vez, esta figura supondrá la entrega al SII de una mayor cantidad de información interna y delicada de los contribuyentes, respecto de la cual el SII deberá adoptar las medidas y resguardos correspondientes para mantener la confidencialidad y verificar la denuncia realizada", recalca.
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