A las múltiples opciones que maneja el gobierno para reponer la titularidad sindical en la reforma laboral, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) agregó otra: una reforma constitucional para modificar el artículo 19 N°16 inciso quinto de la Carta Fundamental, que establece que "la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores".
Apartado que usó la oposición para impugnar, en el Tribunal Constitucional (TC), la titularidad, uno de los pilares de la reforma. Y lo consiguió. El debate que se instaló fue si la negociación colectiva se puede ejercer de forma individual y si es el sindicato el vehículo preferente para ejercer ese derecho, como lo establece el Convenio 98 de la OIT.
Por eso, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, pidió al gobierno reformar ese artículo, para que quede expresamente establecido que "la negociación colectiva es un derecho colectivo de los trabajadores, pero representados en los sindicatos".
"Una moción como esta, impediría que nuevamente la derecha acuda al Tribunal Constitucional", expresó la dirigente, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.
Esta reforma, agregó, "debe ser abordada en paralelo con el debate del veto del proyecto actual y como un refuerzo del proceso constituyente en curso".
Además, el uso del veto también debe buscar qué "materias nocivas" queden finalmente en el proyecto, pues sin el fortalecimiento sindical "no tienen sentido normas como los pactos de adaptabilidad, el aumento de quórum para constituir sindicatos y negociar, mecanismos como los servicios mínimos y el descuelgue diferenciado entre gran y pequeña empresa, entre otros", afirmó Figueroa.
La batalla recién comienza
El fallo del TC reanudó un debate laboral que parecía terminado. Ya no sólo la titularidad sindical y la extensión de beneficios serán nuevamente discutidos en el Congreso. También los pactos de adaptabilidad y el aumento de quórum para la creación de sindicatos (ver entrevista relacionada con Francisco Díaz).
La primera ofensiva de la multisindical será un paro nacional, convocado para el 31 de mayo, para "decir que no vamos a permitir que una minoría le doble la mano a la soberanía de miles en este país".
Reestablecer equilibrios
El Ejecutivo, por su parte, decidió utilizar el veto presidencial para reestablecer los equilibrios del proyecto de ley. Ayer, la presidenta, Michelle Bachelet, quien participó en un evento en el Hospital del Trabajador, señaló que los cambios serán "para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad".
Veto presidencial divide al oficialismo
El senador socialista, Carlos Montes se cuadró con la demanda de la CUT para reformar la Constitución, aunque reconoció que la Nueva Mayoría "no tiene los votos" para lograrlo.
Donde existen diferencias, es en el uso del veto presidencial para corregir la reforma laboral.
El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), dijo que el uso del veto "es una mala idea" y que el oficialismo "debiera tener un proyecto de ley antes del 21 de mayo, que se haga cargo de las implicancias del fallo".
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, complementó: "No sé si la titularidad se debe reponer con un veto o con una nueva ley. Se podría buscar una nueva ley".
En los ministerios de Hacienda y Trabajo admiten que encontrar "la mejor fórmula" será difícil, ya que el TC tiene hasta el lunes 9 de mayo para presentar el contenido completo del fallo. El veto tiene que ingresar al Congreso antes del domingo 8 de mayo.
Donde no hay mayores discrepancias es en el objetivo de "equilibrar la reforma laboral" moderando los pactos o los quórum. "Equilibrar para abajo nunca es bueno", expresó Andrade, mientras que Teillier dijo entender que el gobierno "intente morigerar los daños", pero que no sabe si el PC y los trabajadores "se conformen con eso".
Raúl de la Puente, presidente de la ANEF: "Lo que nos enseñó el TC, es que hay que cambiar la Constitución"
La ANEF estableció una agenda de 19 puntos con el gobierno, entre ellos incentivo al retiro, postnatal parental, la negociación colectiva y el derecho a huelga para los trabajadores del sector público. La agenda exhibe hoy, según su presidente, Raúl de la Puente, un estado de avance de 30%. Sin embargo, sobre negociación y huelga, nada. Recién en 2017 el Ejecutivo presentaría el proyecto. De la Puente llama a los funcionarios públicos a "estar alerta" y que no ocurra lo mismo que pasó con el TC y los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo.
-¿El fallo del TC es un mal precedente para el debate de negociación colectiva y huelga en el sector público?
-Sin duda. Una de las cosas positivas que tenía esta modesta reforma laboral era la titularidad, que permite fortalecer al movimiento sindical. A pesar que los trabajadores públicos no tenemos derecho a la negociación colectiva y la huelga, ejercemos ambos, y tenemos negociación "supraempresa". Lo que ha pasado debe constituir una enseñanza para todos los trabajadores y la ciudadanía: es fundamental el cambio a la Constitución, para que no ocurra que esto, que un tribunal político -sobre la base de una petición de un sector empresarial y de derecha- diga que esta reforma no es constitucional. Hay que cambiar la Constitución. Eso es lo que más hay que destacar de este triunfo "a lo pirro" y por secretaría de la derecha.
-¿Cómo evitan los trabajadores públicos y el oficialismo que la posible negociación y huelga para el sector no se vean "truncadas" por el TC?
-Lo más importante es la fuerza de la organización. No tenemos derecho a la negociación y la huelga, pero las ejercemos. Lo que se requiere es tener "funcionarios alerta", para que no ocurra eso en el sector. Hemos visto el comportamiento del gobierno, nuestro empleador, en la movilización del Registro Civil y de la DGAC, donde ha dicho que los paros son ilegales, lo que contradice convenios internacionales ratificados por el Estado chileno; y ha promovido el reemplazo interno de trabajadores. Por lo tanto, estamos muy atentos.
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