En un nuevo capítulo de la trama que cumplirá 12 años, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) ordenó al Comité de Ministros revisar nuevamente el proyecto minero-portuario Dominga -esta vez la cuarta- en un plazo de 10 días.
Lo anterior, tras determinar que la decisión de los ministros subrogantes del pasado 8 de enero incumplió con la sentencia de diciembre del mismo tribunal, que determinó repetir la votación de la instancia bajo una serie de consideraciones y directrices, luego de calificar como “ilegal” la resolución de enero de 2023.
US$ 2.500 millones contempla el proyecto Dominga
Así, en un complejo fallo de 90 páginas, el 1TA analizó el cumplimiento de su sentencia anterior, a la luz de los argumentos que tanto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -en representación del Gobierno-, como la empresa titular del proyecto, Andes Iron, y terceros coadyuvantes han expuesto en la causa tras la última cita ministerial.
En esa línea, determinó que el Comité de Ministros cumplió parcialmente lo ordenado.
Por un lado, “cumplió cuando decidió rechazar las reclamaciones PAC (instancias de participación ciudadana) conforme con lo establecido en el fallo referido, así como respecto de agregar los dos compromisos ambientales voluntarios vinculados con las iniciativas del Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera y del Valor Compartido”, expone el documento.
Sin embargo, agrega, el Comité de Ministros incumplió la sentencia dictada en la parte que acogió las reclamaciones de Oceana y otras agrupaciones detractoras de Dominga, relacionadas a dos nuevas materias que no habían sido consideradas en la votación de 2023 y la insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias para derrames de hidrocarburos.
Es decir, en aquellas materias que el Comité basó su nuevo rechazo, el Tribunal determinó anular y dejar sin efecto su votación, dado que incumplen con lo que había indicado en su sentencia previa.
Con ello, se suspende la resolución que había dejado sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga hasta que no se dicte un nuevo acto. En otras palabras, en estos momentos la iniciativa de US$ 2.500 millones sigue con su RCA vigente.
Así, el 1TA ordenó a la Dirección Ejecutiva del SEA, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, la dictación de un acto complementario que se pronuncie ajustándose a lo establecido en la nueva resolución, dentro del plazo de 10 días desde que se encuentre firme y ejecutoriada.
Para que lo anterior suceda, primero, las partes tienen un plazo de 10 días para apelar al nuevo fallo del Tribunal.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente declararon que “se está analizando el fallo y evaluando los pasos a seguir”.
La decisión del Tribunal Ambiental se adoptó con los votos a favor de los ministros Alamiro Alfaro y Cristián López, y el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez, quien estuvo por el “incumplimiento total” de la sentencia del 9 de diciembre.
Materias cuestionadas
En su votación del 8 de enero, el Comité de Ministros rechazó por tercera vez y de forma unánime el proyecto emplazado en la comuna de La Higuera.
Entre sus argumentos, tal como expuso el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado tras la cita, consideró que en el proceso de evaluación de la iniciativa “se excluyeron indebidamente las observaciones de Conaf, que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas como la Krameria cistoidea (pacul) y la Balsamocarpon brevifolium (algarrobilla, en peligro de extinción), ambas presentes en el área mina del proyecto y que es una fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, especie en peligro de extinción”. Por otro lado, el Comité constató que el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias del proyecto no era suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos.
Ambas materias no habían sido abordadas en la votación de 2023, la misma que el 1TA ordenó repetir.
Así, en el fallo de este lunes, el tribunal explica en su “considerando 69” que “las dos nuevas cuestiones que abordó el Comité de Ministros el 8 de enero excedieron lo dispuesto por el Tribunal”. Agrega que se trata de una “circunstancia que constituye un incumplimiento a la sentencia dictada en esta causa, en tanto se refiere a materias que no fueron objeto de control”.
“La dictación de dicho acto no constituía una nueva instancia de revisión en que el Comité de Ministros pudiera ejercer todas sus potestades, cuyo ejercicio ya había sido controlado judicialmente, sino que se trataba del cumplimiento de una sentencia definitiva”, sostiene el dictamen. Respecto a la exclusión del pronunciamiento de la Conaf, considera que “la autoridad incumple la sentencia (...) en infracción de lo establecido en la instancia de control judicial y del principio de congruencia, afectando la tutela judicial efectiva”.
El proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la familia Délano, ha generado polémica no sólo por su extensa tramitación legal, sino que también por su lugar de emplazamiento, en plena Reserva del Archipiélago de Humbolt, ecosistema único en el mundo.