Los detalles de la readjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo al consorcio Asdit
El Consejo de Corfo, tras fallo de la Corte Suprema, adjudicó el ITL al consorcio liderado por la Corporación Alta Ley y universidades chilenas, que había obtenido el segundo lugar en la licitación original. Los aportes públicos se ajustarán de US$ 193 millones a US$ 125 millones en 10 años, lo que afectaría “marginalmente” el plan inicial del consorcio.
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El 4 de julio de 2022, la Corte Suprema dejó sin efecto la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo al consorcio Associated Universities Inc (AUI) que integran nueve universidades extranjeras y privadas chilenas, publicada en acta en enero de 2021, fallando a favor del recurso de protección interpuesto por rectores de universidades nacionales, el que acusó irregularidades en el proceso.
Nueve meses después, el Consejo Directivo de Corfo resolvió adjudicar el ITL a la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), que lidera la Corporación Alta Ley y que integran 11 universidades chilenas, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), además de institutos tecnológicos y empresas nacionales y extranjeras, consorcio que quedó en segundo lugar en la licitación de 2021.
El ITL se construirá en la región de Antofagasta y contempla una inversión de US$ 193 millones en 10 años, que provienen del acuerdo entre Corfo y la minera no metálica SQM y otros recursos para impulsar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzados de litio y otros minerales, y el hidrógeno verde.
Trastienda
La decisión se tomó en la última sesión del Consejo de Corfo, realizada el 14 de abril pasado, la que estuvo presidida por la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, y en la que participaron el Ministro de Hacienda, Mario Marcel; la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete; y la vicepresidenta Ejecutiva (s) de Corfo, Marcela Guerra.
Dos grandes ausentes tuvo esta sesión: el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Se consultó a Corfo por los ministros que se inhabilitaron, pero desde la entidad señalaron que la información estará disponible en el acta de la reunión esta semana.
Diversos actores, como la senadora, Yasna Provoste, y el diputado, Jaime Araya, han criticado la lentitud en resolver la instrucción de la Suprema. Una fuente ligada al proceso, atribuye la demora a la inhabilidad de los ministros y a las diferencias internas del Consejo. Comentó que Corfo estaba a favor de llamar a una nueva licitación, en tanto, algunos ministros estaban por readjudicarlo al segundo lugar.
El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, si bien valora la resolución, afirmó que se perdió mucho tiempo “con un tema relevante por una serie de disputas pequeñas e intereses mezquinos, que nos quita competitividad internacional, la posibilidad de generar inversiones y retrasarnos en la capacidad de investigación que requeríamos para tomar buenas decisiones”. Agrega que en el caso del litio, otros países han avanzado “con más fuerza, mientras Chile se quedó solo en lo extractivo sin adentrarnos, por ejemplo, a atraer inversión para el armado de baterías”.
Próximos pasos
El director ejecutivo de Asdit, Víctor Pérez, señaló que ya recibieron la documentación formal y que tienen 30 días para responder a Corfo. El próximo 27 de abril se realizará un Consejo Resolutivo en Antofagasta, donde evaluarán los requerimientos de la adjudicación y diseñarán la hoja de ruta.
Respecto de la propuesta original, señaló que si bien es “asertiva en las temáticas”, como hidrógeno verde y electrificación de procesos basados en energías limpias, “sin duda, tendremos ajustes ya que, hay desarrollos en estas materias implementados en nuestro país, y han aparecido nuevas oportunidades que no visualizábamos años atrás”.
Dijo que en paralelo, están actualizando la cartera de proyectos que presentarán a la gobernanza del ITL -una vez que entre en funcionamiento- y están coordinando reuniones con las principales empresas mineras y energéticas que participaron en la propuesta, además de sumar nuevos actores.
Consultado sobre la rebaja del aporte público del monto original de US$ 193 millones, confirmó que ahora serán US$ 125 millones, lo que afectará “marginalmente” los planes originales del consorcio.
Respecto de una posible nueva judicialización del proceso, Pérez dijo que “no podemos perder más tiempo”, e indicó que ven grandes oportunidades para “valorizar las capacidades detrás de la AUI y Fundación Chile integrándolos al ITL. Es hora de sumar y potenciar el trabajo colaborativo”.
En relación a este tema, Corfo respondió a DF que existen herramientas legales para volver a impugnar la adjudicación. “AUI puede recurrir o realizar las acciones que establecen las leyes”.
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