Los sistemas de compras públicas, en términos generales y a nivel internacional, son vistos como un foco de riesgo de corrupción a raíz de los grandes volúmenes que se manejan. Así lo reconoce la propia directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, quien por lo mismo anuncia con satisfacción que el próximo 10 de agosto comenzarán a regir 53 modificaciones que tienen por objetivo profundizar y fomentar la probidad y la transparencia en el sistema de compras públicas, además de promover la participación de empresas de menor tamaño.
Tal como lo puntualiza, los ajustes contemplan las recomendaciones realizadas por el consejo anticorrupción -más conocido como comisión Engel-, en su primer informe entregado en abril pasado.
La participación de los funcionarios públicos en las licitaciones es algo que se vigilará de cerca ya que con la nueva normativa, todos -incluido los trabajadores a honorarios-, deberán abstenerse de participar en los procesos cuando exista cualquier circunstancia que le pueda restar imparcialidad.
Como explica Inostroza, las causales de conflicto de interés ya estaban normadas, pero más bien como un principio general, y lo que se busca ahora es la abstención ante cualquier situación sospechosa.
Por otra parte, las operaciones de gran envergadura o complejidad serán analizadas con mayor detalle.
Además, se ampliará el plazo mínimo para participar en las licitaciones (de 20 a 30 días) para que los proveedores tengan más tiempo para entregar antecedentes y postular.
Para las operaciones complejas que superen las 5.000 UTM (unos $ 220 millones), se deberá realizar un análisis previo de las condiciones de mercado del producto que se va a licitar, para evitar sobreprecios, algo que se da especialmente en mercados que funcionan de manera imperfecta o dónde hay pocos proveedores.
"La obligación es ir un poco más allá y mirar, porque eventualmente se puede dar un caso de colusión entre proveedores que se ponen de acuerdo y ofertan precios altos", dice la directora de ChileCompra, y pone como ejemplo que si una licitación se adjudica por un valor que supere en 30% el precio estimado en este análisis, los funcionarios que participaron del proceso ahora deberán explicar el porqué de esta diferencia.
También se limitarán las modificaciones y renovación de los contratos.
Inostroza desestima que estos mayores resguardos disminuyan el interés por participar en las licitaciones. "Por el contrario, estamos fortaleciendo la probidad", advierte.
Más pyme proveedoras
La participación de un mayor número de proveedores en el sistema de compras públicas es otro de los focos de los cambios implementados, a través de la disminución de barreras de entrada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Hoy el reglamento obliga a presentar garantías en todas las licitaciones superiores a 1.000 UTM (cerca de $ 44 millones), lo que fue indicado por los mismos participantes como una barrera de entrada, ya que muchos participan en más de un proceso simultáneamente. Para subsanar esta situación, la exigencia ahora será para subastas sobre 2.000 UTM.
En la misma línea, se ampliarán los instrumentos de garantías, que antes concentraban las boletas de garantías, y ahora se incorpora una norma que prohíbe a los organismos que restrinjan la presentación de instrumentos.
Esto, plantea Inostroza, porque hay otros instrumentos en el mercado que tienen un menor costo para los proveedores y que cumplen con la misma finalidad de cautelar los intereses públicos, como pólizas de garantía a la vista o los certificados de fianza.
También a partir de agosto será un contenido mínimo de la base de licitación que el organismo público se comprometa con un plazo cierto de pago. La regla general es de 30 días y existe plazos excepcionales para algunos servicios de salud, por ejemplo.
La nueva normativa también permitirá la unión temporal de proveedores, medida pensada para impulsar la capacidad de participación de las micro y pequeñas empresas en las licitaciones de mayor envergadura.
Inostroza recalca que esto no se prestará para que empresas grandes cierren mercados "y, de ninguna forma, puede ir en contra de la libre competencia".
Finaliza recordando que hay tareas pendientes para profundizar la probidad y que escapan a lo que cambios en el reglamento pueden hacer. Por ejemplo, alude a la ampliación de la cobertura del sistema.
En esa línea, celebra la llegada del Congreso al sistema de compras públicas, destacando que "esto puede incentivar a otros organismos a seguir por el mismo camino".
compras Crecen 11% en I semestre
ChileCompra administra el mayor mercado electrónico del país, en una plataforma a través de la cual 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y contrataciones y por la que las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios.
En el primer semestre, los montos totales del sistema llegaron a los US$ 4.496 millones, lo que implica un aumento de 11,2% respecto al mismo período del ejercicio previo.
De este total, un 46,4% correspondió a micro y pequeñas empresas,
seguida por la gran empresa con 39% y la mediana con 14,21%.
En cuanto a participación en regiones, la de Los Ríos, Araucanía, Atacama, Maule y Coquimbo superan el 60% de los montos de participación de la micro y pequeña empresa durante enero-junio 2015.
En 2014, se transaron unos US$ 10.200 millones, generando un ahorro en precio de
US$ 693 millones para el Estado.
Las operaciones realizadas en esta plataforma representan cerca del 3,5% del país.