Cuando aún seguirán resonando los ecos del bochornoso episodio por la fallida inscripción para las primarias de la Nueva Mayoría, que dio cuenta de la lucha de poder en su interior, en el oficialismo se reabrirá una disputa aún más compleja que ha dejado al descubierto las diferencias ideológicas que separan a sus integrantes.
Es la discusión que se instalará nuevamente la próxima semana en torno a la llamada agenda corta antidelincuencia, luego de que la rebelión de los parlamentarios del ala izquierda, al oponerse al polémico artículo sobre el control preventivo de identidad, obligara a que finalmente el tema deba zanjarse en comisión mixta a partir del martes.
Como en pocas ocasiones anteriores, una propuesta que se supone que cuenta con la anuencia del gobierno ha suscitado tantas discrepancias internas, al punto de que a pesar de que el ministro del Interior, Jorge Burgos, se ha jugado por sacarla adelante, sus esfuerzos no han sido suficientes para lograr alinear al sector más progresista del conglomerado.
Una situación que, como incluso reconocen en el oficialismo, obedece a las diferencias ideológicas que existen entre los integrantes de dicho bloque, las que asoman con especial fuerza frente a temas sensibles, como en este caso es la forma de encarar el problema de la seguridad pública.
Pero además de las discrepancias que existen entre parlamentarios de la Nueva Mayoría, uno de los principales problemas que enfrenta la agenda antidelincuencia es que éstas también alcanzan a La Moneda.
Prueba de ello es que a pesar del esfuerzo que ha desplegado Burgos, no ha contado con el respaldo suficiente del resto de las autoridades, luego de que gran parte de éstas -incluida la propia presidenta Michelle Bachelet- llegaran a la conclusión de que las medidas para encarar el tema de seguridad, en particular el control de identidad, no tienen el sello de un gobierno de centro izquierda.
Problema ideológico
Fue en la tensa sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados donde quedaron de manifiesto las principales diferencias, cuando la norma terminó siendo rechazada por un voto, luego de que prácticamente todos los parlamentarios de izquierda, a los que se sumaron algunos DC, la dejaran caer.
Fue un golpe duro para Burgos, quien durante la tramitación había hecho propia la indicación surgida de los parlamentarios, al considerarla una buena herramienta para resguardar la seguridad. Tanto, que hasta el final pensó que podía ganar, básicamente con el argumento de que tras su paso por el Senado, la norma había quedado mucho más garantista de cómo la habían aprobado los mismos diputados que se estaban oponiendo.
Pero no ocurrió. Como lo destacó el propio ministro del Interior, igual que aquellos diputados que la aprobaron, entre ellos algunos de la DC, resultaba difícil de entender que algunos de los parlamentarios que incluso fueron autores de la última indicación de la Cámara, como el PS Osvaldo Andrade o el PC, Lautaro Carmona, se transformaran posteriormente en duros detractores, pese a que los senadores se habían encargado de hacerla menos discrecional.
La explicación que dan en la propia izquierda, es que en el intertanto el debate comenzó a ideologizarse al punto que se les hacía imposible aprobar una medida que es contraria a la mirada que tiene su sector frente al tema de las facultades que se les debe entregar a las policías para combatir la delincuencia. La primera prueba de ello fue el descuelgue del PC, que pese a que Carmona incluso había firmado la indicación, la bancada en bloque la rechazó en su primer trámite en la Cámara.
Con esa posición del PC, compartida por otros diputados de izquierda como Giorgio Jackson o Gabriel Boric, el PS comenzó a percibir que no podía mantenerse en la postura inicial, lo que se tradujo en un giro que se expresó, primero, con el rechazo de su bancada en el Senado, posición que arrastró al resto de los senadores de izquierda con la excepción del PPD, Felipe Harboe, lo que culminó con el cambio de opinión de los diputados de izquierda en la Cámara, a los que se sumaron algunos demócratacristianos.
De acuerdo a lo que ellos mismos reconocen, fue la presión externa manifestada en el rechazo que la norma suscitaba tanto en las redes sociales, como en distintos organismos, incluidos algunos internacionales como la Unicef u otros de derechos humanos en el país, que alertaban sobre una posible actitud discrecional de la policía, lo que los hizo cambiar de opinión.
