Este lunes, el Ejecutivo ingresará al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos para 2025. Se trata del último que ejecutará el Gobierno del Presidente Boric, con un gasto público que crecerá entre 3% y 4%, de acuerdo con el consenso de los analistas, pese a la alta dispersión en las opiniones. Para algunos, se trataría de un erario holgado en un contexto de estrechez de las finanzas públicas, pero dentro de los límites que permite la regla fiscal.
Se espera que el Presidente presente al país los lineamientos generales del proyecto mañana domingo a través de una Cadena Nacional y el martes comienza la tramitación oficial en el Congreso. En la mañana, el ministro de Hacienda Mario Marcel expondrá ante la Comisión Mixta de Presupuestos el Estado de la Hacienda Pública y, en la tarde, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, hará lo propio con el Informe de Finanzas Públicas (IFP).
La tramitación del proyecto ocupará parte importante de la agenda del Congreso hasta fines de noviembre, cuando debe despacharse, y ya se anticipan varios temas que serán más complejos en el debate.
1 Cumplir la meta fiscal y contener el gasto
Para este año, en los últimos dos Informes de Finanzas Públicas, Hacienda ha estado proyectando un déficit fiscal estructural de -2,2% del PIB, superior a la meta de -1,9% del PIB que el mismo Gobierno se fijó. En ese contexto, analistas y parlamentarios esperan que el Gobierno primero cumpla su compromiso para 2024 y, luego, para 2025, también corrobore el objetivo de -1,1% del PIB que había propuesto y continúe con la reducción del déficit. “La meta para 2025 de un déficit de -1,1% es apropiada y debería mantenerse para asegurar una trayectoria fiscal sostenible a largo plazo”, dice el decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena.
Pero algunos analistas sostienen que, aun cumpliendo ese objetivo, el gasto público podría expandirse más de 5% el próximo año, pese a que ello sería riesgoso y pondría en peligro el control de la deuda para que esta se mantenga por debajo del límite de 45% del PIB considerado prudente. Sin embargo, para llegar a un crecimiento del gasto de ese nivel se deberían cumplir también las proyecciones de ingresos fiscales efectivos de Hacienda, lo que, al menos este año, no ha ocurrido.
2 Acelerar compromisos y oposición mira holguras
Como este será el último presupuesto que ejecutará el Gobierno, se espera que también se observen más compromisos programáticos, lo que haría más difícil apretar el gasto.
“En el último año de Gobierno, con elecciones, con una economía que probablemente no va a crecer mucho y una tasa de desempleo que seguirá alta, la presión que tendrá Hacienda en sus propias filas para que la política fiscal sea más holgada será bastante alta. Por tanto, es probable que llegue con el tejo un poco pasado, quizá algo sobre 3%”, dice el economista y socio de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. No obstante, en su opinión este no debería crecer mucho más de 2%.
A su vez, en la oposición estarán atentos a las holguras fiscales que deje el Gobierno desde 2026 en adelante, las que ya se anticipa muy estrechas. “Holguras no hay. El mismo Consejo Fiscal Autónomo ya dijo que para cumplir la regla fiscal el gasto tiene que crecer 1,6% en promedio entre 2025 y 2028”, destaca el senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke. “Eso significa que el Gobierno tendrá que ser muy prudente en el gasto desde el próximo año”, agrega.
Este es un tema que también preocupa a la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business de la U. de Los Andes, Cecilia Cifuentes.
La economista destaca que, en los últimos 10 años, el crecimiento del gasto público ha sido de 5% en promedio, mientras que la economía ha crecido menos de 2%. “Eso es algo que no puede continuar. Para 2025 no debiera haber problemas, pero el riesgo está en el mediano plazo”, dice.
La senadora DC Yasna Provoste también advierte que las elecciones de octubre de este año y las presidenciales y parlamentarias de 2025 serán un foco de presión adicional.
3 Endeudamiento
“Será crucial controlar el endeudamiento público, para no comprometer futuros presupuestos en el pago de intereses”, dice Villena.
El año pasado, en el proyecto de Presupuesto 2024, el Ejecutivo solicitó autorización de endeudamiento por hasta US$ 21.000 millones. Sin embargo, el Congreso lo rechazó, por lo que en la tramitación Hacienda rebajó su objetivo a US$ 18.000 millones. Con una deuda total que a marzo llegaba a US$ 121.656 millones, 41,6% del PIB, los analistas están atentos al requerimiento de endeudamiento de este año, que deberá ser acotado para evitar un revés como el del año pasado.
En junio, la clasificadora de riesgo Moody’s ratificó la calificación en moneda extranjera de largo plazo para Chile en “A2”, y dejó la perspectiva (outlook) “estable”. Sin embargo, en octubre del año pasado, S&P mantuvo su clasificación en “A”, pero cambió la perspectiva de “estable” a “negativa”, por lo que mantiene abierta la puerta para una rebaja en la nota de riesgo.
4 Seguridad y aumento de la PGU
El jueves, tras la aprobación y despacho a ley del proyecto de cumplimiento tributario en el Congreso, el ministro Marcel señaló que estos recursos se incorporarán al Presupuesto 2025 y se destinarían principalmente a tres fines. Un tercio a seguridad ciudadana, otro tercio a mejoras en pensiones, lo que incluye el inicio del incremento de la PGU a $250 mil. El otro tercio se destinará a Salud, para la reducción de listas de espera en hospitales y a la implementación de un sistema de cuidados.
