Este viernes se celebró una nueva junta de accionistas de Clínica Las Condes (CLC), donde toda la expectación estaba en torno a si su actual presidente, Alejandro Gil, daría un paso al costado y cedería la testera del directorio.

Sin embargo, Gil está decidido a seguir al frente de CLC. Al cierre de esta edición, el representante de la familia Karlezi logró mantener el control del directorio del recinto capitalino. Además de haber sido reelegidos los directores representantes del grupo controlador, Emilio de Ioanes, Paola Bruzzone y el mismo Gil, se sumaron a la mesa tres independientes también propuestos por la pareja de Cecilia Karlezi. Se trata de Marco Arancibia, Juan Gamper y Alexander Tavra.

Lo curioso es que los tres acarrean experiencia del mundo naval, al igual que Gil. La mesa se completó con los directores independientes, Macarena Santibáñez y Sergio Yávar, ambos abogados.

Los difíciles días de CLC

Es difícil que oficialmente alguien quiera referirse a lo que ha sucedido los últimos años con la Clínica Las Condes (CLC). El centro de salud -inaugurado en 1982- ha hecho públicos una serie de conflictos internos y externos que se han traducido en una merma de su actividad.

La salida masiva de más de 200 médicos del recinto, el quiebre de relaciones con varias isapres del sistema e incluso una demanda contra el Gobierno por las atenciones por Covid 19, son parte de una saga que no termina.

Entre pasillos todos apuntan que la crisis de CLC se inició cuando Alejandro Gil, representante del grupo controlador de la clínica y esposo de la heredera de Falabella, María Cecilia Karlezi, tomó las riendas del negocio en diciembre de 2019.

Previo al aterrizaje del representante de los intereses de la familia Karlezi en el directorio, CLC tenía un ambicioso plan de crecimiento: alcanzar las 500 camas y consolidarse como un recinto de referencia en la región, pero su prestigio y sus arcas se han visto afectadas por los conflictos.

Tras la llegada de Gil a CLC las relaciones se tensaron de inmediato cuando renegoció los contratos con el staff médico. Fue la primera piedra de un conflicto que no paró. Hoy en día, más de 200 médicos han dejado el recinto y áreas completas de prestigio, como las de reproducción asistida y la de cirugía cardiovascular, se quedaron sin médicos de renombre. Además, más de 140 trabajadores han iniciado causas en tribunales por las desvinculaciones.

Lo concreto es que CLC ha experimentado una merma en su negocio que evidencia los problemas y que también ha afectado su valorización de mercado. Si en julio de 2019, cuando tocó su peak, la acción de la compañía valía $ 34.602, al cierre de esta edición el papel había ajustado su valor hasta cerca de los $ 17.500.

Cercanos al recinto explican que la acción perdió su valor porque la clínica se quedó sin su principal activo: los médicos, que asociados a una gran infraestructura le permitían cobrar un valor más alto que el resto del sistema, pero ciertamente justificado. Y eso -añaden- repercutió en clientes.

Ley Corta de Isapres contra el tiempo

El estilo de Gil

Gil es un hombre de armas tomar contra quienes han querido contrariarlo. No solo ha tenido seis gerentes en poco menos de cinco años al mando de la clínica, sino que ha tomado un sinfín de acciones legales para defender sus decisiones.

Despidió al ex gerente Fredy Jacial, a quien acusó de recibir en “exceso” a pacientes de Fonasa en medio de la crisis del Covid 19, lo que de paso, implicó enfrascarse en una disputa legal con el Estado; fue el primer chileno vacunado oficialmente con la tercera dosis de Covid 19 y se enfrentó con la enfermera que le suministró la dosis; fue demandando por su ex hombre de confianza, el exdirector médico del recinto, Rodrigo Mardones; se querelló contra el médico Carlos Schnapp, histórico ginecólogo de CLC y parte del grupo fundador de la compañía; también acusó injurias en sede judicial, de un grupo de médicos -entre ellos la subdirectora de la clínica May Chomalí- que en 2023 enviaron una carta a la superintendencia de Salud acusando deficiencias en el recinto luego que la clínica perdiera la acreditación de la Joint Commission, entre otros.

En medio de las controversias, el público ha castigado a CLC. En 2023 el recinto de la zona oriente registró 11.791 hospitalizaciones, una baja de 44% en las atenciones de este tipo versus 2022; una caída de 30% en las cirugías versus el año pasado, mientras que las consultas presenciales cayeron de 651.723 a 421.924 y las de urgencias disminuyeron en más de 20 mil atenciones, hasta las 41.733 visitas. Los exámenes de laboratorio mostraron una disminución de 37,4% y la realización de imagenología retrocedió 29,4%.

CLC, está, además, impedida de participar en cualquier licitación del Estado por los próximos dos años. Esto debido a sentencias judiciales en tutela laboral que lo impiden. Con todo, los ingresos de la clínica cayeron 32,5% en 2023 y la compañía informó pérdidas por $ 3.401 millones en un contexto nacional donde la industria de las clínicas en la Región Metropolitana creció un promedio de 1,2%.

El problema, comentan conocedores, es que los balances de la clínica podrían profundizar las pérdidas considerando el más reciente conflicto de Alejandro Gil: su enfrentamiento con las Isapres, que se inició por terminar el convenio con Vida Tres y Banmédica y ello golpearía nuevamente sus ingresos.

Pero Gil está decidido a seguir al frente de CLC, a mantener firme el timón, contra viento y marea.