La soledad de Burgos
La autonomía con que actuó gran parte de la Nueva Mayoría obedeció, en gran parte, a que los parlamentarios percibieron que, pese a que se estaba frente a una propuesta que el gobierno había hecho propia, las autoridades no estaban jugadas para que se aprobara.
Tanto es así, que mientras el ministro Burgos intentaba persuadir de que la medida que autoriza a la policía a controlar la identidad era parte del plan para combatir la delincuencia que impulsaba La Moneda, paralelamente asesores de otras reparticiones realizaban gestiones frente a algunos diputados en sentido contrario.
Por lo que cuentan los mismos parlamentarios, distintos personeros les hicieron saber que no era una disposición que contara con la simpatía de todo el gobierno, ni siquiera de la propia mandataria, quien no tenía problemas en que fuera rechazada, ni lo consideraría una derrota. Incluso algunos han confidenciado que hasta el ministro de la Segegob, Marcelo Díaz, habría sido uno de quienes transmitió mensajes en esa línea.
Como lo han reconocido públicamente algunos demócratacristianos que concuerdan con la indicación, lo que confirman en el entorno de Burgos, éste fue quedando solo en su cruzada por sacar adelante la agenda para combatir la delincuencia.
Pero no por eso ha claudicado, en gran medida porque desde que asumió el cargo hace casi exactamente un año, tomó el tema de la seguridad como el bastión de su ministerio, al partir de la base que era un problema que el gobierno no podía sino enfrentar con fuerza, pese a los resquemores de los sectores más de izquierda.
El problema, sin embargo, es que al no contar con la anuencia de Bachelet –quien no ha tenido un pronunciamiento explícito- es que no pocos perciben que el tema se ha transformado en una suerte de duelo entre quienes están con la mandataria, frente a los que respaldan a Burgos.
Exagerada o no dicha percepción, que se basa en la distancia que existe entre ambos, lo cierto es que algunos cercanos al ministro del Interior admiten que éste ha confidenciado que si no tiene éxito en este tema, podría tomar decisiones drásticas, no descartándose que los desacuerdos frente a la forma de encarar el problema de la seguridad, termine siendo el punto de quiebre de su participación en el gabinete.
Incierto panorama
Es en este escenario con posturas confrontadas que la próxima semana se reabrirá el debate cuando la comisión mixta sesione para zanjar el tema. Una discusión que estará marcada, principalmente, por las distintas posiciones ideológicas que existen sobre la forma de combatir la delincuencia, frente a lo cual se ignora cuál puede ser su resultado.
La incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir se sustenta en la composición de la comisión mixta, puesto que de los 10 parlamentarios que la integran, cuatro son de derecha, mientras de los seis oficialistas, tres de ellos han aprobado la norma de la disputa en las distintas etapas de su tramitación, como los senadores Harboe, Pedro Araya, más el diputado Matías Walker.
Como en este cuadro la posibilidad de que se apruebe existe, algunos parlamentarios del ala izquierda no han escondido su preocupación e incluso no han descartado de que si ello ocurre, podrían acudir al Tribunal Constitucional, lo que otros desestiman para no seguir legitimando a dicho organismo como una especia de tercera instancia legislativa, menos después de lo ocurrido con la reforma laboral.
Es por eso que la expectativa de muchos de los que rechazan la controvertida norma sobre control preventivo, es que la Presidenta aclare su posición como lo han solicitado incluso públicamente, partiendo del supuesto que podría encontrar argumentos para manifestar sus aprensiones.
Pero tanto en el mundo político, como en La Moneda estiman que es difícil que lo haga, básicamente por el dilema que se le presenta en cuanto a que si se pone en la posición de la izquierda, significaría quitarle el respaldo a su ministro del Interior, con todo lo que ello implica, en tanto que si apoya la medida estaría actuando en contra de su propio partido, que además es su sentimiento íntimo.
Es por eso que todo augura que la discusión que se reinstalará la próxima semana agudizará aun más la tensión al interior de la Nueva Mayoría, porque al final, las diferencias en torno al tema del combate a la delincuencia se han transformado en una cuestión de principios que nadie transa, lo que muchos no descartan que pueda terminar en un problema político de consecuencias que no sean han calculado.
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