“No creemos en el inmovilismo como tampoco en los impulsos refundacionales. En lo que sí creemos es en la libertad de las personas y en el fortalecimiento del derecho de propiedad; no en que este se debilite. Creemos en la satisfacción de las necesidades de los chilenos por la vía de buenas políticas públicas y en la ampliación responsable de los derechos constitucionales; no en llevar a la Constitución promesas incumplibles”.
Con estas palabras, el empresariado, en voz del líder de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, se encargó ayer de trazar los primeros lineamientos que erigirán la posición del sector privado en medio del proceso constituyente que impulsa el Ejecutivo. El desayuno anual de empresarios de la construcción fue el escenario elegido para entregar a la Presidenta Michelle Bachelet el informe de esos principios ordenadores que por más de un año la comisión Legislación de la CChC trabajó en completo hermetismo.
En enero del año pasado cuando el itinerario del proceso aún era desconocido, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) definió que el gremio de los constructores llevara las riendas del debate y aportara los principales insumos para las ramas de la multigremial. Así, en el documento que finalizó hace pocas semanas, se consagra en sus primeras líneas que el debate constitucional iniciado por el gobierno “debe unir a los chilenos, no dividirnos”, proponiendo cuatro pilares fundamentales para el debate: libertad, derechos, rol del Estado (subsidiariedad) y contrapesos de poder (instituciones sólidas). En todos ellos, fijando los elementos que estarían en juego ante eventuales cambios, impactos, riesgos y los que serían susceptibles de mejoras bajo ciertos cuidados.
En su discurso, Mas no eludió el momento para dirigirse a la mandataria, pidiéndole directamente que “vele porque la institucionalidad del país sea garante ante todos los sectores de la ciudadanía de la transparencia e imparcialidad de este proceso”, enfatizó.
“La mejor garantía”
A su turno, la presidenta Bachelet recalcó que su mensaje para dinamizar la economía no quedaba en palabras, recordando el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura. “Estamos haciendo nuestra parte, impulsando incentivos, movilizando recursos, creando cohesión y equilibrio social, desarrollando programas de productividad en el largo plazo. Estos son hechos concretos y merecen confianza”, lanzó.
También calificó como ”extraordinario” lo dicho por Mas en cuanto al interés de la Cámara de participar en el proceso: “Esa es la mejor garantía de que tengamos una Constitución que sea la casa de todos”.
Mas comentó que la Presidenta está tratando de crear puentes para revertir el actual escenario. Pero, advirtió, que pese a los anuncios, persisten preocupaciones como el devenir de la reforma laboral. De hecho, en su intervención, dijo que “no es extraño que autoridades y empresarios hayamos endurecido el discurso, distanciado posiciones y acotado los caminos para alcanzar acuerdos. Pero nadie podría desconocer que este gremio ha trabajado para que se generen entendimientos”.
Estado debería impulsar políticas de ahorro y acceso a bienes
En el documento se explicita que para el efectivo ejercicio de la libertad individual, entendida como la facultad para definir y realizar un proyecto de vida, es clave que la sociedad reconozca a cada cual el derecho de hacerse dueño del producto de su trabajo. De ahí, dice, que la Constitución también consagra y protege el derecho de propiedad. Así, ante uno de los cambios que se buscaría introducir que apunta a incluir el principio de que la propiedad obliga y que su uso debe contribuir al bien común, se advierte que con esto se puede abrir espacios para acciones arbitrarias de la autoridad, como pueden ser los gobiernos de turno. En esa línea, también se manifiesta que frente a ideas como estatizar los recursos naturales no renovables, el acceso a estos ya está resguardado por la actual Carta Magna y existen leyes que regulan su uso y propiedad por parte de los privados. "Además, no hay razones para que un privado no pueda procesar recursos naturales si cumple las exigencias que define el país a través de sus leyes", agrega.
El ejemplo elegido para abordar el tópico es el agua a partir de lo manifestado por las autoridades que hay que darle a este recurso la condición de bien nacional de uso público pese a que la legislación chilena que señala que tiene tal condición. En el texto se indica que "hoy los agricultores poseen derechos de aguas que adquirieron legítimamente y que en algunos casos representan su principal patrimonio. Con el cambio que se pretendería hacer podría verse despojados de estos derechos por una decisión del Estado".
Sin embargo, si bien el gremio estima "adecuado" el actual resguardo constitucional al derecho de propiedad y la certeza que éste otorga a las personas, reconoce que el debate en torno a la Constitución podría ser una "buena oportunidad" para avanzar en tres materias. Una de ellas, apunta al impulso del Estado a políticas de ahorro y acceso a distintos bienes y, la otra, a una acción del Estado para la correcta regulación de los mercados en que estén involucrados recursos naturales no renovables para evitar el mal uso o sobreexplotación de estos.
La tercera materia donde se manifiesta voluntad de avanzar es en cuanto al fortalecimiento y respeto de la certeza jurífica y la estabilidad en la protección del derecho. "La Constitución debe garantizar a todas las personas que las normas con que se regula la vida en sociedad sean claras y estables en el tiempo. En materia de propiedad, debe conocerse con anticipación cómo ésta puede ser adquirida o mantenida e incluso cómo podría limitarse este derecho", se explica.
