Como nunca había ocurrido antes, en esta oportunidad se ha instalado con especial fuerza la discusión acerca del papel que juega el Tribunal Constitucional. Es que aun cuando en ocasiones anteriores sus pronunciamientos sobre temas importantes siempre han generado polémica, su último fallo, que apuntó al corazón de una de las reformas emblemáticas del gobierno, puso al organismo en el centro del debate.
Tanto es así, que bastó que se conociera la sentencia que declaró inconstitucional aspectos medulares de la reforma laboral, para que afloraran las críticas de quienes consideran que el TC tiene un poder excesivo que no corresponde a un sistema democrático, lo que ha provocado que otros salgan en su defensa argumentando que es un organismo insoslayable para el control de la constitucionalidad de las leyes.
Es un hecho, en todo caso, que sus fallos tienen un impacto político, porque como incluso admitió su presidente, Carlos Carmona, no les corresponde examinar normas neutrales, desde el momento en que muchas de ellas son impulsadas por el gobierno e impugnadas posteriormente por parlamentarios de la oposición.
Pero a pesar de que los integrantes del TC siempre se defienden de los cuestionamientos, apuntando a que sus sentencias se atienen a criterios jurídicos, lo cierto es que sus miembros representan o se identifican con distintos sectores, lo que se traduce en que se imponga la mayoría que existe en ese momento, como ha ocurrido en los fallos más importantes relacionados con las principales reformas impulsadas por la presidenta Michelle Bachelet.
Nominaciones políticas
Paralelamente a la discusión en torno a sus facultades, donde la que genera más polémica es que pueda declarar inconstitucional leyes aprobadas por el Congreso, también existe un debate acerca de la forma en que se eligen sus integrantes.
Pero más que por el origen de los nombramientos -que corresponden a las principales instituciones del país- las críticas apuntan a que en las nominaciones no pese tanto la formación jurídica de quienes se elige, sino que se considere antes que nada que su posición política responda a los intereses de quienes los nombran.
Es lo que sucede especialmente con aquellos ministros designados tanto por el Presidente de la República, como por el Congreso, que que lo hacen con criterio político y por cuoteo.
Una prueba de ello es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se suponía que la Presidenta Michelle Bachelet ratificaría a Jorge Correa Sutil (DC) -designado por Ricardo Lagos- no lo hiciera luego de que éste fallara en contra del crédito del BID para el Transantiago, nombrando en su reemplazo a Carlos Carmona, también DC pero a quien se considera más cercano a ella.
En función de intereses similares, como la seguridad de que actuaría de acuerdo a su línea, el ex presidente Sebastián Piñera nombró primero a Iván Aróstica, que trabajaba en el Ministerio del Interior, para luego cuando le correspondió otro nombramiento, acudiera a quien era su mano derecha, la jefa de asesores del segundo piso, María Luisa Brahm, en reemplazo del PS, José Antonio Viera Gallo.
Lo mismo ocurre con los ministros que le corresponde nombrar al Senado o a la Cámara de Diputados, con la ratificación del Senado, pero en estos casos las lealtades corresponden a los partidos que los eligen producto de acuerdos políticos para los que están establecidos cupos entre los partidos.
Los equilibrios internos
Con este sistema, al menos durante un largo tiempo hubo un equilibrio político al interior del Tribunal, puesto que había cinco ministros cercanos a la entonces Concertación, frente a otros cinco considerados ligados a la derecha.
Un equilibrio que se rompió momentáneamente en 2012 cuando la Corte Suprema designó a Domingo Hernández, identificado como DC, en reemplazo de Enrique Navarro de derecha. Pero la correlación de fuerzas de 6/4 favorable a la Concertación duró hasta que un año después Piñera nominó a María Luisa Braham, manteniéndose 5/5, dado que el recambio de los ministros nombrados por el Congreso siguió estrictamente apegado al cuoteo político.
Con el tribunal empatado, cuando asumió el actual gobierno en La Moneda estaban tranquilos, porque aunque sabían que la actuación del TC cobraría más importancia puesto que era probable que la oposición acudiera a él para impugnar las grandes reformas estructurales, contaban con el respaldo de su presidente, que es quien tiene la facultad de dirimir en caso de empate.
Pero fue a fines de agosto de 2015 cuando la Corte Suprema desequilibró las fuerzas al designar a José Ignacio Vásquez en reemplazo del PS, Francisco Fernández, dejando fuera a los candidatos del oficialismo. Una situación que produjo serias autocríticas en el gobierno, por no haber dimensionado su efecto presentando distintos postulantes, lo que significó una dispersión de votos en la Suprema que terminó por favorecer a Vásquez.
