Una fuerte arremetida comunicacional decidió emprender el gobierno para estimular la participación ciudadana, en momentos en que el llamado proceso constituyente inicia la etapa en que la gente debería entregar su aporte acerca de lo que considera que debe contener una nueva Constitución.
En esa línea se inscribe la cadena nacional con que la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no restarse de esta tarea, a lo que se suman los spots publicitarios en la televisión, el anunciado “docureality”, además de la salida a terreno que harán las autoridades este sábado a explicar la importancia que tiene esta fase participativa.
Pero bastó esta embestida para que no sólo resurgieran duras críticas por parte de la oposición apuntando a su falta de imparcialidad, sino para que quedaran al descubierto las diferencias con el gobierno que tiene el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), que fue creado para garantizar que el proceso fuera transparente.
En este cuadro, en que también el oficialismo mira con preocupación el accionar de las autoridades, el lanzamiento de esta etapa de participación ciudadana ha acrecentado las aprensiones en torno si el mecanismo elegido para establecer las bases de lo que debería ser una nueva Constitución cumplirá o no con las normas mínimas que permitan legitimarlo.
Críticas a la campaña
La ofensiva del gobierno se explica porque esta semana comenzaban las inscripciones para que la gente participara de manera personal en la web, o realizando los llamados encuentros locales, que consisten en reuniones de entre 15 a 30 personas que pueden efectuar quienes quieran, con el único requisito de entregar sus antecedentes.
Este despliegue comunicacional se debe en gran medida a que, como reconocen incluso desde el gobierno, la primera etapa que consistía en educación cívica no fue exitosa, porque pese a que costó $250 millones, la que consistió básicamente en elaborar lo que se llamó el “constitucionario” –un especie de diccionario con conceptos políticos básicos que deberían conocerse para iniciar el debate- no logró darse a conocer como para instalar el tema en la ciudadanía.
Pero la forma escogida para suplir esa carencia e intentar estimular la participación es lo que está siendo cuestionado. Porque mientras la oposición critica, por ejemplo, que se obligue a los canales de TV a transmitir los spots publicitarios, el alegato del Consejo de Observadores apunta, primero, a que no han sido informados, pero sobre todo, a que se están transgrediendo los acuerdos que ellos tomaron.
En esta línea, desde dicho organismo plantean que tanto la cadena televisiva de la Presidenta, como toda la campaña –incluida la salida a terreno de las autoridades- están en contra de lo concordado por sus integrantes en cuanto a que el gobierno sólo puede informar del proceso, pero no incitar a participar, porque ello podría romper la neutralidad que se requiere.
Dudas sobre encuentros locales
Pero no sólo esta embestida comunicacional ha merecido reparos, sino también la forma en que se realizarán los encuentros locales, programados para que comiencen el próximo sábado 23 de este mes, a los que puede convocar cualquier interesado con solo inscribirse.
Uno de los temores de quienes tienen aprensiones frente a este proceso, es que en estos diálogos participen principalmente aquellas personas más cercanas al gobierno, como serían los militantes disciplinados de los partidos, los funcionarios públicos o quienes están bregando por el cambio constitucional, lo que se estima que podría atentar contra la neutralidad que se espera.
En este contexto, una de las críticas que ha surgido es que en el plan del gobierno no está contemplado que dichos encuentros tengan algún tipo de monitoreo o fiscalización, puesto que ni siquiera está contemplado que lo hagan los 216 facilitadores seleccionados, porque su tarea está programada para que formen parte de las fases que siguen que son los cabildos provinciales y regionales.
Como la preocupación es el sesgo político que podrían tener dichas reuniones, el Consejo de Observadores acordó que seleccionaría aleatoriamente algunas de ellas para fiscalizarlas, aunque reconocen que no tendrán la capacidad suficiente como para hacerlo, mientras tampoco el gobierno se ha mostrado dispuesto a que los facilitadores se incorporen en esta etapa.
Participación de autoridades
Precisamente entre los temas que han suscitado más polémica en esta línea, está la participación de las autoridades en esta fase del proceso constituyente.
De hecho, es uno de los principales puntos en los que ha puesto atención el Consejo de Observadores, el que incluso después de que la presidenta Bachelet instara a los funcionarios como intendentes, gobernadores o seremis a sumarse, adoptó un acuerdo en el que establece que el éxito del proceso depende, justamente de que las autoridades se abstengan de orientar o aprovechar estos encuentros con fines electorales o político-partidistas.
Esa postura del grupo de garantes fue uno de los temas más polémicos en la tensa reunión que sus integrantes tuvieron con la mandataria el 29 de marzo, en la cual ella, además de sugerirles que se estaban excediendo de sus funciones, insistió en su punto de que los representantes del gobierno podían participar de manera personal, porque no correspondía que negarle a los funcionarios públicos el derecho a hacerlo como ciudadanos.
Quienes siguen con mirada alerta todo este plan de participación, apuntan a que ello en parte se debe al temor que tienen las autoridades de que no exista una real interés en sumarse a los encuentros para debatir la Constitución, al asumir que si la participación es escasa, se deslegitimaría todo el proceso.
Pero ese no ha sido argumento suficiente para quienes indican que la presencia de funcionarios públicos, a los que el gobierno está alentando a sumarse, es un claro riesgo de que los encuentros sean manipulados políticamente.
Papel del gobierno
Lo concreto es que todo indica que la propia presidenta Bachelet está tan comprometida, como decidida, a que el gobierno tenga un papel insustituible en todo el proceso constitucional, lo que incluso confidencian que manifestó en el reciente cónclave con la Nueva Mayoría.
Prueba de ello es que, pese a las críticas por la posibilidad de que ello implique un sesgo político que podría conspirar en contra de su legitimidad, la mandataria no parece dispuesta a ceder. Una realidad que confirma el hecho de que otro de los temas en que no accedió a la postura del Consejo de Observadores en el encuentro con éstos, fue en quiénes debían redactar las conclusiones de las distintas fases que contempla la etapa de participación. Porque mientras desde dicho grupo se planteó que estimaban que era una tarea que les correspondía a ellos, la mandataria no renunció a que debía hacerse al menos con representantes del gobierno.
La situación, en todo caso, no parece enteramente aclarada, porque ni en el Consejo, ni tampoco en La Moneda han podido precisar a quiénes les corresponderá, lo que es percibido con preocupación e incluso suspicacia, considerando que las conclusiones de los cabildos –que seguirán a los encuentros que se inician ahora- serán los insumos principales para las llamadas “Bases Ciudadanas” sobre las que se supone que el gobierno elaborará la propuesta de nueva Constitución que posteriormente enviará al Congreso.
La gran duda que genera toda la polémica que ha rodeado al inicio de la etapa de participación ciudadana, es hasta dónde la Presidenta logrará el propósito, declarado tanto por ella como por sus ministros, de que este proceso constitucional cumpla con los requisitos de transparencia, que reclaman no sólo desde la oposición, sino también desde el oficialismo, donde apuntan que el gobierno debe ser especialmente cuidadoso con un tema como éste.
Es una interrogante que se sustenta, básicamente, en que el organismo que nombró la propia mandataria para que actuara como garante de la ecuanimidad, es el que está encendiendo las principales alarmas.
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