Cecilia Cifuentes estima que llevar la PGU a $250 mil para todos los actuales jubilados cuesta cerca de US$ 1.000 millones, pero la reforma previsional propone un alza gradual de tres años en que el monto subirá primero para los grupos más vulnerables. “El primer año no debería haber problemas para financiar, siempre y cuando se recaude lo esperado, y tengo algunas dudas sobre eso. El problema es que el número de jubilados aumenta a un ritmo elevado en los próximos años, por lo que la sostenibilidad de la PGU está en riesgo si el país no vuelve a crecer a un ritmo al menos cercano a 3%”, afirma.
Seguridad, en tanto, será un tema prioritario en la discusión para parlamentarios de todos los sectores.
5 Más recursos para MOP y Vivienda
Para la senadora Provoste, se requiere reforzar los recursos en inversión pública. “En 2025 no puede haber retroceso en la inversión, porque esto significa mejorar la capacidad de crear empleos y mayor desarrollo para el país”. En esa línea, espera que haya prioridad en la implementación del nuevo Fondo de Modernización del Transporte Público en regiones; que se cree un Fondo para mejorar la infraestructura escolar que sea administrado entre el MOP y el Mineduc, partiendo por resolver las crisis de Atacama y Valparaíso, y que se acelere la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional.
En el Ministerio de Vivienda uno de los focos será, continuar con el Plan de Habitacional, con el que el Gobierno espera construir 260 mil viviendas durante esta administración. Según los datos de la cartea, a agosto de este año, llevaban un avance de 142.669 viviendas, es decir, un 55% del objetivo.
El diputado PS Jaime Naranjo dice que, tanto el MOP, como el Minvu, tendrían un incremento relevante en sus presupuestos. “Las líneas generales del presupuesto debieran estar en aquellos ministerios que tienen un efecto multiplicador en crecimiento, inversión y empleo. Pero eso no significa que no se aborden otros temas importantes como la seguridad pública y el pago de la deuda social”, sostiene.
6 CAE podría complicar la discusión
En Educación, el presupuesto considera recursos para continuar con el traspaso de colegios desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la implementación de otros de estos servicios. Asimismo, el ministerio tendrá recursos para continuar con su política de infraestructura. No obstante, uno de los temas que más preocupa es el proyecto con el que el Gobierno propondrá el fin del CAE, que no estará en el presupuesto, pero ingresaría al Congreso en octubre, justo en medio de la discusión del erario.
Aunque en el Gobierno señalan que es un proyecto “autocontenido”, en la oposición ven con reparos la iniciativa, que piensan no es prioritaria. “Me parece fundamental que el presupuesto tenga los ejes bien puestos. El tema de seguridad es por lejos el más relevante de todos, como hacerse cargo de otros temas que han ido surgiendo, como el traumático déficit hospitalario y listas de espera. Instalar el tema del CAE ha sido de una persistencia errada y me parece que el Gobierno va a tropezar otra vez con la misma piedra”, dice el senador UDI, Juan Antonio Coloma. “Depende de cómo se formule, eso podría complicar la discusión del Presupuesto en general, no solo de la partida de Educación”, advierte.
Otro proyecto que ingresará al Congreso en octubre o noviembre es la reforma tributaria que modifica el impuesto a la renta. Coloma señala que el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y parlamentarios indica que ese proyecto debe ser neutro en términos recaudatorios, y espera que se mantenga en esos términos para no enturbiar el trámite del Presupuesto.
El senador Cruz-Coke adelanta que otro tema que sí generaría mayor debate, es el financiamiento de los sitios de memoria.
7 Salud: listas de espera y pago de deuda con privados
“Con la crisis de las listas de espera, el presupuesto de Salud también dará que hablar”, adelanta Cruz-Coke.
Este será uno de los ejes del Presupuesto 2025, con que el Gobierno busca el fortalecimiento de la salud pública. “Me alegro de que el Gobierno priorice salud en 2025. Esta constituye una deuda pendiente para desigualdad en nuestro país”, comenta el senador PS Juan Luis Castro, quien espera más recursos para la reducción de las listas de espera no GES de casi 3 millones de pacientes, para enfrentar los retrasos en las patologías GES, la compra de medicamentos de alto costo, y para financiamiento del proyecto de salud mental que se encuentra en el Congreso.
Coincide la diputada PPD Helia Molina quien plantea que, junto con la reducción de las listas de espera, también será relevante el aumento del per cápita de salud basal, que para este año se fijó en $11.205. “Es tremendamente bajo y tiene que subir hasta que, ojalá la atención primaria tenga el 30% del presupuesto de salud”, sugiere Molina.
Además, el Gobierno deberá destinar recursos relevantes al pago de la deuda del Estado -Fonasa y Servicios de Salud- con prestadores privados. El año pasado el Ejecutivo se comprometió al pago del 40% de la deuda histórica este año y el 60% restante a inicios de 2025. Tras el pago de principios de 2024, a mayo, la deuda histórica bajó a casi llegaba a $80 mil millones. A ello se suma la deuda corriente, propia del flujo, que ascendía a $207 mil millones a mayo.
“El cierre de la deuda con prestadores privados tiene que terminar el próximo año. Si vamos a empezar con un nuevo sistema de derivación, equiparando lo público y lo privado, pagar la deuda es lo primero. Ese es un compromiso que se adquirió y debe concretarse”, dice Castro.
Además, tras la aprobación de la denominada Ley Corta de Salud, el próximo año el Gobierno destinará financiamiento para la implementación de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa. Se trata de una alternativa para que las personas, a través de la adhesión voluntaria de un seguro complementario licitado por Fonasa, puedan aumentar su protección financiera en salud, lo que permitirá un mayor uso de prestadores privados en la Modalidad de Libre Elección.
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