Pese a que este último se ha encargado de destacar que no es de derecha sino independiente – de lo que ha dado muestras- al menos desde que asumió como ministro del TC, el gobierno perdió la mayoría con que esperaba contar para impedir que dicho organismo le rechazara sus reformas más emblemáticas.
Los principales fallos
Cuatro han sido los principales fallos que ha debido emitir el TC en relación a la constitucionalidad de las reformas del gobierno, los que dan cuenta de cómo ha jugado el equilibrio de fuerzas interno.
El primero de ellos fue el cambio al sistema binominal, donde el organismo rechazó el alegato opositor con el voto de los cinco ministros cercanos a la Nueva Mayoría que entonces lo integraban, más dos ligados a la derecha, como Marisol Peña y Juan José Romero, mientras en algunos aspectos menores que hubo empate, dirimió Carmona.
Pero el voto dirimente del presidente del TC fue más determinante cuando debió pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la llamada “ley de inclusión” de educación, respecto a la cual la derecha impugnó algunos aspectos que consideró que transgredían la libertad de enseñanza.
Este reclamo fue rechazado en su totalidad, luego de que en todos sus acápites se produjera un empate, que fue zanjado de manera favorable al gobierno por Carmona, situación que fue duramente criticada en su momento por parlamentarios de oposición que reclamaron que estaban frente a un funcionamiento irregular del Tribunal.
Fue posteriormente, tras alegar inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria para la gratuidad de la educación superior, cuando la derecha se anotó su primer triunfo, cuando la sentencia dictaminó que era “discriminatoria y arbitraria”. Ese fallo fue el primero en que participó Vásquez, quien junto a los cinco ministros de línea opositora, acogió la tesis de que era inconstitucional.
Lo mismo fue lo que se produjo recientemente con el polémico fallo sobre la reforma laboral que rechazó la titularidad sindical más algunos puntos relativos a la extensión de beneficios, pero en resto de los aspectos cuestionados por la oposición, el mismo ministro Vásquez se alineó con los ministros cercanos al oficialismo, lo que implicó que se aprobara la reforma en el resto de sus partes, principalmente porque frente al empate, una vez más dirimió Carmona.
El debate que viene
Es este panorama el que confirma que los pronunciamientos del TC tienen una indiscutible connotación política. La prueba es que frente a los fallos relacionados con las reformas, no ha habido ningún disenso con las posturas del gobierno por parte de los cinco integrantes identificados con su línea, mientras los cercanos a la derecha se han pronunciado en contra, con algunas excepciones como ocurrió básicamente en el binominal.
Frente a esta realidad es que han surgido no pocas críticas por el papel que cumple, al considerar que no corresponde que actúe prácticamente como una tercera Cámara que pueda dejar sin efecto lo que el Congreso aprueba, en circunstancias que no se trata de personas elegidas para legislar.
Pero quienes defienden la tarea que ejerce el TC, apuntan a que su existencia no puede ponerse en cuestión, porque como ocurre en las principales democracias, es un organismo necesario para impedir que las mayorías parlamentarias circunstanciales puedan vulnerar la Constitución con leyes que atentan contra su espíritu.
Es el debate de fondo que está comenzando, el que probablemente adquirirá más fuerza ahora en que se inició el proceso que pretende culminar con el cambio de la actual Carta Política, donde tanto la existencia, como las facultades o la composición del TC, es posible que sea uno de los temas de mayor polémica.
lOS 10 mINISTROS
NOMBRADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
Carlos Carmona: presidente, nombrado por Bachelet, pro DC .
Ivan Aróstica: nombrado por Piñera en 2010, ligado a la derecha.
María Luisa Brahm: nombrada por Piñera, ex jefa de aseores, RN.
NOMBRADOS POR LA CORTE SUPREMA:
Marisol Peña: académica de la UC, con ideas de derecha.
Domingo Hernández: ex integrante de la Corte, cercano a la DC.
Juan Ignacio Vásquez: independiente más pro derecha.
NOMBRADOS POR EL SENADO:
Cristián Letelier: ex diputado UDI identificado con la derecha.
Nelson Pozo: socialista, es el único de izquierda.
NOMBRADOS POR LA CAMARA Y EL SENADO:
Gonzalo García: ex subsecretario de marina y guerra, DC.
Juan José Romero: académico UC, entró en cupo RN.
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