Reajuste del sector público y estado de excepción se toman la agenda del Congreso esta semana
Los dos temas auguran un duro debate, pese a que el Gobierno necesita su rápida aprobación. De hecho, el estado de emergencia se debe aprobar hoy lunes.
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Esta semana, la primera de solo dos en que el Congreso Nacional sesionará este mes de diciembre, estará cruzada inevitablemente por la falta de acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, cuyas negociaciones se reanudarán, luego que la semana pasada quedaran en punto muerto. Sin embargo, hay dos temas especialmente importantes para el Gobierno en los que se debe avanzar sin demora.
El primero de ellos dice relación con la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur. De hecho, la Sala de la Cámara está convocada hoy especialmente, entre las 15 y 18 horas, para votar solo dos iniciativas: en primer lugar de la tabla la solicitud del presidente Gabriel Boric que pide el acuerdo del Congreso para prorrogar la vigencia del estado de estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
La prórroga se debe votar hoy lunes para que pase de inmediato al Senado a que la ratifique. La Sala de la Cámara está convocada solo para este fin, desde las 16:30, bajo la lógica de que a esa hora la Cámara Baja habrá despachado la prórroga. Pero, preparándose para que no sea así, la Sala del Senado está convocada cada media hora sucesivamente hasta las 19:30 para que se pronuncie sobre este tema.
El punto es que nuevamente algunos senadores y diputados de la Región de Los Ríos y del norte del país han anunciado que si no se extiende el estado de excepción a estas zonas no aprobarían una nueva prórroga. En la frontera norte del país la situación se ha vuelto mucho más compleja, aseguran algunos parlamentarios, como el diputado RN José Miguel Castro, quien asegura que “en el norte de Chile el crimen organizado y la delincuencia están desbordados”, por lo que piden un estado de excepción.
Y la situación empeoró luego que a fines de noviembre una “turba” de unas 100 personas intentara cruzar la frontera norte desde Perú hacia Chile. Lo que fue confirmado por el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, quien señaló a medios locales que “tuvimos una situación vinculada con personas que están migrando desde Perú por el paso fronterizo (…), en donde hubo aproximadamente entre 80 y 100 personas que intentaron hacer su ingreso”.
En este escenario, va a ser difícil para la ministra del Interior Carolina Tohá o en sus efectos el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, convencer a algunos parlamentarios de que la Macrozona Sur necesite un estado de excepción y otras zonas, como el norte no. Y vale la pena apuntar que las últimas prórrogas han sido aprobadas cada vez con menos respaldo.
Funcionarios judiciales en “alerta”
Otro tema importante al que estará abocado hoy la Cámara de Diputados es la discusión y votación del proyecto que otorga el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios y modifica diversos cuerpos legales. La iniciativa inicia su tramitación hoy lunes con la discusión en la Comisión de Hacienda de la Corporación desde las 14 horas. El Ejecutivo ingresó la propuesta con discusión inmediata, seis días en cada Cámara.
La lista de invitados a esta primera sesión es encabezada por los ministros de Trabajo y Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente; a los que le sigue una larga lista de audiencias solicitadas.
No obstante, este debate no estará exento de polémica, ya que este lunes una serie de asociaciones de funcionarios del Poder Judicial, a través de una declaración pública, plantearon que excluir a un porcentaje de funcionarios -miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penales Pública, Jueces Tributarios y Aduaneros- no solo representa una disminución de los salarios, sino que constituye una afectación al principio de independencia judicial y autonomía del sistema de justicia.
En la declaración incluso detallan que “lo denunciado contradice, entre otros, los acuerdos internacionales como el “Estatuto del Juez Iberoamericano” adoptado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 2001, va en contra de las recomendaciones del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aprobado el 5 de diciembre de 2013 que indican que los operadores de justicia deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva, indicando la comisión “... que las remuneraciones adecuadas para las y los operadores de justicia contribuyen a evitar presiones internas y externas””.
Por lo que advierten que las asociaciones que suscriben la declaración están en “estado de alerta y movilización” ante la discriminación de que se sienten objeto. Los organismo firmantes son la Asociación Nacional de Magistradas Y Magistrados; Asociación Nacional de Fiscales A.G.; Asociación de Defensores Penales Públicos; Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Tributarios y Aduaneros; Asociación de Empleados del Poder Judicial; Asociación de Funcionarios de Fiscalía Metropolitana Centro Norte; Asociación de Profesionales de Fiscalía Metropolitana Sur; Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública; y la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial.