Estudio del Centro de Innovación UC devela diferencias en regulación de IA en temas de riesgos y ética

El vertiginoso avance de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) a nivel global tiene a varios países pensando en cómo establecer marcos que garanticen un uso responsable de esta tecnología, pero sin frenar su desarrollo. En este contexto, el Centro de Innovación de la Universidad Católica (UC) Anacleto Angelini, realizó un estudio con el fin de aportar a la discusión pública y legislativa local.

El documento “Regulación de IA en Chile: Desafíos y oportunidades en un escenario dinámico”, se basa en las conclusiones de cuatro mesas en las que participaron 20 representantes de la academia, de ministerios, y del sector privado, como aerolíneas, mineras, tecnológicas y consultoras, el que además de nutrió de entrevistas y consideró la revisión de referentes como la Unión Europea, Estados Unidos y China.

Entre los principales hallazgos, la coautora del estudio y subdirectora de data y estudios del Centro de Innovación UC, Trinidad Álvarez, destacó que existe una posición “bastante positiva” respecto de la IA como herramienta que entregará “muchos beneficios” y que no es vista como una amenaza, pero también develó preocupación respecto de las definiciones de riesgo y marco ético de cara a una futura regulación.

“La IA avanza de manera muy acelerada. Veíamos las estadísticas y la IA generativa se duplica en uso en menos de un año. Esto ya es una realidad”.

Trinidad Álvarez, subdirectora de Data y Estudios Centro de Innovación UC.

“La IA avanza de manera muy acelerada. Veíamos las estadísticas y la IA generativa se duplica en uso en menos de un año. Esto ya es una realidad”, dijo Álvarez.

Pese a que en mayo el Gobierno ingresó un proyecto de ley para regular los sistemas de IA, Álvarez dijo que el estudio y el mensaje fueron “coincidencia”, pero que buscan que se traduzca en un insumo más en la discusión y quieren mostrar los resultados a la ministra de Ciencias, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry, así como al Congreso.

Preocupación por PYME

Álvarez señaló que el trabajo también reflejó una preocupación por las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), ya que las eventuales definiciones en una regulación podrían acrecentar las brechas de adopción tecnológica, en comparación con las grandes empresas que cuentan con mayores recursos y capital.

Según Álvarez, en el proyecto de ley del Ejecutivo, no está “resuelto” cómo se impulsará a las PYME, razón por la considera necesario incorporar incentivos para este segmento.

También indicó que se requiere capacitar tanto a la fuerza laboral y a los ciudadanos, así como incentivar la creación de startups o empresas de base científico tecnológicas que desarrollen productos o servicios usando IA.

Respecto de posibles incentivos, planteó, como ejemplo, contar con “franquicias tributarias o fast track de ciertas cosas. Habría que analizarlo en detalle”, dijo.

Marco ético

Si bien Álvarez reconoció que durante la elaboración del estudio y el debate entre los participantes hubo mayoritariamente consensos, también existieron materias donde hubo distintas visiones.

La principal fue respecto del marco ético en torno a la regulación de la IA. Durante el levantamiento del contenido, se identificó como una posible alternativa para encausar la evolución de esta tecnología la formulación de un marco de principios éticos propios, resguardados mediante una ley.

En favor de esta vía, se argumentó que fijar una bajada de principios a nivel nacional permitiría una mayor flexibilidad y adaptabilidad frente al dinamismo de la IA, pero resguardando preocupaciones básicas como la reducción de sesgos o el resguardo de las libertades individuales.

Por ello, se vio como una oportunidad usar la recomendación ética de la Unesco y los principios de la OCDE como marcos básicos en esa materia. Sin embargo, se evidenciaron múltiples detractores de esta idea entre los participantes.

“A pesar de los beneficios atribuidos a su flexibilidad, hay quienes acusaron que estos principios son solo aspiraciones y no se traducen en prácticas reales”, consignó el estudio debido a lo abstracto de su contenido y el estar sujeto a interpretación, lo que no se podría materializas en medidas legales aplicables.

Puntos por aclarar

Cuando contrastaron los hallazgos y conclusiones con el proyecto de ley que se debate en el Congreso, Álvarez y su equipo detectaron que se acogieron varios puntos que surgieron en la discusión de las mesas.

Sin embargo, señaló que hay otros temas por aclarar. Si bien valoró la incorporación de la metodología experimental sandbox -espacios de prueba protegidos para desarrollos de startups- dijo que queda claro si esto realmente va frenar o no la innovación, la I+D, y hacer fuga de talento e inversiones.

“¿Cuánto de este proyecto está realmente impulsando la innovación? Es una pregunta que no queda clara y echo de menos un complemento o artículo que hablara de manera más directa y aterrizada con respecto a ciertos incentivos”, sostuvo Álvarez.