"Más derechos no garantizan mejores condiciones de vida"
En el segundo pilar que identifica el gremio como columna vertebral de la Constitución se advierte que, una de las modificaciones que se buscaría introducir a las reglas del juego que hoy se establecen, sería incorporar nuevos derechos sociales. "Es así que el programa del gobierno propone que se consagre en la Constitución un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales como verdaderas obligaciones de la actividad estatal", se explica. El análisis que se describe en el documento apunta a que incluir nuevos derechos sociales en una nueva Carta Magna no garantiza mejores condiciones de vida y que la satisfacción de necesidades depende más de la política pública que del debate constitucional. Bajo esas premisas, y dado que para satisfacer ciertos derechos son tan relevantes las políticas públicas que impulse el Estado, es necesario que la Constitución contemple mecanismos que permitan mejorar la capacidad estatal para diseñar e implementar dichas políticas. De lo contrario, según el gremio de los constructores, "la satisfacción de derechos vinculados con la educación, la salud y otros será siempre a medias".
¿Raya para la suma? El debate constitucional podría ser una oportunidad para incorporar cuatro materias. El primero apunta a un principio general que obligue a todas las autoridades del país, políticas y económicas, a rendir cuentas públicas. Así, explican, se facilitaría que los ciudadanos y los distintos actores sociales estén permanentemente evaluando su gestión de las políticas públicas. Segundo, se puntualiza en mecanismos que promuevan y garanticen la eficiencia del Estado, por ejemplo, que toda legislación que implique recursos públicos esté respaldada por un estudio que contenga al menos estimación de costos y fuentes de financiamiento y que se generalice la evaluación de los programas públicos en ejecución.
También, se menciona la profundización de las reglas de probidad y transparencia estatal. Esto, teniendo en cuenta que es clave que las autoridades ejerzan sus funciones con absoluta transparencia, ya que sólo de esta forma se evitarían eventuales actos de corrupción y la ciudadanía puede conocer cómo se ha llevado a cabo el mandato de dicha autoridad.
Un último elemento que se identifica en el informe empresarial es avanzar en mayor descentralización, para que las regiones y los municipios tomen más decisiones que les afecten directamente, con lo cual se acerca las decisiones estatales a las personas.
valdés en encuentros locales
Rodrigo Valdés será parte de los encuentros locales para participar en el proceso constituyente. Así lo señaló ayer el ministro de Hacienda, tras liderar el comité de ministros del área económica y luego de que trascendiera de que la coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales del ministerio, Bernardita Piedrabuena, también será parte de la referida dinámica.
El titular de las finanzas públicas señaló que participará en encuentros organizados por cercanos con militancia política. Incluso relevó que su suegra convocará su propio encuentro local para discutir cambios a la Carta Magna.
"También tengo un círculo de amigos más políticos que supongo van a armar uno y tendré que decidir a cuál voy a discutir mis ideas como ciudadano. Este proceso constituyente creo que es una oportunidad única que tenemos en la historia de Chile los ciudadanos para dar a conocer nuestra visión de qué es lo que debiese ser una Constitución", señaló.
reforzar roles del Estado
Un tercer pilar es el rol del Estado. En esta parte del informe se aclara de entrada los beneficios del rol subsidiario del mismo. Sin embargo, pese a sus positivos impactos, se pone en evidencia que uno de los eventuales cambios que se buscaría introducir apuntaría a crear las condiciones para ampliar su participación directa en actividades productivas, incluso en aquellas en que los bienes y/o servicios ya son o podrían ser producidos por emprendimientos, negocios y empresas de personas particulares.
Al respecto, se sostiene, por ejemplo, que tal como sumar nuevos derechos sociales a la Constitución no garantizaría que éstos se cumplan, tampoco lo hará que el Estado incursione en más actividades productivas. ¿Qué se puede mejorar? El mundo empresarial estima "adecuadas" las reglas del juego que hoy imperan, pero admite que el debate puede ser un espacio para avanzar en áreas como evaluar la posibilidad de incluir en la Constitución el deber del Estado de velar por la libre competencia para promover así el buen funcionamiento de los mercados.
Otro aspecto posible a analizar sería en cuanto a reforzar el rol del Estado de fiscalizador y regulador de las actividades empresariales con el objetivo de incentivar la competencia y el dinamismo de los mercados. Y, por último, se manifiesta el interés de entregar a directores elegidos por la Alta Dirección Pública la administración de las empresas estatales, quienes incluso respondan en caso de ser negligentes o deficitarios, para aumentar la transparecia y reforzar la calidad de la gestión pública.
instituciones transparentes
El cuarto pilar que se contempla en el análisis se relaciona con una serie de instituciones que equilibran el poder del Estado -los "contrapesos"- como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Banco Central. ¿Por qué cambiar las reglas? El gremio explica que en ciertos sectores existe la creencia de que algunas de estas instituciones son poco democráticas pues sus integrantes no son elegidos directamente o porque establecen límites a las mayorías parlamentarias. Si bien se estima como "adecuado" el conjunto de instituciones existentes como contrapesos del poder, el actual debate constitucional podría ser la instancia para fortalecer estas entidades en una gama de aspectos como la independiencia de sus integrantes. En este punto, se dice que el nombramiento de los miembros en órganos como el BC, TC y Contraloría debe garantizar ecuanimidad de criterio y la prevalencia de criterios técnicos por sobre eventuales militancias partidarias. Para ello, sugieren, se podrían explorar mecanismos que perfeccionen la forma de elegirlos. Otras mejoras apuntarían a ser capaces de atraer personas con altas calificaciones técnicas. Además, se dice que es posible incrementar ante la sociedad y los representantes políticos los niveles de transparencia de estas instituciones estableciendo un mecanismo de cuenta pública anual para aquellas que no tienen el deber de hacerla. Y, agregan, se debe elevar a rango constitucional la libre competencia y la transparencia de los mercados, lo que ayudará al cumplimiento de las funciones de los órganos creados para este efecto.
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